Marihuana: el sentido común se abre paso

Alemania ha abierto la espita para despenalizar, legalizar, el consumo, compra y posesión de cannabis —entre 20 y 30 gramos— para uso privado o en espacios públicos, según el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros, que podría ser una realidad a final de 2023, después de someterse a consulta previa de la Comisión Europea, y aprobarse en el Parlamento. Alemania se convertirá así en el segundo país en legalizar la marihuana en Europa, tras Malta, que despenalizó su consumo en 2021. Legalizaciones que suponen reconocer el hecho, inveterado, de que todas las sociedades han consumido algún tipo de droga desde la prehistoria. En Europa se ha documentado en hallazgos de asentamiento prehistóricos, la presencia de vegetales con propiedades psicoactivas como la adormidera o la marihuana, empleados en rituales y tratamientos medicinales.

Normativa que va más allá de la vigente en Holanda, que permite el consumo en los afamados «coffee shops«, o el uso limitado para tratar enfermedades con prescripción médica. En España, desde 2017, son legales las Asociaciones de Consumidores de Cannabis si están legalmente constituidas, no tienen ánimo de lucro, y se autoabastecen y distribuyen el cannabis para consumo en la asociación o privado por los asociados, que deben ser mayores de edad. Asociaciones cuyo objetivo, es reducir el recurso al mercado clandestino, o el autocultivo que en España es ilegal, aunque se mueve en una nebulosa de permisividad que, según los abogados expertos en la materia, permite entre dos y tres plantas —alrededor de 500 gramos al año de autoconsumo—: sin efectos legales.

Nebulosa que no despeja —deja fuera el auto cultivo— el dictamen de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso que, en 2022, dio un plazo de seis meses al Gobierno, para aprobar la regulación medicinal del cannabis. Plazo que finalizo en enero sin que el Ejecutivo haya movido ficha a la espera del informe de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) que, junto al Ministerio de Sanidad, valoran si el uso debe limitarse una serie de enfermedades, siempre prescrito por médicos especialistas, y dispensarse en farmacias hospitalarias —legalización reducida al ámbito médico sanitario—; o si legalizar el consumo privado que pasaría así a estar regulado, como el tabaco, por el Estado.  

Indefinición sujeta a principios morales vetustos que se niegan a reconocer el hecho irrebatible de que las personas siempre han usado las drogas para evadirse en momentos de tensión, dificultad, baja auto estima, celebración, inspiración o exaltación de la amistad. Negación de una realidad social palmaria que da pie a la existencia de un mercado ilegal controlado por el hampa de los traficantes, y favorece un entorno decriminalidad que obliga a los Gobiernos a destinar una ingente cantidad de recursos humanos y económicos, del que no se dan cifras porque desbordarían nuestra imaginación. Baste un dato menor, Interior gasta al año 300.000 euros en incinerar la droga incautada, a lo que se sumarían el coste de los procesos judiciales, del material y recursos policiales para perseguir y detener a los traficantes, y el mantenimiento de los más 8.000 reclusos —cifra que fluctúa arriba o abajo— por delitos contra la salud pública. Sin contar los tratamientos por el impacto psicológico social y personal que genera en las zonas que son epicentro del mercado negro.

Impacto reversible en positivo para la sociedad si se enfrenta con valentía el problema desde otra perspectiva, abandonando la idea impregnada de moralina apolillada de que por legalizar el consumo: todos los ciudadanos se van a volver locos y van a convertirse en drogadictos. Visión que trata a las personas como seres infantiles incapaces de discernir por sí mismos e impide encarar la cuestión con el pragmatismo que requiere. Legalizar el comercio y uso de las drogas tendría beneficios indudables para la salud de consumidores y pacientes, supondría el ingreso de ingentes recursos económicos para las arcas del Estado —por lo que dejaría degastar y el impuesto al consumo—, limpiaría de miseria y violencia barrios y calles de multitud de municipios, y dejaría sin un inmenso negocio a los traficantes que se enriquecen con una lucha que solo tendrá fin si el negocio se legaliza. Alemania ha dado un paso valiente. ¿Y España?.