Al mismo tiempo que se ha publicado en el BOE la ley orgánica de eficiencia del servicio público de justicia, se empiezan a conocer detalles del reglamento que la desarrolla. Y aunque desde aquí se han mostrado la dificultad de integrar a los juzgados unipersonales de los partidos judiciales en los nuevos tribunales de instancia, se ha sabido que estos deben estar en funcionamiento entre el 1 de julio y el 1 de diciembre de 2025. De los 3.800 juzgados que existen en la actualidad se va a pasar a 431 nuevos organismos que, además, cada uno deberá crear secciones especializadas, es decir, penal, civil, social, mercantil y contencioso-administrativo. Y en este mismo sentido ha trascendido, también, que una de esas unidades, los juzgados de violencia sobre la mujer, que en la actualidad son competentes en los delitos relacionados con la violencia de género, asumirán, también, la competencia sobre todos los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima sea una mujer. Por lo tanto, los jueces especializados pasan a instruir las agresiones sexuales, abusos, acoso sexual, mutilación genital femenina y matrimonios forzados, entre otros.
Era una vieja aspiración de las organizaciones que luchan contra el maltrato de género y a favor de la dignidad de la mujer. Y ahora se va a convertir en una realidad. También otra vieja demanda se va a poner en marcha: las secciones de los tribunales de instancia que se encargarán de instruir los casos de violencia contra la infancia. A estas secciones de nueva creación habrá que añadir las materias actualmente existentes en los juzgados unipersonales como son la mercantil, la civil la penal y la social. En un principio se propuso que esta última mantuviese cierta autonomía respecto a la nueva organización debido a sus peculiaridades. Pero, al final, se optó por integrarla en la nueva estructura con la salvedad de que seguirá manteniendo el mismo funcionamiento que en la actualidad y gozará de los recursos materiales y humanos previstos en la reforma.
Estas secciones estarán diseñadas para abordar con mayor eficacia la creciente complejidad de los litigios y reducir las desigualdades en la carga de trabajo entre los órganos judiciales. En el ministerio de Justicia se dice que el objetivo es modernizar la administración de justicia mediante la incorporación de tecnologías y estructuras organizativas más eficientes, garantizar la especialización de los órganos judiciales en áreas clave mejorando la atención a colectivos vulnerables, reducir la litigiosidad, agilizar los procesos mediante la concentración de competencias y la eliminación de duplicidades, y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial asegurando una mayor cercanía y accesibilidad.
El problema sigue siendo el de siempre. Para que esta reforma llegue a buen fin y alcance los objetivos previstos se necesita dotar a las nuevas instancias de recursos económicos. La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia reclama una “fuerte inversión” para poder aplicar cuanto antes las previsiones de la nueva ley que no sólo permita poner en marcha tribunales de instancia sino también los medios alternativos de solución de controversias, los llamados MASC y las oficinas de justicia en los municipios.
Por poner un ejemplo, la ley contempla la creación de todas esas oficinas de justicia en los municipios españoles. Es verdad que muchas de ellas se reconvertirán de lo que ahora se llaman juzgados de paz. Pero no en todas las demarcaciones municipales existen esos juzgados de paz por lo que habrá que invertir una fuerte cantidad de dinero para abrir esas oficinas. En el departamento de Félix Bolaños todavía no han avanzado ni la formula ni los plazos para constituir esas oficinas judiciales municipales. Es bastante probable que se intente negociar alguna forma de gestión compartida con los ayuntamientos. Pero eso lo deberán negociar con la Federación Española de Municipios y provincias. La FEMP es la entidad que representa a las corporaciones locales y que, actualmente, controla el PP que se ha opuesto a la reforma hasta tal punto que, en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, vetaron el proyecto de ley.
También las asociaciones judiciales de signo conservador se oponen. El motivo hay que buscarlo en la disposición 19ª de la ley que, según la derecha, va a facilitar la entrada “por la puerta de atrás” de los jueces sustitutos, lo cual, según ellos, contraviene el principio de igualdad, mérito y capacidad reconocido en el artículo 22 de la Carta Magna. Habrá que ver si estos colectivos instan al PP a que presente un recurso de inconstitucionalidad.
Pero la realidad es tozuda. Existen en este país 1.010 jueces sustitutos que solo cobran cuando son llamados por los días que trabajan y se les cotiza a la Seguridad Social por esos días de llamamiento estando sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces y magistrados. Lo que pretende el gobierno progresista es acabar con esta situación. El objetivo del ejecutivo de Pedro Sánchez es terminar con la interinidad en todas las administraciones públicas. Y no es un “capricho” electoralista. Es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, ha sentenciado la obligación de finalizar con esta situación y Bruselas ha dejado claro que no desembolsarán más dinero de los fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia si no se resuelve esta anomalía.
Estamos hablando de un problema presupuestario y, hoy por hoy, la aprobación parlamentaria de unas nuevas cuentas donde figuren las cuantiosas inversiones necesarias para poner en marcha el nuevo sistema judicial, se antoja difícil por no decir que imposible. El gobierno sigue negociando con los socios parlamentarios y el principal obstáculo sigue residiendo en la formación de Carles Puigdemont, Junts Per Catalunya. Aquí mismo se ha dicho que va a ser muy difícil la vuelta al diálogo de la derecha soberanista catalana hasta que no se resuelva la situación personal de su presidente que sigue en busca y captura por parte del Tribunal Supremo. Es bastante probable que los socialistas estén presionando a los jueces progresistas del Tribunal Constitucional para que se estudie lo más pronto posible el recurso de amparo presentado por los dirigentes del procès contra el auto del TS en el que los jueces se niegan a amnistiar los delitos de malversación.
Porque está claro que hasta que no se resuelva la situación penal de Puigdemont, en Junts se negarán a negociar unos presupuestos. Y sin presupuestos, la ley de modernización de la administración de justicia es papel mojado.