El Congreso de los Diputados ha dado este martes un paso importante para frenar a quienes, bajo la apariencia de periodistas, utilizan sus acreditaciones institucionales para hostigar, interrumpir y difundir bulos en el corazón del sistema democrático. Con 174 votos en contra y 166 a favor, la Cámara ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, lo que permite que siga su curso la reforma del Reglamento parlamentario impulsada por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria.
Esta reforma no va contra la libertad de prensa. Va contra el uso fraudulento de la acreditación para desestabilizar la convivencia parlamentaria y convertir las ruedas de prensa en escenarios de acoso político. Y también contra la impunidad con la que algunos pseudoperiodistas, vinculados a la extrema derecha, han conseguido acceder a las instituciones para actuar como altavoces de propaganda y odio.
Rufián responde a Vito Quiles desde el hemiciclo
Durante el debate, uno de los momentos más comentados lo protagonizó Gabriel Rufián, portavoz de ERC, quien desde la tribuna de oradores se dirigió al agitador Vito Quiles —frecuente protagonista de altercados en el Congreso— para lanzar un reto con ironía: “Hagamos un trato, señor Quiles. Si usted me promete que preguntará a Abascal por la financiación ilegal de Vox, a Ayuso por las mordidas de su entorno durante la pandemia y a Mazón por su ausencia en la tragedia de El Ventorro, entonces yo me comprometo a no apoyar la expulsión de propagandistas de ultraderecha”. La respuesta de Quiles no tardó en llegar por redes sociales, intentando desviar el foco hacia una vieja promesa del diputado republicano de abandonar el Congreso en año y medio.
Sobre tratos y propagandistas. pic.twitter.com/QdrysVOTBm
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 8, 2025
Pero el fondo del asunto va mucho más allá de los rifirrafes entre políticos y agitadores: se trata de recuperar el respeto institucional y la protección a quienes, sí, hacen periodismo desde el Congreso.
Un Consejo contra el acoso y la desinformación
La iniciativa busca modificar el artículo 82 del Reglamento de la Cámara Baja para regular el procedimiento de concesión y renovación de credenciales a informadores, y establecer un régimen sancionador claro frente a comportamientos que impidan el desarrollo normal del trabajo periodístico.
Para ello, se creará el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, que estará compuesto por representantes de todos los grupos políticos y asociaciones de prensa. Este organismo podrá proponer sanciones a quienes utilicen su acreditación para interrumpir actos, difundir imágenes captadas ilegalmente o insultar y amenazar a diputados y periodistas.
Se distinguirán dos tipos de infracciones: graves y muy graves. Entre las primeras figuran acciones como acceder a zonas restringidas, interrumpir ruedas de prensa o usar material gráfico sin permiso. Las muy graves incluyen insultos, amenazas o la publicación de grabaciones clandestinas. Las sanciones oscilarán desde la suspensión temporal de la acreditación hasta la retirada definitiva.
PP y Vox: en defensa de los altavoces del bulo
A pesar de la claridad de la propuesta, el PP y Vox han intentado bloquearla con argumentos que rozan lo delirante. José María Figaredo (Vox) acusó a los impulsores de querer “amordazar a los periodistas que hacen preguntas incómodas”, mientras Cayetana Álvarez de Toledo (PP) calificó al Consejo Consultivo como “un soviet” y defendió que la presidenta de la Cámara ya tiene herramientas suficientes para intervenir si se perturba el orden.
Sin embargo, lo que estos partidos no mencionan es que durante meses han amparado y defendido a individuos que no informan, sino que hostigan, persiguen y ridiculizan a políticos y periodistas progresistas. Su oposición a la reforma deja clara su voluntad de mantener abiertos los micrófonos a quienes alimentan el ruido y la polarización desde el Congreso.
El derecho a la información no es impunidad
Desde organizaciones profesionales, como la Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT), se ha señalado reiteradamente la urgencia de frenar a quienes hacen del acoso su herramienta habitual. En un reciente comunicado, la AGP-UGT denunciaba que “el crecimiento de los llamados pseudoperiodistas no es espontáneo ni marginal: es una estrategia organizada para erosionar el periodismo profesional y minar la confianza pública”.
El periodismo libre necesita garantías y respeto. Si quienes acuden al Congreso lo hacen para gritar, grabar en secreto y lanzar acusaciones sin pruebas, no están informando: están haciendo política desde la sombra, con una cámara en la mano y un guion dictado desde la extrema derecha.
El 22 de julio, clave para cerrar el paso al ruido
Tras el rechazo a las enmiendas del PP y Vox, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas parciales. La tramitación continuará con reuniones a puerta cerrada el 14 de julio y un debate público en la Comisión de Reglamento el 17, con el objetivo de llevar la reforma al pleno del Congreso el próximo 22 de julio.
Ese día, si no hay sorpresas, el Parlamento dará luz verde a una herramienta legal que pone límites a los abusos de quienes han pervertido la profesión periodística para atacar la democracia desde dentro.
No se trata de censurar. Se trata de proteger: a las instituciones, a los periodistas que sí cumplen con su deber, y a una ciudadanía que tiene derecho a ser informada sin manipulaciones, sin ruido y sin miedo.