Los abogados de los dos policías que fueron heridos durante las protestas por las condenas de los líderes del procés en octubre de 2019 han presentado nuevas pruebas con las que pretenden la reapertura de la causa que fue archivada por haber sobrepasado el plazo legal de la instrucción que se llevaba a cabo en el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional. Paradójicamente, esas pruebas contenidas en un informe de la Comisaría General de Información, no se refieren a los hechos que se investigaban, y que el entonces titular del juzgado, Manuel García Castellón, llegó a calificar de “terroristas”. Los letrados del bufete Fuster-Fabra, que representan a las dos víctimas, se refieren las relaciones del independentismo con el Kremlin, un aspecto que ya fue tratado en su día por el juzgado número 1 de Barcelona, en el llamado caso Volhov, que fue archivado por orden de la Audiencia de Barcelona advirtiendo al juez instructor, Joaquín Aguirre, de que incurriría en "un fraude de ley" de no hacerlo. Ahora la nueva denuncia está en manos del recientemente nombrado titular del juzgado 6 de la AN, Antonio Piña.
Piña tiene que tomar una decisión complicada. Por una parte, si sigue las instrucciones de sus superiores de la sala de Lo Penal, debería rechazar la petición de los abogados de los policías porque las ordenes fueron tan tajantes que, a su anterior compañero, García Castellón, no le quedó otra alternativa que archivar una causa que la derecha judicial consideró fundamental porque el delito que se imputaba a los investigados era de terrorismo y, por lo tanto, no se les podía aplicar la ley de amnistía. Gracias a ese archivo, Marta Rovira, entonces secretaria general de ERC, Rubén Wasgensberg, secretario de la mesa del Parlament, y Carles Puigdemont, dejaron de ser acusados de ser los dirigentes del movimiento Tsunami Democràtic, que los jueces califican de terrorista. Puigdemont todavía tiene pendientes cuentas con la justicia, pero Rovira y Wasgemberg han podido reanundar su vida con normalidad.
Lo que ocurre es que los hechos que denuncian los abogados de los policías nada tienen que ver con los que investigó García Castellón quien calificó de actos terroristas los sucesos examinados porque presuntamente produjeron la muerte de un ciudadano francés durante la ocupación de la terminal del aeropuerto de El Prat. Ahora se cambian los argumentos. Se describe la llamada “operación Troya” consistente en “una estructura organizacional dirigida a lograr la independencia por la vía unilateral de Cataluña al margen del marco constitucional vigente, contando con el reconocimiento y apoyo de la Federación de Rusia, siguiendo la estela de los procesos coetáneos de anexión y/o independencia de Crimea, Montenegro o Georgia". La denuncia dice que "bajo las órdenes de Carles Puigdemont, la estructura diseñó su propia estrategia, en la que se introducía un elemento novedoso, a la par que subversivo, que consistía en contar con la ayuda económica y política de la Federación de Rusia a cambio del establecimiento de un sistema monetario basado en las criptomonedas y el desarrollo de una legislación ad hoc”. El escrito concluye que, de todo ello “se desprende que en los actos de terrorismo pudieron tener intervención potencias extranjeras las cuales estarían incardinadas en una posible investigación por terrorismo, en la modalidad urbana, como traición según el contenido del citado informe". Y, por lo tanto, solicitan que "se incorpore al procedimiento al tratarse de un hecho nuevo que se entiende trascendente a los efectos del presente procedimiento".
Los hechos descritos en el informe en el que se basan los letrados tienen mucha similitud con los que investigó el juez Aguirre. Sus superiores ya dijeron, en su momento, que las diligencias llevadas a cabo “no conducen a ninguna conclusión”. Se basan en meros indicios sin condición probatoria alguna. Por tal motivo le ordenaron que cerrase la instrucción. Lo que ocurre es que en el caso Volhov nunca se pudo probar la existencia de una trama rusa. Todo lo que se dijo se basaba en testimonios poco creíbles y, como no, en informaciones periodísticas que jamás fueron contrastadas.
Pero ahora hay un informe oficial de un grupo policial al que hay que tener en cuenta legalmente, el de la Comisaría General de Información. Y cabe recordar que esta unidad está encargada de investigar los actos terroristas cometidos en territorio español. Además, según la ley, los informes y testimonios policiales gozan de presunción de veracidad por lo que hay que tenerlos en cuenta judicialmente.
Lo que ocurre es que hay tres instancias que han decidido archivar estos elementos probatorios, y una de ellas es el Tribunal Supremo. Es cierto que las instrucciones judiciales se han cerrado por defectos de forma. Nunca se llegó a entrar en el fondo de la cuestión. Pero eso no tiene que suponer, necesariamente, que el juez Antonio Piña no decida reabrir el caso argumentando la existencia de “nuevos elementos”.
Es poco probable porque esos elementos ya figuraban en la instrucción del titular del juzgado número 1 de Barcelona que fueron rechazados por sus superiores. Abrir, ahora, la “trama rusa” del procès sería fácilmente recurrible por los representantes de los investigados. Es más, habría que replantearse la situación procesal de algunos de ellos que fueron desimputados lo que estaría en los límites del fraude de ley.
Pero los abogados de los dos policías agredidos, que sufrieron secuelas hasta el punto de tener que retirarse del servicio activo, están dispuestos a llegar hasta el final. Habrá que ver si la morma se puede retorcer hasta el punto de reabrir la causa de Tsunami Democràtic. Por ahora parece difícil que esta estrategia prospere.