Intervenir el precio para frenar la burbuja de los alquileres funciona. Así lo atestiguan los datos registrados en los últimos meses en Barcelona, donde el alcalde Jaume Collboni, que asumió el cargo en 2023, sucediendo a Ada Colau, ha apostado por políticas progresistas que controlen la voracidad del capitalismo salvaje. Jaume Collboni ha implementado varias medidas para abordar el problema del precio del alquiler en Barcelona. Entre ellas la aplicación de la Ley de Vivienda, que regula los precios en las llamadas “zonas tensionadas”. Además, Collboni ha impulsado la eliminación progresiva de los pisos turísticos en la ciudad. La Justicia ha avalado el plan y para 2028 se espera que desaparezcan unas 10.000 viviendas de uso turístico, lo que permitirá destinarlas al mercado de alquiler residencial. Estas políticas buscan equilibrar el mercado inmobiliario y garantizar el acceso a la vivienda para los vecinos y residentes.
Gracias a todas estas medidas, el precio del alquiler en Barcelona ha disminuido un 6,4% en un año, según datos que aporta La Sexta. “El precio del alquiler ha bajado un 3,3% en toda Cataluña desde que entró en vigor la limitación en las zonas declaradas tensionadas. Los 140 municipios catalanes con esta consideración pagan de media un 3,7% menos que entonces. Es el balance del primer año de una medida que emana de la Ley de Vivienda y que ahora mismo solo aplica esta comunidad autónoma, mientras aquellas en las que gobierna el PP rechazan hacer lo mismo”, añade la información de la cadena privada.
Todos estos datos han sido anunciados por la responsable de Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa junto a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, para hacer balance del primer año con limitación a los precios del alquiler en Cataluña. Y el plan está funcionando, lo que contradice la versión de la derecha, que descarta cualquier tipo de medida intervencionista al considerar que eso no hace más que contraer el mercado y disparar los precios. Los neoliberales prefieren soluciones basadas en el mercado, como incentivos fiscales para los propietarios o la construcción de más viviendas para aumentar la oferta. Sin embargo, apuestan poco por los pisos de protección oficial, pese a que España es uno de los países donde menos viviendas sociales se construyen. Es evidente que la propuesta de Collboni va en la buena dirección.
Según datos del Ministerio, 2024 dejó 17.000 nuevas viviendas de alquiler en el conjunto de Cataluña respecto a 2023, 3.000 de ellas en Barcelona. En total, se firmaron 9.000 nuevos contratos en los tres trimestres de aplicación del índice de limitación de precios. “Quiere decir que la regulación de los precios de alquiler ha reducido el precio y no se ha reducido la oferta de pisos en alquiler”, aseguran fuentes municipales del Ayuntamiento de Barcelona.
Por su parte, Rodríguez ha celebrado los datos como una buena noticia para los inquilinos catalanes, pero ha deseado también que sirvan de “inspiración para aquellos gobernantes” que “tienen a ciudadanos atrapados en un mercado de alquiler imposible”. Para la ministra, los datos reflejan que “la Ley de Vivienda funciona: hemos conseguido bajar los precios en Cataluña y muy notablemente en la capital”.
Según La Sexta, la titular de Vivienda ha pedido directamente al Partido Popular que “mandate a todas aquellas instituciones en las que gobierna, ayuntamientos y comunidades autónomas, a cumplir 'de pe a pa' la Ley de Vivienda” para que también allí bajen los precios.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, apuesta por intervenir el mercado del alquiler, ya que se trata de una “aspiradora de riqueza”. Bustinduy ha definido el problema como “una cuestión de voluntad política” y se ha defendido de las críticas despertadas en ciertos sectores de la izquierda asegurando que “nosotros en Sumar no tenemos el Ministerio de Vivienda pero sí hemos puesto sobre la mesa estas medidas que deberían aplicarse ya y tendrían un efecto inmediato en las condiciones de vida de las personas trabajadoras”.