El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), parece haber asumido un rol que trasciende sus funciones como alto cargo público. Con un salario de 96.210,60 euros anuales a costa del erario madrileño, Rodríguez ha decidido ser el principal defensor de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, investigado por presuntos delitos de fraude fiscal. Lo ha hecho con afirmaciones rotundas, ataques a periodistas y una interpretación peculiar de los hechos, en una entrevista reciente concedida a la Cadena COPE.
“Salgo en defensa de un hombre honorable, un ejecutivo brillante desde hace muchos años”, declaró Rodríguez, ignorando que el abogado de González Amador admitió ante la Fiscalía la comisión de dos delitos fiscales en un correo electrónico fechado en febrero de 2024. Esa comunicación, cuyo contenido ha sido confirmado por diversas fuentes, planteaba un acuerdo que incluía devolver lo defraudado y pagar un recargo para evitar la cárcel.
Sin embargo, MAR ha intentado disociar la figura del empresario de las acciones de su representante legal, asegurando que “Alberto González Amador nunca se ha declarado culpable de nada”. Este giro discursivo no solo contradice los hechos, sino que subraya la preocupación de Ayuso y su entorno por proteger su imagen pública, incluso a costa de la verdad.
Señalamientos a la prensa y bulos peligrosos
Rodríguez también arremetió contra dos periodistas de El País, a quienes acusó falsamente de acosar a vecinos de la presidenta durante una investigación sobre supuestas irregularidades en la vivienda que comparte con González Amador. “Nunca he contado un bulo. Nunca he mentido”, insistió MAR, pese a que organismos como Reporteros Sin Fronteras han condenado su actuación como un ataque grave a la libertad de prensa.
En marzo pasado, el jefe de gabinete difundía nombres y fotografías de estos periodistas, quienes habían sido identificados por la Policía durante una verificación de rutina. Las acusaciones de Rodríguez, además de ser desmentidas, motivaron una denuncia del PSOE por posible revelación de secretos. Pese a esto, Rodríguez ha insistido en que sus acciones estaban justificadas: “No revelo ningún secreto, solo compartí información que ya era conocida”, afirmó en su entrevista.
Ayuso, silencio y agresiones veladas
Mientras tanto, Ayuso ha evitado profundizar en las explicaciones sobre el caso de su pareja. En lugar de ello, ha dirigido sus ataques al presidente Pedro Sánchez, acusándolo de utilizar las instituciones del Estado para perseguirla. Durante una rueda de prensa en Leganés, la presidenta regional afirmó que el caso es parte de una “campaña orquestada” en su contra.
“Cada vez que dicen eso, solo hay una respuesta: me gusta la fruta”, declaró Rodríguez, en referencia a las palabras de Ayuso contra Sánchez en el Congreso. Esta estrategia de desviar la atención no solo pone en entredicho la transparencia de su administración, sino que refuerza la percepción de que el entorno de Ayuso prioriza proteger su reputación sobre rendir cuentas.
Cómo influyen los hechos en la confianza pública
El intento de Rodríguez de atribuir el bulo sobre la fiscalía al propio González Amador también ha generado controversia. Según su versión, el empresario habría revelado información confidencial para desviar la atención. Esta declaración, sin embargo, no ha convencido a la Abogacía del Estado, que ha solicitado el volcado del móvil de Rodríguez para verificar sus comunicaciones. El juez del caso, Ángel Hurtado, ha rechazado esta petición, limitándose a pedir pruebas que respalden su relato.
La situación también ha puesto bajo la lupa el uso de recursos públicos por parte de altos cargos como Rodríguez. La coordinación de su agenda parece estar más orientada a proteger a Ayuso y su entorno que a desempeñar sus funciones institucionales. Las constantes declaraciones de Rodríguez en medios y su actitud beligerante contra periodistas y opositores refuerzan esta percepción.
Una crisis de credibilidad
El caso de González Amador y las declaraciones de Rodríguez no solo cuestionan la gestión de Ayuso, sino que también erosionan la confianza en las instituciones madrileñas. Cuando un alto cargo como Rodríguez utiliza su posición para defender intereses privados y atacar a la prensa, se debilita la línea entre la política y el encubrimiento.
El silencio cómplice de Ayuso y su insistencia en convertir cualquier crítica en un ataque personal no ayudan a esclarecer las dudas sobre su gestión ni a disipar las sospechas de que su gobierno está más preocupado por las apariencias que por la transparencia. La Comunidad de Madrid, y sus ciudadanos, merecen más que un juego de sombras en el que los hechos son manipulados y la responsabilidad esquivada.