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Hay que “borrar” el auto reaccionario del TC

Si no se suprime de la colección legislativa, cualquier grupo representado en algunas de las dos cámaras, Congreso o Senado, podría presentar un recurso de amparo solicitando medidas cautelarisimas para paralizar la tramitación de una norma legislativa, y al Tribunal Constitucional no le quedaría más remedio que hacerlo porque ya existe un precedente que, si no se neutraliza, generará jurisprudencia

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análisis

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Hasta el fiscal del Tribunal Constitucional lo pide. Hay que suprimir de la colección de jurisprudencia del Tribunal Constitucional el vergonzoso auto en el cual se ordenó intervenir el Senado para que no votase la reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial y el T.C. Si no se hace, si se mantiene, las consecuencias pueden ser irreparables.

El fiscal del Constitucional, Pedro Crespo, ha pedido que se revoque el fallo que paralizó la tramitación parlamentaria del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal para evitar “perturbadoras” consecuencias futuras. El fiscal considera que ésta es la única forma de prevenir que la institución de garantías “se convierta en un órgano de fiscalización ‘a priori’ del objeto de las iniciativas legislativas en el umbral de su tramitación, como mínimo en cuanto concierne a sus aspectos formales, y sin excluir siquiera algún grado de control sobre su contenido material».  

Crespo considera que el auto supuso una decisión histórica en la que se reconoce al TC capacidad de entrometerse en una iniciativa legislativa a través de un recurso de amparo, que “puede alterar, condicionar o cercenar su contenido”. Y eso se puede considerar contrario al principio de separación de poderes. “El cambio radical de paradigma que esa intervención cautelar del Constitucional puede suponer en la mecánica habitual de funcionamiento del Congreso y el Senado y, por tanto, la necesidad de concretar, en aras cuando menos de la seguridad jurídica, los presupuestos de una decisión de esa naturaleza habrían requerido una detallada y cuidadosa explicación de la que el auto carece absolutamente», agrega.

La Fiscalía se hace eco de la preocupación que en los ámbitos jurídicos ha generado este fallo, considerado como “una aberración, una intromisión intolerable en la actividad del órgano legislativo que es, para todos, el único representante de la soberanía popular”, por mucho que el expresidente y principal instigador de este auto, Pedro González-Trevijano, se empeñe en argumentar lo contrario.

Si no se suprime de la colección legislativa, cualquier grupo representado en algunas de las dos cámaras, Congreso o Senado, podría presentar un recurso de amparo solicitando medidas cautelarisimas para paralizar la tramitación de una norma legislativa, y al Tribunal Constitucional no le quedaría más remedio que hacerlo porque ya existe un precedente que, si no se neutraliza, generará jurisprudencia.

Además, los juristas consideran que el auto en donde se justifica la medida contiene escasas y poco detalladas explicaciones sobre la medida adoptada, lo que la invalida jurídicamente.

La decisión del anterior Tribunal Constitucional, además, ha generado una nueva polémica sobre si hay que limitar más el uso de las medidas cautelares. En 1985, el PP llegó a utilizar de forma abusiva la iniciativa de presentar recurso de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas por el Parlamento solicitando, además, su suspensión cautelar.

Dicho abuso obligó al gobierno de entonces a tener que reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional limitando las suspensiones cautelares a “supuestos muy graves y evidentes de que la norma es contraria a los principios y el espíritu de la Constitución”.

De esa manera, el recurso admitido a trámite con medidas cautelares quedó sólo para casos extremos, tal y como sucedió con las iniciativas aprobadas por el Parlament de Catalunya durante el proceso unilateral de independencia. Aparte de esto, nunca más fue utilizado hasta ahora.

Se pide que, si se lleva a cabo la reforma de la ley que regula el Tribunal Constitucional, algo a lo que el Gobierno se comprometió tras lo ocurrido, se tomen las medidas legislativas necesarias para que este tipo de actuaciones no vuelvan a repetirse. Pero, para ello, lo primero es anular el auto. Para evitar que pueda ser utilizado en un nuevo recurso, contra la modificación en la que se debe acotar claramente cuales son las funciones el órgano de garantías para no permitir que vuelva a ser utilizado políticamente.

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