La desigualdad social sigue aumentando en España. Según el informe anual de Oxfam Intermón, el conjunto de los ciudadanos vive peor hoy que hace 12 años. Desde que estalló la crisis, allá por 2007, España se ha consolidado como el segundo país de la UE, por detrás de Chipre, en el que más se ha incrementado la divergencia de rentas: 20 veces más que el promedio europeo. La proporción de trabajadores pobres es la tercera más elevada de la UE.La precariedad laboral y la devaluación salarial provocada por la última reforma laboral elevaron la proporción de trabajadores pobres al 13,2%, el tercer nivel más alto de la UE, tras Rumanía y Grecia. La renta media en España cayó un 9% entre el 2007 y el 2014, pero la caída de la renta del 10% más pobre de la población fue el doble: un 21%. El indicador que mide la desigualdad aumentó el 15,5% entre el 2007 y el 2015, frente al promedio europeo del 0,8%. Los salarios han perdido peso frente a los beneficios empresariales. En 2007, el 10% más rico disfrutaba en España de una renta 10 veces superior a la del 10% más pobre. En el 2015, la diferencia era de 15 veces. Además, las diferencias existentes entre Comunidades Autónomas siguen sin reducirse y se mantienen como hace décadas.
No son datos para fomentar la depresión sino para volver a exigir a nuestros representantes y gobernantes que actúen y pongan en marcha medidas fiscales, presupuestarias, institucionales y seguramente constitucionales para lograr que España sea un país más justo socialmente, donde haya menos desigualdad y menos pobreza y donde puedan fortalecerse el Estado del Bienestar y los servicios públicos esenciales. Entre otras, reformar la Constitución Española para racionalizar el Estado Autonómico y reducir el gasto político improductivo, reformar la Constitución Española para clarificar competencias y que algunas de ellas (Educación y Sanidad, entre otras) sean competencias del Estado y garantizar de este modo más igualdad entre conciudadanos, suprimir duplicidades e ineficiencias entre instituciones y reducir algunas instituciones innecesarias, como las diputaciones o el Senado, destinar el dinero público a lo realmente productivo (inversiones productivas, I+D+i, industria, tecnología, ciencia, Educación y gasto social), corregir las reformas laborales, apoyar a los autónomos y a los emprendedores y mejorar las leyes que les afectan, modificar la fiscalidad para que paguen más los que más tienen y paguen los que apenas pagan, luchar contra el fraude y la elusión fiscal, hacer frente a la corrupción y regenerar la democracia (que no es otra cosa que hacer que las instituciones funcionen correctamente).
No siempre querer es poder y no hay varitas mágicas para solucionar algunos de los más graves problemas que nos afectan: el paro, la desigualdad, la pobreza, la precariedad laboral, las pensiones indignas o los sueldos bajos. Pero algunas medidas deberían tomarse. No son difíciles de llevarlas a cabo. Falta, me temo, visión de Estado, sensibilidad social y voluntad política.