Carlos Mazón le había pedido a la jueza de Catarroja que personara a la Generalitat Valenciana en el sumario que instruye por la muerte de 228 personas en la riada del 29 de octubre. De esta manera, el dirigente valenciano pretendía ser investigado y acusador al mismo tiempo. Aceptar esa pretensión hubiese sido tanto como juzgar a un delincuente y al mismo tiempo concederle el privilegio de acusar a su víctima. O sea, un completo delirio.
La derecha española está demasiado habituada a que la Justicia la infiltre en los diferentes sumarios abiertos para tener acceso a información privilegiada y de paso para hacer política desde los juzgados y tribunales. Por fortuna, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz, que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, ha denegado la personación de la Generalitat Valenciana en la causa como responsable civil subsidiaria al entender que no procede en este momento procesal, según informa Efe.
Fuentes de Presidencia de la Generalitat explicaron ayer esa intención de personarse en la causa “porque quiere participar en el proceso judicial y estar presente desde el primer momento para garantizar la defensa de los intereses de los valencianos, y porque hay dos ex altos cargos investigados y podrían derivarse, llegado el caso, responsabilidades de tipo civil”. O, dicho de otra manera, el Gobierno de Mazón quería convertirse en un topo en el juzgado para estar al tanto de cada movimiento de la jueza. De esa manera, los abogados del Consell irían por delante incluso de la propia instructora.
Por el momento hay dos ex altos cargos del Gobierno valenciano (Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, su número dos en Emergencias), citados a declarar como investigados en esta causa. Lo harán este mismo viernes. Se espera que las declaraciones de ambos sirvan para aclarar dónde estaba Mazón aquella tarde y por qué no dio la orden de activar la alerta roja telemática, que probablemente hubiese servido para salvar decenas de vidas. De la comparecencia de ambos funcionarios podrían desprenderse consecuencias para Mazón, como su posible imputación, que tendría que ser concedida por el TSJ de la Comunidad Valencia al tratarse de un político aforado. Es evidente que el honorable no duerme tranquilo, no solo porque su posición es insostenible –en su partido más de uno pide que dé un paso al lado y presente su dimisión–, sino porque en cualquier momento podría ser acusado de negligencia grave con resultado de muerte. De ahí que esté moviendo a sus peones, de ahí que esté haciendo todo lo posible, incluso reclamarle el sumario a la jueza de Catarroja para saber con antelación cada paso que vaya dando contra él la magistrada instructora.
En un auto dictado y notificado este miércoles a las partes, la magistrada cita jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Valencia según la cual el responsable civil subsidiario “se incorpora al proceso desde que la pretensión civil se dirige contra él, dándosele traslado del escrito de calificación o acusación, o bien antes de dicho trámite, cuando se dicta resolución judicial para el aseguramiento de sus responsabilidades”.
Añade al respecto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece “la comunicación de la causa a las terceras personas civilmente responsables en el trámite de calificación del delito (artículo 652)”, mientras que en el procedimiento abreviado, el artículo 783.2 de la misma ley establece que el juez de instrucción resolverá sobre las medidas interesadas por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, “tanto en relación con el acusado como respecto de los responsables civiles”, cuando se acuerde la apertura del juicio oral.
Es entonces cuando este tercero “adquirirá, por tanto, la condición de responsable civil, cuando se adopte contra él alguna medida de aseguramiento de la responsabilidad, permitiéndosele intervenir tanto durante la investigación, en la pieza separada que se forme, como en el juicio oral”.