Tres Comunidades Autónomas, Cataluña, La Rioja y Canarias impiden al ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, cumplir el objetivo del plan de choque del Ministerio de Derechos Sociales, de reducir la lista de espera del plan de choque de la dependencia. Solo 38.807 personas han salido de la lista de espera frente a las 60.000 que se planteaban como objetivo pactado con las autonomías, según el análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Plan de Choque para la Dependencia
El Gobierno pretendía, a través del Plan de Choque para la Dependencia, agilizar los trámites y reducir el número de personas en lista de espera. Para ello, destinó una partida de 600 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que han ido a parar a las distintas autonomías para que las destinarán en medidas que simplifican los procedimientos de valoración del grado y reconocimiento de prestaciones y servicios.
Se pretende integrar los procesos de valoración en el Programa Individual de Atención (PIA), reforzando los recursos humanos en procesos de gestión y de valoración. Incrementando la inversión en recursos técnicos y materiales, con medidas dirigidas a ampliar la disponibilidad de plazas en servicios deficitarios y las intensidades, entre otras medidas.
Aumento de los afectados
El análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales constata un aumento de los beneficiarios en 97.912 (+8,71%). “A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención”, señalan desde la organización. Además,cifran en 46.671 las personas fallecidas el año pasado en las listas de espera de la dependencia.
Denuncian que se está abandonando sin atenciones a las 392.690 personas que están a la espera de un procedimiento.
El tiempo de espera de 421 días
El tiempo de espera medio es de 421 días, mientras eso sucede, 128 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley (una cada 11 minutos).
Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, en lo que va de año, 46.671 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia (28.192 dependientes con derecho pendientes de prestación y 18.479 pendientes de resolución de grado).
En el limbo de la dependencia
Las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (32%), La Rioja (31,53%) y Canarias (27,08%); y las que menos Castilla y León (0,17%), Castilla La Mancha (4,51%) y Galicia (5,82%). Madrid (-62,9%), Aragón (-42,2%), Castilla La Mancha (-38,8%), Asturias (-32,2%) y Andalucía (-32,2%) han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque.
En Madrid el mérito no ha sido de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Sino de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad, que dirigía Alberto Reyero, de Ciudadanos y de su predecesor en el puesto, Javier Luengo, antes de su destitución para convocar elecciones el 4 de Mayo. Veremos cómo se comportan los datos durante el mandato del PP este año.
Estas tres comunidades son las que están en un mayor limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario este año: Canarias (+23,1%), La Rioja (16,4%) y Cataluña (+7%).
La burocracia en los procedimientos y estas Comunidades no han permitido que el Gobierno haya cumplido con el objetivo de reducción de la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el plan de choque.
Aumentado el número de personas beneficiarias con prestación
Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación el pasado año han sido la C. Valenciana (+14,9%), Asturias (+14,5%) y Madrid (+14,4%). Por el contrario, en País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición disminuyendo el número de beneficiarios.
Personas con derecho a prestación en 2021
Las Comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2021 han sido: C. Valenciana (+11,8%), Canarias (+10,8%) y Asturias (+9,2%). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se redujo el año pasado en un 10,9%. Estos datos parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I.
Las prestaciones y servicios “son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia”, denuncian desde Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Pasados casi dos años de la pandemia no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día, – 1.129 plazas residenciales y -4.732 plazas de centros de día, respectivamente.
Medidas urgentes
A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención. Desde la asociación reclaman menos discursos, fotos e intenciones, y más “medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país”.
El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. “Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento”, recuerdan.
Por eso reclaman que “hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones”.
Por último, “se debe incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia”. Hay que recordar que cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, “desgraciadamente, a las 46.671 personas que fallecieron este pasado año, el plan de choque no les llegó a tiempo”, denuncian desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
