El empresario Alberto González Amador, novio de Ayuso, demandó el pasado mes de octubre a Pedro Sánchez por referirse a él como un “delincuente confeso”. La pareja de la presidenta reclama 100.000 euros al premier socialista. Ahora un juez ha citado a Sánchez para un acto de conciliación previo al juicio por calumnias e injurias. No parece que el jefe del Ejecutivo pueda llegar a ser condenado, ya que el propio Amador ha reconocido que su abogado estaba en pactos con la Fiscalía para rebajar la pena por las dos causas fiscales que tiene abiertas. Pero el hecho de que el novio de Ayuso dispare contra todo y contra todos (tiene a media España querellada, incluso al excelente periodista de TVE Xabier Fortes) demuestra el nerviosismo de la lideresa castiza, que ha perdido los papeles, como suele decirse habitualmente, con todo este embrollo tributario de su pareja.
Amador no solo ha demandado a Sánchez, también al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a Felix Bolaños, a quien exige una indemnización de 50.000 euros. A ambos los acusa de haber filtrado información personal sobre su situación tributaria con Hacienda. Un delirio tras otro con el que la lideresa no podrá esconder la auténtica verdad: las presuntas trapacerías de su pareja con Hacienda.
De momento, Ayuso no está consiguiendo demostrar que la Fiscalía filtró a la prensa datos sobre el expediente tributario de su novio. “La Guardia Civil no encontró ni un solo mensaje en el móvil del fiscal general del Estado que le implicase en la filtración sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso por la que le investiga el Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz borró los mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, según admite la Fiscalía, que defiende que lo hizo por una cuestión de seguridad”, informa La Sexta.
Los investigadores, sin embargo, sí que hallaron otras comunicaciones en sus dispositivos sobre el caso de Alberto González Amador, en este caso por e-mail. Uno de esos correos, según recalcan fuentes fiscales, sería una “prueba de su inocencia”. Y es que la UCO, según consta en el oficio de la Guardia Civil, localizó en su ordenador dos correos electrónicos –aunque se trata de un mismo correo duplicado– sobre el caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña.
Según se desprende del informe policial, García Ortiz recibió a través de ese e-mail la cadena de mensajes que se habían intercambiado el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, y el abogado de González Amador, en los que este admitía los delitos fiscales. Fueron enviados desde un correo corporativo de la Fiscalía de Madrid, pero la clave está en la fecha y la hora, porque el fiscal general recibió esa confesión del novio de Ayuso cuando ya se había publicado en prensa. Al menos, vía correo electrónico.
En concreto, el reenvío de los mensajes entre el fiscal Salto y el abogado del novio de Ayuso al fiscal general se produjo el día 13 de marzo a las 23.44 horas. Para entonces, la noticia de que había sido González Amador, y no la Fiscalía, quien ofreció un pacto ya había aparecido en medios de comunicación: La Sexta.com la había publicado más de una hora antes, a las 22.10 horas de ese mismo día. La cadena Ser, destacan fuentes fiscales, también se había hecho eco ya: a las 23.20 en antena y a las 23.51 en su web.
Desde el Ministerio Fiscal defienden que esto prueba la inocencia de García Ortiz, pero por el momento lo que deja claro es que, al menos por e-mail, recibió la confesión de González Amador cuando ya era pública. Se desconoce si le pudo llegar también a través de otras aplicaciones de mensajería instantánea, porque los mensajes han sido borrados y, por tanto, se desconoce su contenido, añade La Sexta.
Sobre este borrado, fuentes fiscales consultadas por esta cadena mantienen que el fiscal general del Estado, “como cualquier otra persona, es libre de borrar de su móvil personal lo que le parezca oportuno” y de hecho defienden que lo que hizo fue adoptar medidas de seguridad aconsejadas en la normativa de protección de datos.
Las mismas fuentes sostienen que lo borra todo, no solo días concretos o mensajes específicos, y apuntan que en ese momento ni García Ortiz ni nadie en la Fiscalía podían imaginar que ahora la causa estaría en el Supremo y que se ordenaría un registro de su despacho y el clonado de sus dispositivos electrónicos, siete meses después de publicarse la nota de prensa con la que el Ministerio Público salió al paso del bulo (difundido por el jefe de gabinete de Ayuso) de que se había ofrecido un pacto a González Amador, siempre según La Sexta.
En un Estado de derecho, inciden desde la Fiscalía, “para incriminar a alguien hay que demostrar su culpabilidad, no es la persona quien debe demostrar su inocencia”, e insisten: el informe de la UCO “no aporta ni una sola prueba de culpabilidad” del fiscal general del Estado.