El Partido Popular ha vuelto a hacer uso de su mayoría en el Senado para preservar lo que muchos consideran indefendible: el legado ideológico de la dictadura franquista. En una maniobra que desnaturaliza el espíritu de la Ley de Memoria Democrática, los populares han cercenado este miércoles la reforma de la Ley de Asociación impulsada por el PSOE, eliminando la posibilidad de disolver entidades que ensalcen el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior.
Una decisión ideológica disfrazada de legalismo
El texto aprobado hoy por la Cámara Alta, tras las enmiendas del PP, excluye expresamente el apartado que contemplaba la disolución de asociaciones que hagan apología del franquismo. En su lugar, los populares han redirigido el foco hacia el enaltecimiento del terrorismo, en especial el de ETA, una cuestión sin duda relevante, pero que nada tiene que ver con el objeto de esta reforma legal: cumplir con la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática.
La modificación de la ley, tal como fue aprobada inicialmente en el Congreso, pretendía cerrar una brecha legal que aún permite la existencia de asociaciones que glorifican abiertamente un régimen que pisoteó durante décadas los derechos humanos y las libertades fundamentales. Eliminar esta posibilidad no es sólo una contramarcha política; es una renuncia deliberada a la condena institucional del franquismo.
Blindaje simbólico al revisionismo
El informe de los letrados del Senado advertía que la reforma podría incurrir en visos de inconstitucionalidad. Sin embargo, la Mesa de la Cámara Alta decidió tramitarla para evitar caer en prevaricación. Resulta llamativo que ese escrúpulo jurídico no se haya aplicado con el mismo rigor a la protección de la memoria de las víctimas del franquismo.
Esta reforma, al menos en su versión original, buscaba precisamente prevenir la banalización del pasado autoritario y evitar que organizaciones amparadas en un discurso pseudocultural o histórico puedan seguir propagando mensajes de odio, menosprecio o humillación hacia quienes padecieron la represión.
El intento de argumentar que la modificación sólo afecta a asociaciones y no a fundaciones, como la Fundación Franco, cuya disolución sigue otro cauce, se desarma cuando se constata que una simple reconversión jurídica podría permitir eludir cualquier sanción. Por eso el PSOE impulsó en paralelo esta reforma, consciente del riesgo de que las estructuras del franquismo se adapten para seguir operando.
Con esta decisión, el PP rebaja a una cuestión partidista lo que debería ser un imperativo democrático: la condena clara y sin matices de toda forma de exaltación del franquismo. En un país que aún arrastra fosas comunes y heridas sin cerrar, permitir que asociaciones con discurso totalitario sigan existiendo es un insulto a la historia, a la justicia y a las víctimas.
La memoria no puede ser selectiva, ni su defensa puede depender del color político de quien gobierne. Con esta reforma desvirtuada, el Senado ha dado la espalda al espíritu de reconciliación verdadera que solo se construye desde la verdad, la justicia y la reparación. Y lo ha hecho con la firma de un partido que dice defender la Constitución mientras se aferra, en los hechos, a la sombra de una dictadura que la negó.