Bruselas se ha hartado de España por, entre otras cosas, el uso excesivo de contratos temporales en la administración pública. La Comisión Europea tiene activados desde el verano de 2024, al menos, dos procedimientos de infracción que amenazan con desembocar en sanciones económicas multimillonarias. El primero de estos expedientes, reabierto en octubre de 2024, reprocha al Gobierno español no haber reducido la tasa de temporalidad desde el 35,54% registrada a finales de ese año hasta el 8% comprometido en la Ley de Estabilización del Sector Público; apenas dos meses después, en julio, se abrió otro por discriminación en el cálculo de la antigüedad, permisos y trayectorias profesionales de los interinos .
Cuando un Estado miembro ignora las decisiones de la Comisión, ésta puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) invocando el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Bajo ese precepto, el Tribunal está facultado para imponer una “suma a tanto alzado” —una multa única destinada a sancionar la infracción— y una “multa coercitiva diaria” que se devenga desde la sentencia hasta la completa corrección del incumplimiento. El cálculo de ambas sanciones se basa en una tasa fija establecida por Bruselas, a la que se aplican coeficientes de gravedad y, en el caso de la multa diaria, de duración, además de ajustarse por la capacidad económica del Estado afectado.
Los precedentes no invitan al optimismo. En el caso C-551/08, la Comisión impuso a Polonia una multa única de 7 millones de euros y 40 000 euros diarios hasta que el país subsanó la transposición de la directiva sobre protección de denunciantes. Si España recibe una sanción de características similares, podría afrontar una suma fija de entre cinco y diez millones de euros, a lo que habría que sumar entre 20.000 y 50.000 euros por cada día transcurrido después de la sentencia sin haber reducido la temporalidad al 8%. De esta manera, en apenas un mes de demora adicional, la factura podría ascender a más de once millones de euros, y en medio año rebasar los cuarenta millones, sin contar posibles intereses de demora, lo que llevaría la cantidad a cerca de los 100 millones de euros.
A mitad de 2025, con más de un millón de empleados interinos aún en espera de estabilización, la amenaza de multas masivas pone contra las cuerdas las cuentas públicas y expone las deficiencias de la reforma emprendida hace más de dos décadas. Más allá del impacto presupuestario inmediato, una condena reforzaría la percepción de ineficacia del actual Ejecutivo y podría obligar a adoptar recortes en otros capítulos de gasto o alzas impositivas para atender el imprevisto desembolso.
Por estas razones, expertos legales y representantes sindicales urgieron ya a negociar con Bruselas un plan de estabilización ágil y ambicioso que minimice los riesgos de sanción y garantice la continuidad de los servicios públicos. Sin estas medidas, la multa que eventualmente dictamine el Tribunal de Luxemburgo resultará inevitable y supondrá un coste difícil de absorber en un contexto de lenta recuperación económica.
