Antes del día 11, fecha límite para la presentación de los recursos, el servicio de admisión del Tribunal Constitucional se va a encontrar con una sorpresa. No sólo será el Partido Popular el que presentará la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. También lo harán todas las comunidades autónomas donde mandan los populares. No estaba prevista esta avalancha de escritos de los servicios jurídicos de los gobiernos territoriales lo que provocará una carga de trabajo que aplazará las decisiones. Y ahí no va a terminar la ofensiva popular en los juzgados. Se están preparando recursos contra el acuerdo con ERC, lo que se ha llamado “financiación singular” de Catalunya. Y aquí va a suceder lo mismo. No sólo se presentarán recursos en el TC, sino también en el Supremo y los tribunales territoriales de justicia. El propósito es acabar por desgastar a Pedro Sánchez a través del medio que mejor dominan los conservadores: los tribunales de justicia.
Los servicios jurídicos de Génova estudian, también, el inicio de acciones legales contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, porque creen que está bloqueando ilegalmente las iniciativas parlamentarias aprobadas por el Senado, un total de doce proposiciones de ley que piden rebajar el IVA a los peluqueros, asimilar el grado mínimo de discapacidad a los dependientes, regular las ayudas por la talidomida, permitir que los concejales voten telemáticamente, reformar las leyes de Costas y Montes, el reconocimiento a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, la ampliación de la prisión permanente revisable, la bonificación de las cuotas patronales en Ceuta y Melilla, reforma de las competencias de la Audiencia Nacional en casos de narcotráfico, rebaja de las condiciones de jubilación para los funcionarios de aduanas, y nuevas medidas contra la okupación.
Todas estas propuestas ya han sido remitidas al Congreso cuyo pleno debe ratificarlas o rechazarlas. Lo que ocurre es que existe la posibilidad de que la presidencia de la cámara baja aplace los debates de estas proposiciones por lo que una demanda judicial no tiene sentido, pero Francina Armengol es objetivo de los populares. Han pedido su dimisión en varias ocasiones, la última ha sido por el gasto en traductores simultáneos y los pinganillos que usan los diputados, un total de 780.546 euros. El Partido Popular entiende que la fórmula empleada de fraccionamiento de los contratos para evitar el concurso público es ilegal y así lo han sentenciado los jueces en otras causas. Hay que recordar que la presidenta de Junts Per Catalunya, Laura Borrás, fue condenada a 4 años de cárcel y 13 de inhabilitación por trocear la adjudicación del contrato para la confección de la página web de la Institución de las Letras Catalanas cuando era su directora general, y que, en la Comunidad de Madrid, la fiscalía ha abierto una investigación por el fraccionamiento de contratos de obras en varios centros de enseñanza.
El PP no va a parar ahí. El recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía adjuntará la petición de tres recusaciones: la del presidente, Cándido Conde-Pumpido, y la de los vocales Juan Carlos Campo y Laura Díez. Sobre el primero, los conservadores creen que no puede pronunciarse por su antigua condición de fiscal general del Estado. Campo, por su parte, era ministro de Justicia en la época en la que se aprobaron los indultos a los independentistas catalanes, y Díez ocupó una dirección general en la Moncloa además de haber asesorado a la Generalitat en la época del procès. Ambos ya se han abstenido en anteriores ocasiones en las que se discutió la amnistía en el TC, cuando varios particulares presentaron recurso de amparo sobre la admisión a trámite de la norma en el Congreso. Díez tampoco participó en la deliberación de los recursos contra la normativa catalana para sortear el mínimo del 25% del castellano en la enseñanza.
Juan Carlos Campo ha anunciado que se abstendrá y es posible que Díez haga lo mismo por lo que la correlación de fuerzas quedará empatada: cinco progresistas y cinco conservadores. En ese caso el reglamento del TC es tajante. El voto de calidad del presidente es el que decide por lo que Conde-Pumpido no se va a abstener. Y esa es la razón por la que los populares emprenderán una campaña mediática cuestionando la imparcialidad del TC. En Génova se confía más en las sentencias que dictará el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. De todas maneras habría que recordar al PP que el nuevo juez que se incorporará en breve al tribunal, José María Macias, también debería apartarse del debate por haberse pronunciado en contra de la amnistía cuando era vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial.
Otra cosa. En el Partido Popular confían en que el juez número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, reciba el visto bueno de sus superiores el próximo día 30 de septiembre para seguir investigando el Caso Begoña Gómez, la mujer del presidente a la que descartan llamar a declarar en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo. Tampoco se personarán como acusación particular en las diligencias previas, pero sí tienen prevista la comparecencia de Pedro Sánchez si las investigaciones judiciales se complican como piensan que va a suceder. Asimismo, van a pedir explicaciones a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero en el Senado sobre la “financiación singular” para Catalunya.
Y habrá más. No se conforman con las resoluciones del TC sobre los ERES andaluces y van a recurrir al TJUE para que se pronuncie. En principio la justicia europea poco o nada puede decir sobre este tema y más cuando hay varias sentencias del TC que interpretan la malversación de manera diferente a como lo han hecho el instructor, la Audiencia de Sevilla y el Supremo.
Aún así, el Partido Popular está dispuesto a judicializar los conflictos generados en la acción política. Acuden a los tribunales de justicia porque saben que cuentan con un importante apoyo. De ahí que se haya decidido seguir esta estrategia. Lo malo es que están siguiendo el ejemplo de Vox y la ultraderecha, y los juzgados acaban por convertirse en los árbitros de la sociedad civil lo que pone en peligro el principio de separación de poderes. Para Alberto Núñez Feijóo y los suyos es más lícita la decisión de un juez que la de una mayoría parlamentaria.