El Tribunal Supremo ha denunciado el intento de “criminalizar el sistema político” con querellas “insólitas y descabelladas”. De esta manera, los magistrados de este órgano judicial se resignan y asumen lo que todo el país está viendo: una extrema derecha en connivencia con algunos jueces conservadores que está haciendo política desde los tribunales. En las últimas horas, la Sala de lo Penal ha rechazado una acusación contra todos los diputados del Congreso por aprobar la amnistía, que no gusta a Vox al considerar que supone una traición a la patria.
Después de años rechazando denuncias y querellas de la extrema derecha, los jueces del Supremo han dado un puñetazo en la mesa asegurando que se está produciendo un “ejercicio irracional y abusivo del derecho de acceso a los tribunales”. Estamos, sin duda, ante un tirón de orejas contra Vox, y también contra el Partido Popular, que tiene al partido de Abascal como socio preferente y aliado en la estrategia de derrocar el sanchismo a toda costa.
No pasa una semana sin que el Tribunal Supremo tenga que revisar denuncias y querellas de la extrema derecha contra parlamentarios, ministros, jueces y fiscales. En general se trata de querellas fake basadas en simples rumores, especulaciones, conjeturas y recortes de prensa de la caverna. La Sala de lo Penal se queja ahora de que estas acciones judiciales son “insólitas y descabelladas” y solo buscan la “criminalización de nuestro sistema político”. “La última en irse al cajón, contra los 350 diputados del Congreso por tramitar la amnistía y, precisamente, por la propuesta que busca atajar el abuso de la acción popular en los tribunales”, publica elDiario.es. Sin embargo, el daño ya está hecho, no solo a la reputación y la buena imagen de los órganos jurisdiccionales, sino al propio funcionamiento de la Justicia, ya que Vox ha colapsado la oficina judicial.
Sin duda, uno de los grandes males del sistema está en que partidos políticos puedan personarse como acusación particular en juicios por diferentes causas. Vox ha hecho de esta triquiñuela una de sus armas fundamentales para desestabilizar al Gobierno de Sánchez y con él la democracia. Y ahí es donde el Supremo –que ahora ve con horror la degradación de un poder judicial que se corrompe poco a poco por las prácticas antisistema de Vox y sus asociaciones colaterales (las hay de todo tipo)–, tiene su parte de culpa en este cáncer. En el caso del procés, el Tribunal Supremo desestimó la solicitud de expulsar a Vox de la causa, argumentando que el marco jurídico vigente permite su presencia en el ejercicio de la acción popular. Los Marchena y compañía permitieron el circo ultraderechista y de aquellos polvos estos lodos. Fue la propia Sala Segunda la que desestimó la solicitud de uno de los procesados, Jordi Cuixart, para que se expulsase al partido político Vox del pleito, ya que estaba haciendo un uso fraudulento del mismo. Se pudo haber puesto pie en pared y no se hizo.
La Sala recordó entonces que ya ha llamado la atención en otros asuntos sobre la necesidad de abordar una regulación de esta materia que excluya el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política. Y consideró significativo que en los frustrados trabajos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se excluyera expresamente del ejercicio de la acción popular a los partidos políticos. “Sin embargo –añadía el auto del procés–, el marco jurídico vigente autoriza la presencia del partido político Vox en el ejercicio de la acción popular, con todas las expectativas, cargas y derechos que son propios de su estatus como parte. Y a ese marco jurídico nos atenemos”.
Hoy el Tribunal Supremo se llena de papeles, montañas y montañas de folios con denuncias y querellas sin ningún recorrido legal, la mayoría de ellas delirantes estupideces, locuras y marcianadas salidas de la mente de los nostálgicos del Régimen anterior con un único objetivo: que los voceros y agitadores de los medios de la “fachosfera” tengan material fresco cada mañana para sus bulos y noticias falsas sobre el Gobierno. Han acabado con el prestigio de la Justicia y pronto acabarán con la democracia.
No son pocos los expertos en Derecho que advierten de la necesidad de regular esta disfunción para evitar que el proceso penal se convierta en un escenario de confrontación política, cuando no en un vodevil para desprestigio de la Administración de Justicia. La figura de la acusación particular, en general, es clave en el proceso penal español, permitiendo a las víctimas de un delito participar activamente en el procedimiento judicial para defender sus derechos. El problema surge cuando partidos políticos como Vox hacen un mal uso de la herramienta para convertir la acusación particular en una tribuna para colocar su ideología reaccionaria.
Al acusador popular le incumbe el deber de actuar conforme a las exigencias de la buena fe. Sin embargo, cada día vemos cómo los abogados de Vox interponen acciones judiciales desde la mala fe sin más intención que desgastar al Gobierno, generar crispación en la calle y promover el lawfare o golpe blando, que es la nueva manera del fascismo posmoderno de acabar con la democracia.
La reforma de Félix Bolaños trata de sacar a Vox y al PP de los casos más mediáticos, pero no asegura la exclusión de asociaciones o sindicatos ultras como Manos Limpias, Hazte Oír o Abogados Cristianos, que podrían seguir personándose en los diferentes sumarios, haciendo las veces de agentes judiciales encubiertos del partido de Abascal. No parece que el problema tenga fácil solución. En todo caso, si la justicia se ha politizado, si hay criminalización de la política, tal como denuncia ahora el Supremo, es precisamente porque el Poder Judicial ha sido tolerante con las maniobras del nuevo fascismo.