Tiene razón el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al decir que la justicia española es garantista y de ahí que los actos que está llevando a cabo el juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, puedan ser anulados o corregidos en instancias superiores.
Por lo tanto, hablar de prevaricación en el momento procesal actual es demasiado fuerte porque las instancias superiores todavía no se han pronunciado ni sobre los actos terroristas que, el juez dice, se produjeron en octubre de 2019, y de los que responsabiliza a Carles Puigdemont y Marta Rovira en calidad de presuntos dirigentes de Tsunami Democràtic. No son más que conjeturas que deberán ratificar sus superiores de la Audiencia Nacional. Mientras tanto, de lo único que se puede hablar es de una investigación prospectiva. Sin olvidar que este tipo de investigaciones son ilegales y están proscritas.
García Castellón tiene la costumbre de instruir de esa manera: “a ver lo que pesco”. Decir que una conversación intervenida entre el empresario Josep Campmajó, investigado en la causa, con un posible mosso no identificado, apodado Xuxu Rondinaire, en la que el juez se permite “inferir que Tsunami Democràtic podría tener en mente realizar alguna actuación en relación con la visita de S.M. el Rey a Barcelona”, encaja en el concepto de “investigación prospectiva” de su compañero en la Audiencia Nacional, el magistrado Alejandro Abascal. Porque son sólo suposiciones y las instrucciones judiciales se deben apoyar en indicios y pruebas. Las suposiciones, como éste es el caso, están fuera del contexto.
Pero es que toda esta serie de despropósitos tiene un motivo oculto. Manuel García Castellón logra su objetivo, con estos autos dados a conocer esta semana pasada, de que en los debates y tertulias se hable del delito de terrorismo. Incluso que en Europa se avise de que se examinará exhaustivamente la ley que amnistiará este tipo de delito. Eso sí, con la torpe complicidad de los grupos parlamentarios que decidieron incluir una enmienda para intentar blindar más a los líderes del procés logrando el efecto contrario: dando argumentos a los jueces para que rechacen la amnistía por posibles delitos de terrorismo. Y, tal y como dice la derecha judicial, “hay un solo terrorismo”. Y en eso hay que darles la razón. Terrorismo sólo hay uno. Lo que ocurre es que de lo que habla García Castellón no es terrorismo sino desordenes públicos, altercados, atentados contra la autoridad y estragos. Porque, desgraciadamente para nuestra memoria colectiva, en este país sí sabemos distinguir una cosa de la otra.
Pero eso lo deberán decidir las instancias superiores. El escalafón funciona de la siguiente manera. Contra los actos judiciales cabe recurso, primero ante el propio magistrado, después ante la sala de Lo penal de la Audiencia Nacional. Una vez agotadas estas vías, quedan los recursos de casación y revisión ante el Tribunal Supremo, y, por último, el amparo ante el Tribunal Constitucional y las cuestiones prejudiciales que se plantean en el Tribunal Europeo de Justicia, el TJUE. El trámite en todas esas instancias lleva su tiempo por lo que un acto del instructor judicial puede tardar años, muchos años, en adquirir firmeza
Y mientras eso ocurre, están los debates a la ligera que llevan a cabo todos: desde los políticos hasta los que se consideran juristas sin haber pasado por una facultad de derecho. Y en ese tiempo acaban por quemarse desde el instructor hasta los imputados, y las actuaciones jurídicas para protegerlos acaban por convertirse en anacronismos. A base de machacar a Carles Puigdemont y a Marta Rovira ya se les ha colocado el sambenito de “terroristas”. Y de tanto repetirse, al final se convierte en rechazo por parte de la ciudadanía. Ocurrió con la campaña de desprestigio que se llevó a cabo con los líderes independentistas y, principalmente con el expresident, al que se le calificó de prófugo cuando decidió establecer su residencia fuera del territorio español antes de que se dictase su orden de detención cometiendo el grave error de esconderse en el maletero de un coche alimentando, de esa manera, su mala leyenda.
Puede que el juez García Castellón no haya prevaricado. Pero una cosa sí es cierta. Con sus resoluciones judiciales ha generado un efecto en la opinión pública que era lo que buscaba la derecha judicial y, por supuesto, el Partido Popular y Vox. Que la constatación de que el procès que desembocó en el referéndum del 1-O, la DUI, y los acontecimientos posteriores que rodearon a las sentencias del Supremo, no fueron tan pacíficos como se creyó en un principio. Que están más cercanos a la teoría del golpe de estado que a la acción política de intentar reformar la legalidad desde dentro. Que no es cuestión de normalización social sino de un claro enfrentamiento entre una forma de entender el Estado español y otra radicalmente diferente.
En síntesis, todo lo que ha venido diciendo la derecha para justificar actuaciones bastante controvertidas como es la aplicación del artículo 155 de la Constitución suspendiendo la autonomía catalana y llevando a cabo una persecución política, policial y judicial con precedentes que habría que remontarse a la revolución de Asturias de octubre de 1934 para encontrar cierta similitud, es lo que ahora mismo se está argumentando para descalificar la ley de amnistía que significa acabar con el estado de cosas que generó toda esta actuación del gobierno de Mariano Rajoy que contó con la aprobación del PSOE de Pedro Sánchez y que, con el tiempo se ha comprobado, resultó inútil.
La represión de entonces no sirvió de nada y, por eso, se buscan alternativas. Esas que precisamente combate con sus acciones judiciales Manuel García Castellón, legítimas por ahora porque ningún superior le ha enmendado la plana, Aunque también habría que recordarle que, hace relativamente poco tiempo, la sala de Lo Penal le tumbó una instrucción contra Podemos que los superiores calificaron de “prospectiva”. Primer aviso, que se diría en argot taurino.
