Las mentiras de la cena de la Asociación de Fiscales con Núñez Feijóo

Cualquier periodista que haya asistido a una comida o cena donde hay un coloquio con un invitado relevante sabe que las preguntas que se hace a dicho personaje están pactadas. Son famosas las “papeletitas” que se pasan en el club Siglo XXI donde los periodistas son escogidos para preguntar al invitado. Y no sólo se hace ahí. El club Siglo XXI fue el pionero en este tipo de teatros. Ahora se hace en todos los foros. El “moderador” filtra las preguntas. Por eso la Asociación de Fiscales miente cuando dice que las preguntas que se hicieron a Alberto Núñez Feijóo en la famosa cena del 18 de abril “son las obligadas” en este tipo de acontecimientos. Claro que son las “preguntas obligadas”, las que se pactan con el invitado y las que hacen personas designadas con anterioridad.

Por supuesto que no hay nada de anormal. Una cena con 50 invitados todos fiscales conservadores. Una de ellas, Consuelo Madrigal, fue fiscal general del Estado, por cierto, con una actuación más controvertida que la de Dolores Delgado, que ya es decir. El otro, Antonio Narváez, fue un magistrado que se retiró del juicio de los independentistas catalanes antes de que prosperara su recusación. Narváez había calificado el 1-0 como “un golpe de Estado”. Pero su personalidad va más lejos aún. Es uno de los famosos miembros del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducaba junto al del presidente Antonio García Trevijano, y que votó a favor del recurso presentado por el PP para interrumpir la reforma que se estudiaba en el Parlamento para acabar con el boicot de la derecha judicial a la Corte de Garantías. A él le afectaba directamente porque perdía su cargo, su sueldo, su despacho y secretaria, y su coche oficial, aunque su mandato ya había caducado. Otra persona con muy poca vergüenza que se atreve a ir a una cena a pedir al candidato del PP que derogue las leyes aprobadas por el gobierno progresista al mismo tiempo que criticó las actuaciones completamente legales llevadas a cabo como es la presentación de proposiciones de ley por los grupos parlamentarios o lo que llaman “el abuso del decreto-ley” que ha sido avalado por el actual Tribunal Constitucional.

Narváez, que ahora es fiscal de la reaccionaria sala de Lo Contencioso Administrativo del Supremo y que presume por ahí de ser “magistrado emérito del TC”, fue teniente fiscal cuando Madrigal estuvo al frente de la fiscalía general del Estado. Sostuvo fuertes enfrentamientos con compañeros suyos y, ahora, hay quien dice que será el nuevo fiscal general del Estado si Feijóo llega a La Moncloa. A ese personaje fue al que el líder del PP contestó que, por si llega a Moncloa, tiene previsto un paquete de medidas para derogar las leyes del gobierno progresista, lo que el dirigente conservador ha llamado “derogar a Pedro Sánchez”. Narváez es todo un ejemplo de persona que hace “preguntas obligadas”. Más bien preguntas tendenciosas.

La cena tuvo lugar un día antes de que la conservadora Asociación de Fiscales se sumara a la huelga que jueces y fiscales quieren llevar a cabo a partir del próximo 16. Y se ha filtrado que en la cena con Feijóo le anunciaron que se iban a sumar.

La Asociación de Fiscales habla de su independencia. Para justificarla destaca que, en las cenas que organiza, ha invitado a personalidades relevantes como el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Pero también a Albert Boadella, el controvertido fundador de Tabarnia, Edmundo Bal, de Ciudadanos, y para la próxima velada tendrán a Joaquín Leguina Desde luego no pueden presumir de neutralidad en sus invitaciones.

La Asociación de Fiscales no es neutral. Sus intervenciones en el Consejo Fiscal son un claro exponente de su sesgo ideológico: la derecha mas rancia y conservadora. Incluso a la hora de justificar lo que se manifestó en la cena critica la información del periódico El País, por cierto adelantada en parte por Diario 16, señalando que “tiene una intencionalidad que se explica por sí misma”. Y señalando como “sospechosa” la publicación de esta información en la víspera de la reunión de la mesa de retribuciones con los ministerios de Justicia y de Función Pública.  Pero la Asociación de Fiscales no tiene en cuenta la extraña circunstancia de que sólo se hayan sumado a la convocatoria las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales mientras que las progresistas, aún coincidiendo con el análisis de la situación de la justicia, cree que se debe de esperar a saber cuáles son los resultados de las negociaciones con los representantes de la administración del Estado.

Aquí mismo se ha reiterado en varias ocasiones que esta es una huelga política. Que los argumentos para llevarla a cabo están manipulados. Cuando se critica la situación del Consejo General del Poder Judicial no se dice que el PP es el partido que tiene bloqueada su renovación. Cuando se exige la derogación del decreto que impide al CGPJ el nombramiento de jueces y magistrados para las altas instancias judiciales no se dice que Carlos Lesmes, el anterior presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces, abusó de la discrecionalidad que le confería su cargo para convertir las altas instancias judiciales en un nido de magistrados de sesgo conservador. Y cuando se habla de falta de medios, no se corresponsabiliza a las comunidades autónomas con competencias en materia judicial como es el caso de Madrid, que lleva años bajo mínimos en materia de inversiones en los juzgados.

Es una huelga política y, por mucho que quieran hacer comulgar con ruedas de molino, la cena del 18 de abril supuso el pistoletazo de salida para que los fiscales conservadores, que los hay y muchos, se sumaran a la convocatoria. Porque la realidad es que la justicia en general es la más interesada en desgastar al gobierno progresista.