La declaración de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha añadido una nueva pieza clave al rompecabezas judicial que trata de esclarecer qué falló el 29 de octubre, cuando una DANA devastadora arrasó varias localidades valencianas y dejó 228 víctimas mortales. Bernabé ha confirmado este lunes, en calidad de testigo ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que ofreció a las 12:23 horas la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) al Consell, en concreto a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. La Generalitat no solicitó formalmente ese contingente militar hasta más de dos horas después, a las 14:54 horas.
La delegada del Gobierno ofreció ayuda militar ocho horas antes del mensaje de alerta; la entonces consellera Pradas tardó más de dos horas en responder, pese a los avisos de vecinos atrapados
La delegada ha comparecido durante más de una hora ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, quien investiga posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes por parte de responsables de la Generalitat en la gestión de aquella emergencia. Su testimonio ha estado acompañado de un listado preciso de llamadas, horarios y contenidos que respaldan su versión. Entre ellas, destaca una conversación en la que, ante la gravedad de la situación en Utiel, Bernabé insistió: “Pídeme la UME, por favor”.
El aviso llegó tarde
La cronología que ha presentado la delegada revela que, aunque se conocía la intensidad de las lluvias desde primera hora de la mañana y se había decretado alerta roja meteorológica, el mensaje masivo de alerta —conocido como ES-Alert— no fue enviado a los móviles de la población hasta las 20:11 horas. A esa hora, muchos vecinos ya estaban atrapados en garajes o bajos inundados, y el número de víctimas comenzaba a crecer.
Bernabé ha recordado que en la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), convocada la tarde del 29 de octubre, se le informó de que en municipios como Paiporta había gente “ahogándose”, y que los equipos de rescate tenían enormes dificultades para acceder a zonas como Utiel. “La consejera [Pradas] nos dijo que iban a parar, que tenían que pensar qué hacer, y que ya nos dirían algo”, declaró la delegada. Según su testimonio, la propia Pradas pidió apagar cámaras y micrófonos en una videollamada con 29 participantes.
Conversaciones con los alcaldes y el president
Desde primera hora de la mañana, Pilar Bernabé canceló su agenda —que incluía un viaje a Córdoba— y convocó una reunión con su equipo a las 9:30 horas, en la que contactó con la Guardia Civil, la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la propia UME. En paralelo, empezó a llamar a alcaldes de zonas potencialmente afectadas, entre ellos los de Utiel y Requena.
En sus comunicaciones con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, Bernabé ha explicado que este se puso en contacto con ella mediante mensajes de WhatsApp desde un número que no era el suyo habitual, alegando problemas con su terminal. La delegada ha afirmado que el presidente no participó directamente en la solicitud de la UME ni en la coordinación de las alertas a la ciudadanía.
“Dije que se avisara a toda la provincia”
Bernabé ha remarcado que pidió en varias ocasiones que la alerta a la población no se limitara a un posible colapso de la presa de Forata, sino que se ampliara a toda la provincia de Valencia por el riesgo generalizado. Sin embargo, el mensaje enviado por la Generalitat omitió cualquier indicación sobre la necesidad de que la población se refugiara en las plantas altas de los edificios, algo que, según la delegada, ella pensaba que sí se incluiría.
La jueza ya ha determinado en resoluciones anteriores que ese mensaje fue tardío, confuso y que, de haberse enviado con antelación y claridad, “se habrían podido salvar vidas”. La Fiscalía, por su parte, también desestimó en su día las querellas contra Bernabé, al no encontrar ninguna omisión de socorro ni indicios de delito por parte del Gobierno central.
Declaración sin presiones
A diferencia de los exaltos cargos del Ejecutivo de Mazón —la exconsellera Pradas y el exdirector de Emergencias Emilio Argüeso—, que fueron increpados a su llegada al juzgado por familiares de víctimas, Bernabé ha accedido al edificio sin protestas. Antes de entrar, ha expresado ante los medios su voluntad de colaborar con la justicia y su intención de responder a todas las partes. “Hoy vengo con ganas y con ánimo de declarar, de ayudar a esclarecer lo que pasó”, afirmó.
Mompó también declara
Horas más tarde, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó (PP), también declaró ante la jueza como testigo. Mompó evitó comentar las declaraciones de Bernabé o la tardanza en el envío de la alerta ES-Alert, escudándose en que debía hablar primero con la magistrada. Sí reconoció que hubo problemas de conexión generalizados ese día en el 112, aunque aseguró que no se le ha requerido su factura telefónica del día de la catástrofe. De ser así, dijo, la entregará “como es su obligación”.
Una investigación con muchos ojos encima
La instrucción sobre la gestión de la DANA sigue abierta, y cada nueva declaración aporta datos relevantes que pueden comprometer o exonerar a los cargos públicos implicados. La jueza Ruiz Tobarra y la Fiscalía ya han dejado claro que la responsabilidad última recae en la administración autonómica, y han rechazado los intentos de vincular los hechos a supuestas negligencias del Ejecutivo central.
Mientras tanto, Pilar Bernabé se ha convertido en blanco de campañas de grupos ultras como Hazte Oír, que han intentado sin éxito hacerla responsable política de lo ocurrido. A día de hoy, su nombre no figura en la lista de investigados, y su testimonio como testigo refuerza la tesis de que el Gobierno central actuó con la diligencia debida.
Lo que sigue ahora es dirimir, con pruebas, llamadas y cronologías, si la Generalitat pudo hacer más —o antes— para evitar que una tragedia meteorológica se convirtiera en una catástrofe humana.