Los sindicatos de Justicia amenazan con una huelga general si el ministro Catalá, no abre la negociación. Los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ y UGT, han convocado un concentraciones ante la sede central de la Audiencia Nacional en Madrid y en las comunidades Autónomas, que no tienen transferidas las competencias.
Lo han anunciado hoy en rueda de prensa, los responsables de justicia de los cuatro sindicatos representativos en la mesa sectorial en el ámbito nacional, que han recordado que los funcionarios de este sector dependientes del Ministerio, llevan más de 10 años sin ver actualizadas sus retribuciones a pesar de que han aumentado las cargas de trabajo en los órganos judiciales.
Las organizaciones sindicales han convocado un calendario de concentraciones que comenzará mañana a las 12.00 horas ante la sede central de la Audiencia Nacional en Madrid y en las capitales de provincia de las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en este área, es decir Extremadura, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla.
El calendario de movilizaciones continuará el miércoles 4 de abril, con una concentración ante la sede del Ministerio de Justicia en Madrid y terminará del 5 al 13 del mismo mes con otras alternativas en las capitales de provincia de las comunidades del ámbito ministerial.
Los sindicatos afirman que desde el año 2008 el Ministerio de Justicia se ha venido negando a negociar la actualización del complemento específico, lo que ha propiciado que, de nuevo, el personal de este ámbito territorial sea el que, con diferencia, percibe peores complementos retributivos.
Los sindicatos han anunciado que si el Ministerio que dirige Rafael Catalá no abre una negociación, convocarán una huelga general en justicia. representantes han explicado que los funcionarios de justicia de dichas comunidades, así como el personal de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Nacional de Toxicología, dependientes del Ministerio, cobran alrededor de 500 euros brutos menos al mes respecto a los de las comunidades con estas competencias transferidas.
Los sindicatos también se movilizan en contra de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial “por los perjuicios que supondrá en las condiciones laborales del personal de la justicia“, pues advierten de que “la reforma pretende, entre otros aspectos, suprimir los actuales centros de destino, lo que supondrá la movilidad forzosa”.
Victoria Carrero, responsable del sindicato de Justicia de UGT, ha subrayado que el ministro Catalá y su equipo han vulnerado desde el comienzo la buena fe negociadora, la publicidad y la transparencia. «Si hubiera habido negociación real y no meras mesas informativas, tendríamos un servicio público de mayor calidad, porque muchos de los problemas estarían resueltos».
“A ello se ha sumado que en este ámbito se está produciendo al ritmo que impone el Ministerio de Justicia la implantación de LexNet y del Expediente Judicial Electrónico, que está obligándonos a realizar un sobreesfuerzo muy significativo y un incremento de nuestras funciones y especialización en precarias condiciones de formación y de funcionamiento de los sistemas y programas”, afirman desde el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO.
En un comunicado conjunto recuerdan que han pasado más de diez días desde que se entregaron cerca de diez mil firmas al Ministerio solicitando la apertura de la mesa de negociación y más de tres meses desde que los cuatro sindicatos presentaron a este departamento un escrito con la tabla reivindicativa pormenorizada que afecta a todos los cuerpos de justicia.
“Mientras tanto, el Ministerio sigue dando la callada por respuesta, no cumple los acuerdos de 2015 y machaca a los juzgados creando órganos sin medios, imponiendo un modelo de oficina judicial y fiscal rígido, y derrochando el dinero en una tecnología que no sirve para ayudar sino para ahogar aún más a los órganos judiciales y fiscales”, denuncian los sindicatos.
Entre sus peticiones también reivindican recuperar el complemento de los funcionarios destinados en juzgados de violencia sobre la mujer y su establecimiento en otros órganos especializados, revisar la normativa de guardias con un incremento de las retribuciones por este concepto así como las de la insularidad.
Denuncian que el Ministerio vulnera el derecho a la negociación colectiva al no convocar la mesa de negociación para atender las reivindicaciones de los funcionarios y “se burla de ella modificando unilateralmente la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
