Mal que le pese a Núñez Feijóo y otros agoreros de la derecha patria, la economía española se recupera a buen ritmo. Algunos indicadores son ciertamente espectaculares. Si las previsiones se cumplen, este año creceremos por encima del 4 por ciento. Además, según la última encuesta de población activa, el paro baja en 255.300 personas en el segundo semestre de 2022, de modo que el número de desempleados cae por debajo de tres millones de personas por primera vez desde 2008. Por si fuera poco, los contratos fijos superan a los temporales, una gran noticia en un país fuertemente lastrado por los abusos y la precariedad laboral. Frente a aquellos gurús del neoliberalismo austericida que impusieron la esclavitud laboral en tiempos de Mariano Rajoy (minijobs y contratos de un cuarto de hora), la reforma Díaz ha venido a demostrar que se puede dotar de un marco laboral digno a los trabajadores (subiendo incluso el salario mínimo interprofesional) sin poner en peligro el crecimiento del país.
Los hechos han venido a poner en evidencia las mentiras económicas de Rato y Guindos, de la patronal siempre reacia a mejorar los derechos de las clases obreras, de los cenizos gurús del Banco de España que cada cierto tiempo emiten uno de esos informes apocalípticos cuyo objetivo es asustar a la sociedad y frenar cualquier reforma de inspiración socialista. Por tanto, queda acreditado que se puede poner en juego una política progresista, se puede proteger a las capas más humildes de la sociedad, se puede frenar la voracidad y las injusticias del libre mercado sin que España se hunda. La realidad se ha terminado imponiendo a la demagogia ultraliberal. Hay margen para aplicar un programa socioeconómico de izquierdas, buscando un reparto de la riqueza mucho más justo y equitativo, y no por ello el país se va a ir al garete, como dice cada minuto, machaconamente, Núñez Feijóo.
El Gobierno de coalición va saliendo airoso en materia económica pese al contexto internacional adverso y eso que Pedro Sánchez no es precisamente un peligroso comunista partidario de nacionalizarlo e intervenirlo todo. Con un presidente mucho más valiente y audaz sin reincidentes tentaciones de giro al centro, con un líder sin complejos ni respeto reverencial a la patronal y a las empresas del Íbex 35, se podría haber hecho más, mucho más. Pero es lo que hay y visto cómo está el escenario mundial no es poco. Cabría preguntarse hasta dónde podrían haber llegado los planes de este Gobierno de coalición de no haber estallado la crisis del covid y una guerra en Europa. Nunca lo sabremos. Pero indudablemente los vientos de la historia no han jugado a nuestro favor. Tras el pacto del PSOE con los partidos de la izquierda real se abrió un período de esperanza en el que parecía factible acometer reformas de gran calado. Por desgracia, todo el programa saltó por los aires por culpa de acontecimientos imprevistos que no estaban en el guion como la crisis del coronavirus y la invasión rusa de Ucrania. En medio del vendaval, el Gobierno hizo lo que pudo y remó con bravura: creó un escudo de protección civil como los ERE, que han permitido evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo; instauró una renta vital básica para las familias vulnerables; subió los salarios de forma importante; y cerró un gran acuerdo en materia laboral con empresarios y sindicatos. En ese punto, cabe valorar la contribución de Unidas Podemos, primero con Pablo Iglesias y después con Yolanda Díaz, dos actores principales que han logrado mantener la brújula rumbo a la izquierda evitando que el PSOE virara a la derecha en los peores momentos de la legislatura.
Las medidas que en las últimas semanas ha adoptado Moncloa (impuesto a la banca y a las grandes eléctricas) no hacen sino avanzar en el buen camino. Hoy mismo se ha sabido que los grandes bancos han obtenido, en plena crisis, unos beneficios de 20.000 millones de euros (Santander gana un 33 por ciento más, 4.800 millones en ingresos adicionales, ahí es nada). Pese a ello, las entidades financieras anuncian que repercutirán el impuesto sobre los clientes para que sean los españoles quienes sigan pagando los platos rotos de la crisis, una cacicada más contra la que debería reaccionar el Gobierno tipificando semejantes prácticas abusivas como delito en el Código Penal. Al mismo tiempo, las energéticas también han hecho caja, acreditando beneficios de más de mil millones de euros anuales a costa del sufrimiento de un pueblo asfixiado por la subida imparable de la factura de la luz. Solo ese par de datos justifica que el Gobierno haya incrementado la presión fiscal sobre ambos sectores, gravando a bancos y a compañías petroleras, eléctricas y energéticas con un impuesto temporal que sin duda ayudará al país a remontar los estragos de la crisis. Pero hay más medidas que certifican el tinte claramente rojo de este Consejo de Ministros, como la multa de dos millones de euros a Glovo por no cumplir con la ley de reforma laboral y seguir manteniendo a 351 repartidores o riders como falsos autónomos. La noticia debería reconciliar a cualquier votante de izquierdas con este Gobierno.
Es cierto que la gestión económica del gabinete Sánchez tiene sus sombras. La inflación se ha disparado y las correcciones adoptadas de forma urgente no parecen funcionar. El déficit público anda descontrolado como consecuencia del mayor gasto social y el tipo de interés ha subido, es decir, el dinero está cada vez más caro y quien necesite comprar una vivienda tendrá que pagar más por su hipoteca. Todo ello provoca que el poder adquisitivo de los españoles sea hoy más raquítico que hace cuatro años. Y esa no es buena noticia para el Gobierno. Recuerde el lector que la extrema derecha de Marine Le Pen cosechó un buen resultado electoral en las pasadas elecciones en Francia machacando a la opinión pública con la idea de que los franceses, sobre todo las clases medias, están perdiendo renta por culpa de las políticas de Macron y de Bruselas. La misma estrategia que pretende aplicar Vox de aquí a lo que queda de elecciones generales. Si Sánchez no consigue contrarrestar ese discurso, que acabará con agitación en las calles, perderá el poder. Si el presidente no sabe explicar sus logros económicos diciendo al mismo tiempo la verdad sobre la recesión que puede estar a la vuelta de la esquina por efecto de la guerra de Putin, no tendrá ninguna oportunidad en las urnas. Pero que no se engañe Feijóo: todavía hay partido y el Gobierno de coalición va a ir a por todas.
