«No existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas». Esta reflexión es perfectamente aplicable a lo que está sucediendo con la misión internacional aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, según se indica en el documento de resolución, autorizó «a los Estados Miembros que hayan notificado al Secretario General su participación a que formen y desplieguen una misión multinacional de apoyo a la seguridad, con un país que asuma el liderazgo y en estrecha cooperación y coordinación con el Gobierno de Haití, durante un período inicial de doce meses a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución, que se examinará nueve meses después de esa fecha, en el entendimiento de que el costo de la ejecución de esta operación temporal será sufragado mediante contribuciones voluntarias y el apoyo de los distintos Estados Miembros y las organizaciones regionales, y en estricto cumplimiento del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, según proceda, para ayudar a la Policía Nacional haitiana a restablecer la seguridad y crear las condiciones de seguridad propicias para la celebración de elecciones libres y limpias».
El Consejo de Seguridad, en su resolución, exhortó a los países a que «establezca un mecanismo de supervisión para prevenir las violaciones o los abusos de los derechos humanos, en particular la explotación y los abusos sexuales, así como para cerciorarse de que al planificar y realizar las operaciones durante el despliegue se respete el derecho internacional aplicable».
La aprobación de esta misión internacional es un éxito diplomático de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, puesto que este país ha sido el principal impulsor, desde agosto de 2020, de reclamar a la comunidad internacional su implicación con Haití.
Abinader se ha destacado en cualquier foro, evento o cumbre internacional por hacer llamamientos a la intervención de las potencias para acabar con la situación de violencia, desgobierno, delincuencia, corrupción y crímenes de Haití. Al final, el objetivo se consiguió en la última Asamblea General de Naciones Unidas.
Lo que debiera haber sido una gran noticia para el pueblo haitiano se ha encontrado con distintos focos de oposición y con silencios atronadores, como el de Leonel Fernández. Esto no es casual, sobre todo si se tiene en cuenta que determinadas élites de Estados Unidos, de Latinoamérica, Caribe y de la Unión Europa están muy interesadas en que Haití siga inmerso en el caos actual y en un escenario de Estado fallido. Sin control, evidentemente, obtienen más beneficios del saqueo que se está perpetrando de las riquezas con las que cuenta Haití, que son muchas a pesar de ser uno de los países más pobres del mundo.
En primer lugar, se produjo un movimiento de una facción política haitiana que rechazaba la misión internacional porque vulneraba el derecho de autogestión y la soberanía de Haití. Sorprenden estos argumentos, sobre todo porque esa autogestión ya ha demostrado que es incapaz de mantener el orden, la paz y el Estado de derecho.
Esa autogestión es la que ha permitido que determinadas élites haitianas residentes en países de Norteamérica financien a las bandas criminales y controlen zonas del país. Esa nefasta autogestión es la que ha provocado la crisis fronteriza con República Dominicana porque no hay que engañarse, la realidad del canal que desviará el cauce del río Masacre, que es de soberanía compartida, tiene más que ver con los intereses de la extracción de oro que con llevar agua a zonas agrarias. Los beneficios de esas actividades mineras no se quedan en Haití, sino que terminan en las cuentas corrientes de élites norteamericanas que esconden su codicia bajo el manto de la falsa solidaridad.
La misión internacional va a ser dirigida por Kenia, algo sorprendente porque la gravedad de los hechos hubiera necesitado que alguna de las grandes potencias la liderara. ¿Por qué Estados Unidos, Canadá, Francia o España no lo han hecho? Lo suyo hubiese sido que las fuerzas del Ejército norteamericano o los militares franceses dirigieran una intervención que va a necesitar de un trabajo muy arduo.
Estados Unidos tiene unas Fuerzas Armadas con experiencias en misiones de paz y, sobre todo, de intervención en distintos países a lo largo de su historia. Francia, exactamente igual, tal y como se demuestra por su constante presencia en distintos países africanos. ¿Por qué no se ha propuesto que sean estas naciones que, además, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad?
En Kenia, que no es una potencia económica, social, política ni militar, se ha generado un movimiento de oposición a que el país africano lidere la misión en Haití. En concreto, el ministro de Exteriores y principal valedor de la intervención, Alfred Mutua, ha sido destituido de su cargo por el presidente William Ruto y se le ha reasignado al Ministerio de Turismo. Casualmente, Ruto, tras la decisión del Consejo de Seguridad, prometió «no defraudar a Haití». Luego, se carga a su ministro.
Además, el líder de la oposición, Raila Odinga, se ha posicionado en contra del despliegue de un millar de policías keniatas para luchar contra las bandas criminales haitianas. Su argumento es que se pondrán vidas en juego: «Cuando empiecen a llegar ataúdes aquí, nos arrepentiremos. Haití es peligroso y existe la posibilidad de que nuestra policía tenga problemas allí», afirmó Odinga.
Además, se ha señalado que el envío de personal policial de Kenia es contrario a la ley si no es aprobado por el Parlamento.
Recientemente, República Dominicana firmó con Kenia un Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas y un Acuerdo Marco de Entendimiento, acuerdos que fueron firmados por los ministros de Exteriores de ambos países.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció a Ruto por su respuesta a «la petición de Haití de servir como nación comandante de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad».
Sin embargo, las tornas han cambiado demasiado rápido. Del apoyo unánime se ha pasado a una oposición feroz y eso no es casual. Ante la amenaza que suponía para sus intereses la intervención en Haití, esas élites norteamericanas, caribeñas, europeas y latinoamericanas, presuntamente, han iniciado movimientos y contactos para generar un ambiente de oposición en los diferentes países para evitar que se produzca un despliegue fundamental para que Haití sea controlado realmente por los haitianos, no por los poderosos que ejercen su poder desde el extranjero.
Por su parte, Leonel Fernández debe explicar su posición tras la aprobación del Consejo de Seguridad. Es cierto que hace unas semanas, en un acto organizado por su fundación, reclamó a la ONU la intervención. Sin embargo, desde el lunes, el silencio más absoluto. ¿Por qué? El pueblo dominicano tiene derecho a saber su posición, no vaya a ser que ese silencio esté condicionado por sus profundas relaciones personales con las élites norteamericanas que pretenden seguir medrando y beneficiándose de los recursos de Haití.
