Paro, precariedad, devaluación salarial y fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social, son las cuatro notas definitorias de las políticas de empleo del gobierno del Partido Popular en relación al empleo juvenil, incluidas las que se diseñaron al amparo del Plan de Garantía Juvenil, implantado a partir del año 2013. Los sindicatos, la OCDE y la Comisión Europea criticaron reiteradamente el fracaso de la Garantía Juvenil en España. El 31 de Enero se ha convalidado en Pleno el Real Decreto Ley 6/2016 de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, modificando dos aspectos como son el acceso de los jóvenes al sistema y la conversión de reducciones de cuotas en bonificaciones, aspectos que poco van a incidir me temo, para recuperar y garantizar la “calidad del empleo” de los jóvenes.
Me sigue “impresionando” la autocomplacencia con la que el gobierno analiza en su turno de intervención los datos de empleabilidad de los jóvenes, sin un mínimo asomo de autocrítica, totalmente alejados de la realidad, alabando una y otra vez que la tasa de paro juvenil ha bajado 3 puntos en 2016, sin hacer referencia ni un solo momento a que la realidad es que en nuestro país los jóvenes, se ven abocados a la emigración forzada una vez que han acabado sus estudios, a alargar la permanencia en el domicilio familiar y a ser un colectivo golpeado por la precariedad laboral trabajando en sectores de actividad como el comercio o la hostelería, con salarios miserables y largas jornadas. La Tasa de Pobreza y Exclusión Social entre los jóvenes en paro se eleva casi al 60% y se ve agravada por la existencia de condiciones laborales miserables.
A este escenario de explotación laboral de los jóvenes, contribuyó la forma en que se implantó la Garantía Juvenil, pues una vez más se incidió en un instrumento del que se abusa por parte del Partido Popular para intentar crear empleo, como son las reducciones de cuotas y bonificaciones que afectan a la Caja de la Seguridad Social y a otros recursos del Estado, dejando al margen otros aspectos que deberían ser prioritarios como la formación, la profesionalización, la práctica profesional “laboral”, la retribución justa y la calidad en el empleo; por no entrar ya en el escaso número de jóvenes que se beneficiaron del programa, aspecto este último que se pretende solventar con estas medidas urgentes convalidadas en el pleno del día 31.
Al margen de los datos, tan fácilmente manipulables, tan solo pensando en jóvenes de nuestro entorno, observamos que los que tienen “la suerte” de incorporarse a una empresa, son contratados a tiempo parcial para trabajar “a la carta” o a tiempo completo, son contratados mediante contratos para la formación y el aprendizaje (y ello aunque tengan titulación para que se celebrara un mucho más digno contrato en prácticas), o aquellos ya formados, realizan su actividad al amparo de becas o alguna de las muchas modalidades que permiten que realicen prácticas no retribuidas en las empresas, que sin embargo encubren verdaderas relaciones laborales, es decir por el hecho de ser joven existen muchos más mecanismos de explotación justificados por la siempre necesaria formación.
No es alarmista señalar que nuestros jóvenes son trabajadores inmersos en un ambiente generalizado de explotación laboral, contratados como mano de obra barata, en sectores con escaso grado de profesionalización y cuando pueden poner en práctica sus conocimientos y titulación una vez finalizados sus estudios en muchos casos lo hacen de forma no remunerada, a pesar de que quedan integrados en la organización de la empresa y desarrollan trabajo productivo.
Los contratos para la formación, que son uno de los instrumentos de la garantía Juvenil, aumentaron más de un 150 % entre 2012 y 2015 impulsados por las reformas del PP, que bajo la apariencia de querer potenciar una formación dual, flexibilizó los requisitos exigidos a las empresas para acogerse a esta modalidad contractual; se eliminó el requisito de que el trabajador contratado carezca de titulación y se permitió que se encadenaran contratos formativos en la misma o distinta empresa, siempre que sea para ocupaciones diferentes; se produjo una reducción del contenido formativo y se recortó el porcentaje de horas de formación teórica en el segundo y tercer año estimulando la contratación precaria.
Se produjo un aumento de la edad de las personas contratadas y se utilizaba el contrato para la formación para contratar cada vez más, a jóvenes con titulación superior, que ha aumentado un 343% en los años de gobierno del Partido Popular; se polarizaron las ocupaciones para las que se contrata a los jóvenes en formación hacia aquellas que no requieren un alto nivel de cualificación, la mitad de ellos se forman como camareros o dependientes de tiendas y almacenes, actividades además en las que las largas jornadas son habituales.
Asistimos además al incumplimiento sistemático del elemento esencial de los contratos formativos, como es la formación, pues el trabajador dedica a trabajo efectivo el tiempo previsto para la formación teórica, y esa formación no llega a existir realmente, máxime cuando la mayor parte de las empresas optan por la formación a distancia. De esto deriva otro de los fallos del sistema que es la falta de vinculación del trabajador “ya formado” a la empresa, pues el número de contratos convertidos en indefinidos apenas representa el 2% de los realizados (a pesar de que esta conversión también se bonifica pero la empresa prefiere contratar a otro trabajador)
Además, la aplicación del Plan de Garantía Juvenil ha estado más centrado en favorecer económicamente a las empresas a través tanto del reintegro de los costes de la actividad formativa (en numerosos casos inexistente), como de las bonificaciones del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, por lo que su uso abusivo ha afectado de forma grave a la Caja de la Seguridad Social.
Así la empresa dispone de uno o varios trabajadores jóvenes (pues no hay límite), que trabajan toda la jornada o más, por lo que les queda poco tiempo para formarse y por un salario inferior al legal o convencionalmente establecido, pues se percibe por el tiempo de trabajo efectivo que consta en el contrato, con un coste cero en materia de cotizaciones y además temporal de uno a tres años, un auténtico regalo del sistema.
Seguro que coincidimos en que va a ser necesario algo más que un Real Decreto Ley de impulso de la Garantía Juvenil para afrontar el desempleo juvenil y el uso de los trabajadores jóvenes como mano de obra barata o incluso gratuita; por lo que no estaría de más dejar la autocomplacencia y realizar entre todas las fuerzas políticas, los agentes sociales y las administraciones implicadas un diagnóstico serio y preciso de todos los instrumentos a través de los cuales se gestiona el empleo de los jóvenes, así como una revisión de aquellas modalidades contractuales que han traído a esta situación, incluidas las becas y similares, buscando además una implicación voluntaria o forzada del sector privado en la búsqueda de un empleo digno para nuestros jóvenes .