Mucho se lleva hablando en los últimos meses del futuro de Duro Felguera, sobre todo por las diferentes ofertas que van surgiendo y los posibles intereses empresariales y políticos que podrían existir para la salvación de esta compañía que durante años ha sido uno de los referentes mundiales en la realización de proyectos de ingeniería en todos los niveles.
Fuentes cercanas a Duro Felguera consultadas por Diario16, confirman que el futuro de la compañía no se encuentra sólo en la oferta de Blas Herrero, de poca credibilidad real, no pasa de un intercambio de favores con el Banco Santander, o en el rescate del Estado, sino que podría encontrar un aliado inesperado.
Venezuela y la «sombra» de Zapatero
Duro Felguera opta a la adjudicación de un macroproyecto en Venezuela con un valor aproximado de 700 millones de euros al que sólo podría hacer frente gracias a las ayudas de la SEPI, del Ministerio de Hacienda, en concreto, del presidente Sánchez. Es bien sabido que en estos contratos públicos internacionales es imprescindible la presentación de avales bancarios que garanticen la adjudicación y la ejecución del proyecto, dentro de los marcos contractuales de los acuerdos para llevar a fin la realización del mismo y, en caso de incumplimientos por parte de la compañía adjudicataria. En caso de incumplimientos por parte de la compañía adjudicataria, el Estado contratante ejecutaría dichos avales, tal y como ha ocurrido en Dubái o en Argelia donde la ejecución ha sido paralizada por un juzgado de Oviedo.
Sorprende sobremanera, por varias razones, que Duro Felguera esté pendiente de Venezuela, teniendo en cuenta, en primer lugar, la situación económica, social y política del país y, en segundo término, el hecho de que aún no se haya cobrado el total del mega contrato que terminó con la imputación por la Audiencia Nacional del viceministro de Industria venezolano, un expresidente, consejeros, directivos de la empresa y mediadores, un proyecto que, a diferencia del de Dubái y Argelia, sí que se finalizó en el plazo fijado.
¿Está Nicolás Maduro en condiciones de licitar un contrato aproximado de 700 millones con garantía de pago? ¿Se ha puesto esa negociación como una especie de aval ante la SEPI para forzar a la concesión de un rescate que está diseñado para empresas que sufrieron las consecuencias de la pandemia? La situación de Duro Felguera no es una consecuencia de la crisis del Covid19, viene de mucho más atrás.
Teniendo en cuenta la situación económica de Venezuela, las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Maduro, la presencia de exministros de su gabinete en el Consejo de Duro Felguera y el trabajo de la empresa de José Blanco, no es descartable que haya existido una intermediación del expresidente para lograr esa adjudicación que, tal y como se encuentra la empresa asturiana, es clave para su supervivencia.
Duro Felguera y un Consejo «Made in ZP»
La realidad es que la situación a la que se ha llevado a la compañía asturiana desde el año 2017 es crítica y ha pasado por muchos vaivenes en los que, inevitablemente, se mezclan la economía y la política. Cambios en el Consejo de Administración que han terminado con la llegada de dos exministros socialistas, Jordi Sevilla y Valeriano Gómez, y con la contratación de la empresa de José Blanco para intentar, a través del conocimiento adquirido durante su etapa ocupando cargos en las instituciones del Estado y de las aparentes buenas relaciones que mantiene con el actual Gobierno, conseguir una asesoría de excelencia ante la SEPI para el rescate de 100 millones de euros solicitados, según fuentes de la empresa consultadas y, según nuestras fuentes, 200 millones.
Sin embargo, la presencia en el Consejo de Duro Felguera de excargos socialistas no se queda ahí, puesto que la propia presidenta, Rosa Aza, una mujer muy cercana a Javier Fernández, el expresidente del Principado y el hombre que encabezó la Comisión Gestora tras la caída de Pedro Sánchez. Aza presidió desde 2010 hasta 2016 la Autoridad Portuaria de Gijón.
Las «soluciones» Jordi Sevilla y Valeriano Gómez
¿A qué han llegado realmente Jordi Sevilla y Valeriano Gómez a Duro Felguera? La presencia de los dos exministros al Consejo de Administración de una empresa en apuros debe responder a que poseen un valor intrínseco que poner al servicio de la compañía.
Sevilla llegó a Duro Felguera apenas 3 meses después de haber dimitido de la Presidencia de Red Eléctrica Española. Su trayectoria profesional, una vez que abandonó la política en 2009, ha estado ligada a la auditora PwC, aunque siempre se mantuvo ligado, de un modo u otro, con los líderes del PSOE. No en vano, en 2016 fue una de las personas elegidas por Pedro Sánchez para negociar la formación de gobierno con Albert Rivera. Entonces, ¿qué puede aportar Sevilla, además de su influencia y sus buenas «relaciones muy personales» con, por ejemplo, José Blanco?
Por su parte, Valeriano Gómez, ha demostrado en los años posteriores a abandonar el Ministerio de Trabajo ser un gran gestor y conseguidor de subvenciones, como lo demuestra su relación con UATAE, la asociación de autónomos presidida por su cuñada.
¿Qué buscaba entonces José María Orihuela, el CEO de Duro Felguera, con la incorporación de Gómez y Sevilla? ¿Dos personas de prestigio en el mundo empresarial que, como consejeros independientes, dieran lustre al Consejo de la compañía o a dos hombres que tuvieran las influencias suficientes para acceder a un rescate por parte del Estado?
Hay que tener en cuenta que la incorporación de ambos exministros se produjo antes de que el Gobierno aprobara el Fondo de 10.000 millones que está siendo gestionado por la SEPI para ayudar a las empresas afectadas por la crisis del Covid19. Por tanto, teniendo en cuenta las relaciones entre los miembros del Gabinete de Zapatero y las que éstos pudieran tener con otras empresas, ¿no resulta, cuanto menos extraño, que «todo se quede en casa»?
Sevilla trabajó para PwC, una de las empresas encargadas de auditar las solicitudes de rescate presentadas ante la SEPI. No en vano, fue la encargada de estudiar la de Air Europa. Gómez es un gran negociador de subvenciones y ayudas públicas. Todo lo anterior se suma a la contratación de la empresa de José Blanco que en el mes de julio se presentó a las empresas cotizadas de España ofreciendo «una interlocución permanente con los poderes públicos y otros stakeholders sobre la regulación y su influencia en las inversiones de la compañía», «facilitar la interlocución entre la compañía y el Gobierno, teniendo en cuenta el valor añadido, las oportunidades y potencialidades de la empresa» o «establecer un diálogo permanente con los responsables de las Administraciones y Ministerios en las iniciativas normativas y legales que puedan afectar a los intereses e inversiones de la compañía». ¿Es ético su proceder? Posiblemente, no. ¿Sería justo que la la Administración, en general, le exigiese transparencia y declaración pública de sus ingresos por su legal actividad profesional? Pues sí sería justo y necesario que la sociedad conociese los fundamentos de su legal ejercicio profesional, que no dudamos, por el hecho de cómo lo está desarrollando y más aún del fundamento donde basa la legalidad que reclama que se le acepte y de la cual presume.
Por tanto, ¿resultaría extraño pensar que el contrato de Venezuela haya venido por un trabajo conjunto de excompañeros de Gabinete con Rodríguez Zapatero?
Orihuela, la otra pieza del puzzle
A todo lo anterior, hay que sumar el papel que puede jugar el consejero delegado, José María Orihuela, dado que trabajó durante más un cuarto de siglo en la constructora Sacyr, empresa que tuvo un papel muy importante desde el año 2004 a 2011 y que llegó, incluso, a intentar hacerse con el BBVA con una participación del Gobierno de Zapatero en el intento de descabalgar a Francisco González de la presidencia del banco y que, posteriormente, terminó en la supuesta contratación de los servicios del excomisario Villarejo que actualmente se está instruyendo en la Audiencia Nacional.
Por otro lado, Orihuela tuvo un papel importante en el polémico proyecto de Sacyr en el Canal de Panamá que aún tiene pendientes dos arbitrajes y por el que la constructora ha sido condenada a la devolución de varios centenares de millones de euros, un proyecto que fue ganado por la constructora en 2009, fecha en la que José Blanco anunció, tras conocerse la adjudicación, que aumentaría el presupuesto en obra pública, un proyecto que nació fracasado y cuyas polémicas se produjeron tanto durante el gobierno de Zapatero como el de Mariano Rajoy.
