Hace unos meses, el periódico de La Vanguardia publicaba que en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vaticinaba «con toda probabilidad» que la sentencia del 1-O «lograría el objetivo de asegurar la unanimidad entre los siete magistrados que han juzgado el caso», y que confiaban en la «capacidad de dirección» del magistrado al frente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, augurando el máximo órgano de representación de la judicatura que “el fallo, si bien no será leve, no resultará inmanejable para el Gobierno”.
Lejos de desmentir las filtraciones, El Confidencial Digital señalaba días después que en el CGPJ “llevan días intentando descubrir al imprudente. A día de hoy, cuando ya ha pasado casi una semana de la noticia, siguen buscando a la persona que pudo facilitar el material a La Vanguardia”. El mismo rotativo indicaba que los vocales se referían al filtrador como el “chivato”, y es que, según decían “una cosa es tener datos sobre futuras sentencias y otra muy distinta es que se publiquen en los periódicos”.
Lo más curioso, después de todo, era que la única preocupación del CGPJ fuera que la filtración hubiera llegado a la prensa, y no que el propio Tribunal Supremo hubiera divulgado el fallo de la sentencia del ‘procés’ antes de firmarla, considerando normal que un vocal pueda “tener datos sobre futuras sentencias”.
Hace tan solo unos días las filtraciones nos han permitido saber, esta vez, las líneas maestras de la sentencia: la unanimidad de los magistrados, los delitos que se van a incluir en el fallo (la sedición, la malversación y la desobediencia), quienes van a ser condenados, las penas, y qué delitos se van a quedar en el tintero (la rebelión), así como las razones jurídicas que van a motivar dicha exclusión.
Es natural que la defensa de Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull haya anunciado que no descarta «interponer la oportuna denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial si la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista coincide con las presuntas filtraciones que se están publicando en medios de comunicación sobre el contenido del fallo».
Si ha habido filtración, dice el abogado Jordi Pina sería una falta de respeto a los acusados y sus familias y una «flagrante vulneración del secreto de las deliberaciones regulado en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial».
Y es que, según la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia, “se vulnera la presunción de inocencia cuando las declaraciones públicas de una autoridad judicial (y también las filtraciones) se refieren a un acusado como culpable, mientras no se haya probado su culpabilidad con una sentencia firme. Dichas declaraciones no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable”.
Sobre el particular de las filtraciones de las sentencias, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del filtrador, la información que se facilita anticipadamente resulta inocua si las deliberaciones ya han terminado, y además no se ha producido un clamor popular que ponga en entredicho la necesaria serenidad del Tribunal o la confianza de la ciudadanía en el comportamiento neutral de los juzgadores.
Sin embargo, a la vista de las reacciones que se sucedieron a lo largo de todo el día de ayer ya podemos anticipar que las filtraciones no han sido inocuas.
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, no ha querido confirmar el contenido de la filtración. «Yo no puedo confirmar que eso sea así, sería una insensatez», explicaba Marchena, visiblemente irritado, en una conversación informal con periodistas en la recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional. Y además añadió que «todo está abierto» porque «una sentencia no está terminada hasta que la firma el último magistrado».
Lejos de cerrar la controversia, han sido precisamente estas manifestaciones del presidente de la Sala (al reconocer que la sentencia aún no está terminada) las que han desatado el huracán, poniendo en entredicho la validez de la propia sentencia desde el momento en que cabe la posibilidad de que el magistrado que aún no la ha firmado pueda verse influido, a la hora de firmarla, por el clamor que la filtración ha provocado, en un sentido y otro, en amplios sectores de opinión.
Por esa razón, el CGPJ debería investigar las circunstancias de las filtraciones y su influencia sobre los magistrados en el momento de firmarla, antes de permitir que se haga pública la sentencia del ‘procés’.
Hace ya muchos años vi una película llamada «Los siete magníficos»
Ahora pienso ue el Tribunal Supremo tiene en su poder el de condenar a unos inocentes
De magníficos, nada, señor Marchena