De la sentencia del Supremo que avala las reducciones de penas por delitos de agresión sexual nada que comentar. Que a nadie se le oculta la intencionalidad política de una sala que ha sido criticada hasta límites extremos por su parcialidad. Su mala imagen lo dice todo. La ciudadanía apenas cree en la justicia por culpa de decisiones como la adoptada por los “chicos” de Manuel Marchena. Tiempo habrá para analizar los fundamentos de hecho y de derecho que utilizan los jueces para señalar que la disposición transitoria del Código Penal de 1995 no sirve para este caso.
Lo realmente preocupante es que, en un corto espacio de tiempo, dos jueces de instrucción han utilizado la potestad que tienen para decretar secretas las investigaciones sumariales que llevan a cabo de tal manera que han perjudicado electoralmente a la izquierda. Dos días antes de los comicios del 28M la jueza de instrucción del Caso Maracena levantó el secreto de un sumario en el que se señala a la alcaldesa como inductora del secuestro de una concejala que iba a denunciarla por corrupción urbanística. El resultado es que el PSOE ha perdido votos y concejales en la localidad.
Pero si tendencioso fue el levantamiento del secreto del sumario en el Caso Maracena, más descarada ha sido la actitud del instructor del llamado Caso Oltra. Una pieza separada de la investigación judicial al exmarido de la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por presunta agresión sexual a una menor, que fue declarada parcialmente secreta.
Un informe policial desmonta la acusación de la ultraderechista Cristina Seguí, la denunciante que dijo que la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana estaba al corriente del delito de abusos que se imputa a su exmarido porque así se especificaba, según ella, en correos internos de la Conselleria de Igualdad de la que era titular. Dicho informe, incorporado al sumario, desmonta esta versión. No existen esos correos y Mónica Oltra desconocía las actividades presuntamente delictivas de su expareja. Oltra dimitió y su partido, Compromís, ha pagado las consecuencias en las urnas.
Tal vez le hubiese ido mejor a la izquierda en Valencia si el juez hubiese levantado el secreto del sumario y dado a conocer este informe policial que lleva fecha del 10 de mayo, 18 días antes de la celebración de los comicios. El juez lo ha dado a conocer una semana después, cuando ya no tiene remedio. Dicho informe ratifica la versión de Oltra: ordenó a su equipo que indagara lo que había pasado después de enterarse, el 4 de agosto del 2017, de que la fiscalía de menores investigaba a su exmarido tras haber recibido el auto en el domicilio que aún compartían. De hecho, los e-mails que se intercambian en su gabinete comienzan el 8 de agosto. En esos correos no se hablaba de la denuncia por abusos contra su exmarido. En cuanto a la posibilidad de que se hubiesen borrado los mensajes comprometedores, la policía desmonta la tesis de la denunciante. Es imposible no dejar rastro alguno.
Así las cosas, la pregunta es de Perogrullo. ¿Porqué el juez no ordenó el levantamiento del secreto sumarial? Las razones del magistrado sólo las conoce él. Lo que si está claro es que el Caso Oltra influyó en las elecciones autonómicas valencianas donde Compromís sufrió un serio descalabro.
Y para colmo está la dilación del juicio contra Francisco Camps que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional. Una vista oral que debería haber concluido hace unas semanas pero que, bien por motivos ajenos al tribunal como son las huelgas de letrados y de los funcionarios, o bien porque se aplazan interrogatorios de algunos testigos, se está prolongando más de la cuenta. Hasta tal punto que el principal acusado, el expresidente de la Generalitat valenciana, está barajando el retorno a la política incluso antes de que se celebren las elecciones generales. Sobre él ni siquiera pesa una sentencia condenatoria y eso lo considera “un activo”
También en estas dilaciones tienen mucho que ver los continuos enfrentamientos entre la fiscala, Concepción Nicolás, y el presidente del tribunal, José Antonio Mora. Este no hace más que llamar la atención a la acusadora pública “por la improcedencia” de algunas de sus preguntas. La última reprimenda ha tenido lugar este miércoles cuando el magistrado ha reprochado a la fiscala que estuviese mirando el móvil en lugar de atender lo que se estaba diciendo en esos momentos. La llamada de atención ha generado un gran malestar en la fiscala, que ha explicado que estaba buscando un artículo en la ley -«señoría, voy a buscar un artículo para poderlo referir literalmente; un artículo que no me sé de memoria»-, y ha denunciado una «quiebra del principio de igualdad» en el procedimiento.
La contestación del juez ha sido contundente: «no tiene nada que ver el principio de igualdad con el tema de que usted utilice el teléfono móvil durante el interrogatorio».
El ambiente que se respira en el salón de juicios de la Audiencia Nacional no es el más propicio para la celebración de una vista oral donde políticamente hay mucho en juego. Francisco Camps ha salido bien parado de anteriores acusaciones. Este es su ultimo proceso. Y también de los últimos donde se dilucidan las responsabilidades penales de la trama Gürtel. Este asunto se está dilatando tanto que uno de los acusados en la vista oral que se celebra estos días, Francisco Correa, ya ha obtenido el tercer grado penitenciario tras haber cumplido 9 años de cárcel por las condenas en otras piezas judiciales de esta trama.
Lo de los Jueces que la mayoris son de derechas, ya se sabe desde hace mucho tiempo, yo lo se por experiencia propia,a estos señores tenia que existir una ley ,para que se pudieran imputar cuando no fueran imparciales.
Es su derecho votar en conciencia, y nuestro derecho que no acudan a órganos de representación con carné de partido o ideoloxía política. Es la primera condición para ser justo e imparcial en un estado que toma por norma y por marca la corrupción sistemática. Pero claro, es que este país es otra cosa. Yo los echaba a todos, pero a todos sin excepción por dos razones: una porque no son fiables, o el riesgo delegado asumible puede resultar inasumible, o; dos: Porque no hacen ninguna falta, para nada han sido en siglos referencia de justicia y su trabajo lo hacen mejor los colegiales. Hablo de todos los jueces: Debe existir un ente acusador, directo o delegado, y una defensa, para decidir están los textos, que deben ser claros hasta el punto que tú sepas lo que te estás jugando antes de cometer un delito o una falta punible. El resto es marear la perdiz jugando a ser dios.