Primero fue el Tribunal Constitucional de mayoría conservadora el que, saltándose el principio de que la soberanía popular reside en las Cortes Generales, ordenó al Senado la suspensión del debate y aprobación de la reforma de la Ley Orgánica que facilitaba su renovación. Ahora la cosa es mas grave. La sala segunda de Lo Penal del Tribunal Supremo, en el auto en el que revisan las sentencias del Procès, interfiere en la autonomía para legislar que la Constitución otorga al Congreso y al Senado al criticar la supresión del delito de sedición argumentando que deja indefenso al Estado ya que se posibilita que se puedan dejar impunes operaciones de naturaleza no violenta que quieren o pueden quebrar su integridad territorial.
El Supremo está en su derecho de expresar su inquietud. Incluso de enviar un escrito a las presidencias de las cámaras advirtiendo de la posibilidad que plantean en el auto. Pero nunca puede utilizar este tipo de argumentos en los fundamentos de una resolución judicial porque son argumentos políticos y los jueces carecen de legitimidad para hacer esto último. Destacados miembros del sector judicial han pedido la apertura de un expediente disciplinario a los jueces.
Según el catedrático de derecho constitucional, Javier Pérez Royo, “no se debería dejar sin respuesta una rebelión contra el órgano constitucional representativo del pueblo español, que es como define a las Cortes Generales la Constitución en el artículo 66.1. El ejercicio de la función jurisdiccional no es compatible con la crítica de naturaleza política porque choca frontalmente con la naturaleza exclusivamente jurídica del poder del que son portadores”.
Está claro. Y van dos en los últimos meses. Pero no van a ser las únicas “bofetadas judiciales” que recibe el Parlamento.
En el último pleno del Consejo General del Poder Judicial se discutieron varias propuestas para desbloquear la situación generada a raíz de la aprobación de la ley orgánica 4/2021 en la cual se les prohíbe la designación de jueces y magistrados de instancias superiores, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, mientras se encuentren en funciones.
Una de ellas, la de la comisión permanente del CGPJ, insta al Congreso y al Senado a proceder urgentemente a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Y en caso de no ser así, a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se les devuelva su atribución de poder hacer nombramientos. Justificaban tal decisión en el “grave perjuicio” a la tutela judicial de los ciudadanos. Además, el núcleo duro del CGPJ iba más allá y decía que no resultaba “coherente” que se hubiera cambiado la ley para renovar el Constitucional y que no se hiciera lo propio con los “restantes nombramientos”.
Al final, estos párrafos se suprimieron del texto aprobado para su remisión a las Cortes. Un grupo de vocales, no sólo los progresistas sino también algunos conservadores advirtieron que introducir esos argumentos supone “una grave injerencia” parlamentaria. Un vocal, en declaraciones a elDiario.es, llega a decir que “es una barbaridad que el Consejo se dirija al Parlamento para decirle lo que tiene que hacer. Es un exceso”.
Una cosa está clara. Si el pleno del CGPJ hubiese aprobado el texto inicial se habría creado una nueva confrontación con el Parlamento cuando todavía están abiertas las heridas producidas por la “otra barbaridad” que supuso la suspensión cautelar de la aprobación de la reforma de la ley que regula el Tribunal Constitucional.
Se ha pedido que se borre de la colección legislativa del órgano de garantías el auto donde se dicta esta resolución por considerarla contraria al principio de separación de poderes y una clara injerencia en la actividad legislativa del Congreso y el Senado, las instituciones donde está depositada la soberanía popular y que están por encima del resto de poderes del Estado.
La cosa empieza a ser grave y ya se habla abiertamente de “rebelión” de los jueces en este país. El conflicto institucional es evidente y tiene muy difícil solución. Una solución, que ya están reclamando algunos juristas, pasaría por la apertura de expedientes a los autores de estos actos para que asuman las correspondientes responsabilidades, administrativas o, incluso si hace falta, disciplinarias. Porque está claro que cuando los jueces traspasan la línea roja de lo jurídico para entrar en el terreno político pueden estar cometiendo no sólo un exceso en las atribuciones que les confiere la ley. Si no, también algún delito. Prevaricación o desobediencia, entre otros.