Javier Solana es denunciado por delito de odio por responsabilizar a los no vacunados de la nueva ola de COVID-19

Durante estos días estamos viendo cómo desde distintos canales informativos, y desde distintas tribunas se señala, sin pruebas, a las personas que han elegido libre y conscientemente no someterse al tratamiento contra la COVID-19 amparados por un derecho al que la Constitución española y las normas europeas e internacionales, como culpables de originar contagios por COVID-19, generar muertes y provocar la ola que está afectando a distintos países.

Desde la Asociación Liberum han emprendido acciones legales contra distintas personas públicas interponiendo denuncias ante lo que podrían ser delitos de odio y desinformación. El pasado jueves 18 fue contra el diario ABC interponiendo una denuncia por delito de discriminación.

Ayer, 19 de noviembre, la Asociación anunció la interposición de una denuncia contra el que fuera ministro socialista y Secretario General del Consejo de la Unión Europea, Javier Solana por la posible comisión de un delito de odio. Se refieren en su denuncia a los comentarios públicos realizados por solana a través de su cuenta en la red social Twitter donde afirmó «Los que no se vacunan son responsables de esta nueva ola«.

Delito de incitación al odio

Según detalla la Asociación Liberum en nota de prensa hecha pública en su página web, «ante la temeridad del provocador mensaje hecho público en la red social de Twitter el pasado 13 de noviembre por el político y ex-ministro socialista Javier Solana, desde la Asociación LIBERUM por los Derechos Humanos hemos presentado en los Juzgados de Madrid una denuncia por delito de incitación al odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal por considerarlo no solo ya una extralimitación en el derecho a la libertad de expresión, sino una infracción de los derechos a la integridad física y moral, una agresión a las normas básicas de convivencia basadas en el respeto y la tolerancia, constituyendo además una inequívoca culpabilización de un colectivo sobre unos hechos que no se han producido y para los que no se evidencia fundamentación alguna, pues, como es de público conocimiento, la denominada “vacuna” Covid no reporta a quienes se la administran la inmunización prometida, siendo igualmente susceptibles de contagiar y ser contagiados, como así ha sido reconocido por la misma OMS, contrastado en los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias, recogido en los propios estudios de las farmacéuticas fabricantes y, en definitiva, es de notorio conocimiento común y ampliamente verificado por todos en la práctica.»

Peligrosa deriva que podría comprometer los cimientos de la convivencia y la paz social

Señalan desde Liberum estar preocupados enormemente «por la peligrosa deriva a la que expresiones como las realizadas por el ex-político pueden arrastrar a la población y comprometer los cimientos de la convivencia y la paz social, al estar exponiendo continuadamente y de manera injustificada a un sector elevado de la misma que, de forma voluntaria y conscientemente, hace uso de los derechos humanos y fundamentales reconocidos por las legislaciones nacional, europea y los tratados internacionales.»

Consideran que «Las irresponsables palabras del otrora mandatario se circunscriben en esa preocupante dirección, siendo clara su carga incriminatoria, generando sentimientos lesivos a la dignidad humana del colectivo y de cada una de las personas a las que van dirigidas, produciendo inseguridad a la comunidad, alentando al repudio entre seres humanos y ocasionando unas infundadas sensaciones de amenaza en la sociedad.»

Las autoridades políticas siguen sin asumir responsabilidades ante el recorte de libertades y derechos de la ciudadanía

Subrayan desde Liberum que no dejan de asombrase ante «el empobrecimiento en el que ha caído la concepción de la dignidad, de los derechos humanos (individuales y colectivos, pues éticamente es imposible separarlos como se pretende hacer creer), la noción y prevalencia de los derechos fundamentales, el cumplimiento mismo del ordenamiento jurídico y, en resumidas cuentas, el sentido intrínseco del Estado de Derecho, pues ni tras las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, máximo garante de nuestros derechos y libertades, declarando inconstitucionales sendos estados de alarma, han servido para que las autoridades políticas asuman las responsabilidades que, en el ejercicio de sus cargos, se derivan por los graves y repetidos daños ocasionados a los derechos y libertades del conjunto de los españoles. Muy al contrario, amedrentadas y desoladas por sus gobiernos, las sociedades civiles española y europea asisten con preocupación a la devaluación y eliminación de sus derechos civiles, sociales y laborales, y al nocivo enrarecimiento de la confianza en las relaciones humanas.»