La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a desatar la polémica en un nuevo alarde de cinismo político. En su intervención este martes durante el V Foro Económico Wake Up, Spain!, la líder del Partido Popular en Madrid cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez por lo que calificó como “ataques” a la presunción de inocencia,al tiempo que defendía a su entorno más próximo de investigaciones judiciales por corrupción y uso indebido de fondos públicos.
Con una retórica que rozó lo delirante, Ayuso llegó a advertir que “una democracia sin ley lleva al guerracivilismo, a la miseria y a la dictadura”. Sin embargo, lo que no dijo es que su apelación a la legalidad y a los valores constitucionales se aplica solo cuando conviene a sus intereses políticos y a la defensa de los suyos.
El doble rasero de la presidenta
Resulta insultante para cualquier ciudadano que Ayuso se erija en paladina de la legalidad mientras, al mismo tiempo, arremete contra el Gobierno por pronunciarse sobre casos como el de Dani Alves o el de su propio entorno. En su particular interpretación de la justicia, los casos que afectan al PP deben ser tratados con sumo respeto y prudencia, apelando siempre a la “presunción de inocencia”, mientras que los que afectan a miembros o allegados del Gobierno de coalición se airean y se condenan públicamente sin esperar a que la justicia actúe.
Ese doble rasero se ha hecho evidente durante los últimos meses en los que la presidenta madrileña ha defendido con uñas y dientes a su pareja —investigado por fraude fiscal y falsedad documental— mientras no ha dudado en señalar a familiares del presidente del Gobierno como culpables antes siquiera de que existieran indicios sólidos o imputaciones formales. ¿Dónde queda entonces su defensa de la “justicia neutral” o del “ordenamiento jurídico básico”?
La “democracia popular” según Ayuso
La presidenta regional no se detuvo ahí. En su discurso, apuntó contra lo que denominó “democracia popular”, un término que usó para descalificar cualquier modelo que no se ajuste al neoliberalismo que ella defiende como único camino posible. Bajo su argumento, cualquier intento del Estado por intervenir en la economía, limitar abusos del mercado o regular las universidades privadas, se convierte automáticamente en una amenaza a la libertad y en la antesala de un régimen autoritario.
Ayuso, que gobierna con una mayoría gracias al desgaste del bloque progresista, insiste en apropiarse de la idea de España, de la Constitución y del liberalismo, como si fueran conceptos exclusivos de su ideología. Y lo hace sin pudor, incluso cuando habla de "miseria y dictadura" mientras en su comunidad aumentan la desigualdad, los precios de la vivienda se disparan y el sistema sanitario público se desmorona por falta de recursos.
Universidades privadas: otro frente de ataque
En otro tramo de su intervención, Díaz Ayuso salió en defensa de las universidades privadas, acusando al Gobierno central de querer limitar su proliferación por motivos “sectarios”. Afirmó que restringir su creación sería “un suicidio para una región cada vez más internacional y próspera”, olvidando mencionar que la expansión de estos centros no va acompañada de garantías de calidad educativa ni de control público, y que muchos de ellos han estado envueltos en escándalos por titulaciones exprés y vínculos con el poder político y empresarial.
La presidenta madrileña insistió en que los estudiantes que acuden a la universidad privada “no son necesariamente ricos”, una afirmación que choca frontalmente con la realidad: las tasas en estos centros superan con creces a las de la educación pública y muchas familias se ven abocadas a endeudarse si quieren acceder a ellas. Su defensa entusiasta del modelo privado contrasta con su desdén constante por la educación pública, a la que ha recortado año tras año.
Una estrategia para deslegitimar al Gobierno
Ayuso no está sola en este discurso. Forma parte de una estrategia calculada del Partido Popular para erosionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero lo hace con una virulencia particular, utilizando conceptos como “guerracivilismo” que evocan tiempos oscuros y que, lejos de contribuir al debate democrático, alimentan la polarización y el odio.
Sus palabras no son inocentes. Cuando acusa al Gobierno de “justicia de autor” está trasladando la idea de que cualquier investigación judicial que no afecte al PP está politizada, mientras que las que afectan a su partido son persecuciones injustas. Esta lógica no solo es falaz, sino profundamente peligrosa para la democracia, porque pone en duda la legitimidad de las instituciones judiciales y siembra la sospecha de que todo está manipulado.
¿Libertad o impunidad?
La presidenta de la Comunidad de Madrid lleva años enarbolando el lema de “libertad” como si fuera un escudo frente a cualquier crítica. Pero lo que realmente defiende no es la libertad, sino la impunidad de los suyos. Cuando pide “no acostumbrarse a los abusos, a la arbitrariedad”, lo dice justo después de haber utilizado dinero público para pagar privilegios en sus viajes personales y de haber concedido contratos millonarios en pandemia a conocidos sin experiencia.
Ayuso se presenta como adalid de la verdad, pero construye su discurso sobre la mentira. Habla de respeto a la ley mientras desacredita las decisiones judiciales que no le gustan. Defiende la presunción de inocencia, pero solo cuando se trata de los suyos. Señala al Gobierno como autoritario, mientras concentra cada vez más poder en su comunidad y castiga la disidencia con recortes y desprecio.
Quien advierte de dictaduras desde un atril no siempre lo hace para defender la democracia. A veces lo hace para ocultar su deriva autoritaria.