El abuso de temporalidad que las administraciones públicas españolas aplican a los trabajadores interinos va a tener consecuencias muy graves si los distintos gobiernos no empiezan a aplicar de manera urgente estrategias de fijeza y el pago de indemnizaciones a aquellos empleados públicos que sufrieron la concatenación de contratos de manera indiscriminada.
La convergencia de dos frentes abiertos con Bruselas ha situado a España al borde de perder cientos (incluso miles) de millones de euros en fondos comunitarios. Por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó en junio de 2024 a España por abuso de contratos temporales en la Administración Pública, instando al actual gobierno a convertir plazas interinas en fijas o a compensar económicamente a los afectados, bajo amenaza de sanciones que, tal y como ha publicado y analizado Diario16+, podrían ascender a 100 millones de euros si no se corrige la situación antes de junio de 2025.
Por otro lado, el nuevo Mecanismo de Condicionalidad, regulado por el Reglamento 2020/2092, faculta a la Comisión Europea a retener o anular pagos del presupuesto comunitario cuando un Estado miembro vulnera los principios del Estado de Derecho o tiene retrasos que “afecten gravemente” la gestión financiera de la Unión.
La primera alerta llegó con las cartas de emplazamiento enviadas por la Comisión en diciembre de 2024, reclamando la transposición en plazo de varias directivas, entre ellas las relativas a la contratación pública y a la protección de los trabajadores con contratos de duración determinada. España incumplió la Directiva 1999/70/CE (que exige garantizar derechos equivalentes a los de empleados fijos) y, tras admitir ante Bruselas un “incumplimiento sistémico de 26 años”, ha visto abierto un procedimiento de infracción específico por “uso abusivo” de temporalidad en el sector público.
España, por otras cuestiones y por incumplimientos de determinadas directivas, ya ha sufrido la cancelación, la pérdida o la anulación de partidas de fondos europeos. Además, el Plan de Recuperación y Resiliencia solo había absorbido el 58 % de los 79.000 millones asignados a finales de 2024, lo que podría abrir la puerta a la anulación definitiva de cualquier partida no comprometida antes de agosto de 2026.
En el plano social y político, el actual gobierno ha anunciado “planes de choque” para reformar de manera urgente los procesos de selección y convertir todas las plazas en abuso de temporalidad, al tiempo que mantiene un canal de diálogo abierto con la Comisión Europea. Sin embargo, es evidente la deficiente planificación que ha llevado a esta encrucijada. Expertos en derecho comunitario advierten de que los retrasos podrían dejar sin financiación proyectos clave en sanidad, educación y transición digital. Organizaciones de interinos, por su parte, exigen no solo la consolidación de sus plazas sino también la agilización de las indemnizaciones que pudieran corresponderles tras años de contratos concatenados, y han anunciado nuevas demandas ante el TJUE y el Defensor del Pueblo Europeo.
Este pulso con Bruselas ofrece lecciones para el conjunto de la Unión: otros Estados con altos niveles de temporalidad, como Rumanía o Bulgaria (este es el nivel en que se encuentra España), observan con atención el caso español, conscientes de que podrían enfrentarse a un tratamiento similar si no ajustan a tiempo su normativa. En Madrid, la urgencia de reforzar la capacidad administrativa y de coordinar a ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos se ha vuelto palpable, pues el calendario apremia y la cuenta atrás hasta el verano de 2025 determinará si España logra preservar los recursos esenciales para su recuperación y cohesión. La sombra de la pérdida definitiva de fondos europeos ya se cierne sobre proyectos que, de no revertirse las infracciones, quedarían comprometidos durante años.
Finalmente, la injusticia se acaba pagando y la impunidad nunca es eterna. El problema es que la dejación de los políticos con los interinos va a tener consecuencias para el resto de la ciudadanía.