La Audiencia de Barcelona ha avalado la prórroga de la instrucción dictaminada por la jueza instructora, Alejandra Gil, para que pueda llevar a cabo nuevas diligencias en el caso Negreira, entre ellas la toma de declaración de los imputados porque salvo el caso del exvicepresidente del CTA, los otros investigados no han pasado por el juzgado lo que, a juicio de sus abogados, les ha causado indefensión. Estos son los expresidentes del Barça, Sandro Rosell, y Josep María Bartomeu, los directivos, Albert Soler, y Óscar Grau, y Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enríquez Negreira, así como el Futbol Club Barcelona como entidad jurídica. Se daba por seguro el archivo de la causa debido a la parálisis que provocó el cambio de titular del juzgado número 1 de Barcelona. Joaquín Aguirre fue sustituido por la magistrada Gil quien, en un principio, y hasta que pudo ordenar el trabajo retrasado, dejó en un segundo plano las causas mediáticas que con tanto mimo instruía su antecesor. Pero ahora ha decidido que el caso debe llegar hasta el final y dictar auto de procedimiento abreviado previo al juicio.
Además, si la magistrada no ha podido tomar declaración a los imputados, Rosell y Bartomeu, se debe a que sus abogados alegaron que los días previstos en la citación tenían que atender otros señalamientos fijados con anterioridad. Lo debían de hacer este mes. Ahora la jueza deberá citarles de nuevo pero tiene plazo de sobra ya que la provincial de Barcelona ha avalado la prórroga de 6 meses a pesar de que el defensor de Soler manifiesta que el auto en el que se les comunica se recibió fuera de plazo y que la resolución se había escrito manualmente.
El recurso de apelación suscitó ciertas expectativas de que, finalmente, se iba a dar por archivada la causa. En realidad, el anterior titular del juzgado, Joaquín Aguirre, llevaba tiempo sin practicar diligencia alguna en el caso en el cual se investigan las responsabilidades penales derivadas del pago a Enríquez Negreira, vicepresidente de los árbitros, de 7,6 millones de euros entre 2001 y 2018. El dirigente arbitral, que intentó sustraerse a la obligación de declarar alegando demencia, al final reconoció que la entidad le pagó para evitar que se tomaran decisiones en contra del club. En un principio se dijo que los pagos, demostrados por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, obedecían a la elaboración de unos estudios de asesoramiento técnico sobre arbitraje. Se pretendía obtener información y análisis para comprender mejor las decisiones arbitrales y mejorar su rendimiento en el campo.
En posteriores averiguaciones aparece el hijo del Enríquez Negreira, Javier Enríquez, que facturaba al FCB a través de la sociedad Tresep, propiedad del exdirectivo del club, Josep Contreras Arjona, que, a cambio, obtenía una comisión que podía llegar al 50% de lo facturado. Ya entraban en juego directivos de la entidad por lo que la calificación delictiva se modificó introduciendo la corrupción entre negocios privados. También se descubrió que, además del cobro del dinero en negro que se pudo canalizar a través de la mujer de Enríquez Negreira, éste obsequió a los árbitros con diversos regalos como tarjetas amarillas y rojas personalizadas, y monedas para sortear los campos con el nombre y apellidos de los beneficiarios, así como jamones por un valor total de 10.000 euros, entradas para partidos de futbol, palas de playa, sombrillas y bolsas enfriadoras.
También ha quedado demostrado que su hijo visitaba con frecuencia a los árbitros que se hacían cargo de los encuentros que disputaba el Futbol Club Barcelona. Según el fiscal, entre los servicios que habría contratado el Barça figuran que el club dispusiera de una interlocución con la RFEF, que el comité de competición, encargado de las sanciones disciplinarias a los jugadores, no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños, que el vicepresidente recomendara qué tarjetas amarillas o expulsiones podrían ser recurridas tras algún partido, mantener informada a la entidad de posibles desavenencias entre la Federación y la Liga, y, por último, la elaboración por parte de Javier Enríquez de informes técnicos analizando actuaciones arbitrales.
La instrucción se encuentra bastante avanzada y el ministerio público ha recabado suficientes indicios como para pedir el procesamiento y apertura de juicio oral. Según el procedimiento sólo faltaría el interrogatorio de los imputados, el paso obligatorio para declarar su procesamiento y la conversión de las diligencias en procedimiento abreviado. Las fuentes consultadas creen que va a ser necesaria otra prórroga más, ya que la actual concluye en septiembre y, entre las dilaciones y recursos de los abogados y teniendo en cuenta el periodo de vacaciones judiciales en agosto, no va a dar tiempo a practicar esas diligencias por lo que será necesaria una nueva prórroga que prolongará la causa hasta la primavera de 2026.
Además, el proceso se ha politizado. Uno de los imputados es el exdirectivo Albert Soler cuyo abogado es el más activo de los de la defensa. Soler fue secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes en 2011. Milita en el PSC donde mantiene muy buenas relaciones con los dirigentes socialistas catalanes. Rodríguez Zapatero lo nombró secretario de Estado. Renunció al cargo para presentarse en la lista del PSC al Congreso de los diputados obteniendo un escaño al que renunció para incorporarse al Futbol Club Barcelona como director de relaciones institucionales. En marzo de 2023 la fiscalía le denunció como cómplice y responsable en el caso Negreira, y la Federación Española de Futbol por prevaricación y omisión de su deber al permitir y favorecer la corrupción mientras era miembro del CSD.
En fuentes jurídicas se asegura que Soler sigue manteniendo buenas relaciones con la cúpula socialista y con los actuales directivos del deporte y se dice que fue el que llevó a cabo las gestiones para que el CSD autorizara fichajes al club que le estaban vetados por su situación financiera. Lo que ocurre es que, ahora mismo en el PSOE, nadie está en condiciones de ayudar a un imputado judicial tal y como están las cosas en el partido. Pero Soler insiste a través de su abogado. Utiliza el resquicio de la dilación del proceso mediante la presentación de recursos para que el caso pase a un segundo plano mediático, algo que favorece al FCB y a los imputados. De ahí que se llegase a aventurar la posibilidad del archivo de la causa. Algo a lo que los jueces no están dispuestos.