La reciente comparecencia de Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, ante el Congreso ha puesto de manifiesto una serie de problemas estructurales que siguen lastrando la vida de millones de ciudadanos en España. En su Informe 2024, Gabilondo no solo hizo un repaso exhaustivo de las principales áreas de intervención de su institución, sino que también evidenció la creciente distancia entre los ciudadanos y la administración pública, una distancia que está generando un creciente malestar social.
Un grito de alerta por la pobreza infantil
Uno de los temas más dolorosos abordados fue la pobreza infantil. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, el informe subraya que 4,1 millones de personas aún viven en pobreza severa, y una parte significativa de este colectivo son menores de edad. Gabilondo instó a las administraciones a ser “eficientes y justas” para ofrecer una respuesta rápida y adecuada a quienes más lo necesitan. En este contexto, el Defensor del Pueblo destacó que la pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también social, ya que muchos niños y niñas viven sin hogar, una situación de extrema vulnerabilidad que debe ser abordada con urgencia.
La crisis de la vivienda: un problema estructural sin solución
Otro de los temas recurrentes en el informe es la crisis de la vivienda. La falta de acceso a viviendas asequibles es uno de los mayores desafíos para las familias españolas, especialmente en ciudades como Madrid, donde la especulación inmobiliaria ha disparado los precios de los alquileres. En este sentido, Gabilondo denunció que la institución recibe más quejas sobre desahucios que sobre la ocupación ilegal, lo que revela la difícil situación de muchas familias que no pueden acceder a una vivienda digna. Este problema, que afecta principalmente a los colectivos más vulnerables, sigue sin encontrar una solución efectiva por parte de las administraciones públicas.
Sanidad y educación
En el ámbito de la sanidad, el informe alerta sobre los graves problemas que enfrenta la atención primaria, como la escasez de personal y las largas listas de espera para consultas y pruebas diagnósticas. La ciudadanía reclama un sistema sanitario más eficiente, y Gabilondo insistió en la necesidad de hacer frente a estos problemas estructurales de manera urgente.
En el ámbito educativo, el Defensor del Pueblo subrayó la falta de recursos para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Muchas familias han trasladado sus quejas sobre la falta de profesorado especializado y personal auxiliar en los centros educativos. Además, Gabilondo también destacó que sigue existiendo una falta de medidas efectivas contra el acoso escolar y la violencia, lo que deja a muchos estudiantes en una situación de desprotección.
Los desafíos en materia de migración y justicia
El informe también abarca otros temas de gran relevancia, como la situación de los migrantes, donde Gabilondo alertó sobre las tragedias humanas en el trayecto migratorio. En particular, hizo mención de la tragedia ocurrida en el puerto de La Restinga, donde siete personas, entre ellas tres niños, perdieron la vida mientras intentaban llegar a las costas españolas. Este tipo de situaciones pone de manifiesto la necesidad de reformar los protocolos de acogida y protección internacional en la frontera.
En el ámbito de la justicia, Gabilondo denunció los retrasos en el funcionamiento del sistema judicial, un problema que afecta a miles de ciudadanos que esperan meses, e incluso años, por una resolución. La falta de personal y las vacantes en los juzgados son solo algunas de las causas de este colapso.
Un llamado a la acción
El Informe 2024 del Defensor del Pueblo no solo describe una serie de problemas que afectan gravemente a la ciudadanía, sino que también pone sobre la mesa las recomendaciones necesarias para solucionar estas cuestiones. Ángel Gabilondo reiteró que la responsabilidad recae sobre las instituciones para ser más ágiles y eficaces, pero también para fomentar la concordia y la convivencia. La ciudadanía necesita respuestas, no solo promesas. Es hora de que las administraciones actúen de manera coherente, eficiente y justa, garantizando el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.
En resumen, el informe de Gabilondo nos muestra una radiografía de una sociedad en crisis, donde la administración pública está muy lejos de ser la "buena administración" que todos necesitamos. Y, como él mismo apuntó, es responsabilidad de las instituciones corregir este rumbo, enfrentándose a problemas estructurales con políticas que no solo resuelvan los problemas inmediatos, sino que ofrezcan soluciones a largo plazo para un futuro más justo.