En Génova han tomado la decisión de cuestionar las sentencias del Tribunal Constitucional. Para ello se basan en un auto del Tribunal Supremo en el que se insinúa la posibilidad de investigar algunas resoluciones de la corte de garantías “si sus magistrados responden al producto de una voluntad que se convierta de forma irrazonable en normatividad”. Así lo expresó un juez conservador de la sala de Lo Penal en una reciente resolución en la que dice que “el Constitucional ha desbordado su jurisdicción como órgano de garantías para poder anular nuestra sentencia. Se extralimitó en sus funciones e invadió las competencias del Supremo, a quien corresponde en exclusiva la interpretación de los tipos penales”. Ahora se plantea la posibilidad de procesar al presidente Cándido Conde Pumpido. La derecha judicial y el Partido Popular se olvidan de que la ley del Tribunal Constitucional es tajante al respecto: sus resoluciones no pueden ser cuestionadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. Aún así, desde la derecha política hasta la judicial pasando por todos los estamentos conservadores, se ha iniciado un ataque contra los magistrados progresistas en los que se incluyen querellas. Ahora mismo, en los servicios jurídicos de los populares se estudia la posibilidad de iniciar acciones legales por prevaricación concretándolas en el fallo que declaraba nula la sentencia de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el TS, por malversación de caudales en el caso de los Eres de Andalucía.
El PP está recurriendo sentencias del Tribunal Constitucional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En público, Alberto Núñez Feijóo, acusa a la corte de garantías de “manosear” sentencias del Supremo y de servir al PSOE. Asociaciones ultraderechistas se querellan contra los magistrados del bloque progresista del Constitucional mientras jueces y fiscales propagan descalificaciones contra el órgano de garantías en actos públicos del partido conservador. Es más. Se ha elevado una protesta ante el comisario europeo de Justicia por lo que consideran “vulneración del Estado de Derecho”. De momento sólo es un gesto, pero las instancias judiciales europeas que, recordemos, son las que tienen la última palabra en esa materia, tienen encima de la mesa recursos que, aunque no paralizan las decisiones del TC, sí, al menos, las cuestionan ante la opinión pública.
Está claro que el Partido Popular va a llevar hasta sus últimas consecuencias una ofensiva contra los siete magistrados progresistas del TC que tienen la mayoría en el seno de la institución. Es otra de las fórmulas que está utilizando la derecha de este país que se niega a aceptar los resultados de las urnas en las elecciones del verano de 2023. Esos resultados suponen el cambio en los organismos públicos, tanto los administrativos como los jurídicos. El cambio de mayorías en el Constitucional costó, incluso, una maniobra que fue calificada por muchos expertos como “golpe institucional” cuando se pretendió cambiar la ley para desbloquear la elección de los magistrados, un bloqueo, como en otros organismos, propiciado por los populares. Al final pudo más el temor a que ese bloqueo acabase por colapsar las instituciones y se aceptó iniciar el proceso de renovación. El resultado de todos es conocido. El pleno del TC está compuesto por siete magistrados progresistas y cinco conservadores. Una mayoría suficiente para sacar adelante resoluciones que no gustan en la derecha porque muchas de ellas contradicen las de instancias como el Supremo.
El principio de jerarquía jurídica en el Estado español otorga a la Constitución el rango de ley superior y al Constitucional su máximo intérprete. Eso quiere decir que, si el órgano de garantías declara contraria a la Carta Magna una sentencia de la jurisdicción ordinaria, incluido el Supremo, hay que acatar esa decisión. Y no se puede exigir, tal y como han dicho algunos jueces de la Sala de Lo Penal, la investigación de un presunto delito de prevaricación. No obstante, hay que aclarar que la relación del TC y el TS no es jerárquica sino competencial, pero en la práctica sí que se puede considerar que existe subordinación del Tribunal Supremo al Constitucional en el aspecto en que este último puede anular las resoluciones del primero, cosa que no puede suceder al revés. Un ejemplo lo tenemos en la famosa sentencia del caso Urbanor en la que la corte de garantías anuló, el 19 de febrero de 2008, la sentencia de la corte suprema sobre el mismo caso.
El malestar de los jueces del Supremo con el Constitucional viene de hace unos meses cuando se dictó la sentencia sobre los Eres de Andalucía. La dureza que se emplea en el fallo contra la jueza instructora, la Audiencia de Sevilla y el propio TS no sentó nada bien en los despachos de la plaza de la Villa de París. A partir de ahí, la estrategia de la derecha judicial consiste en hacer de contrapoder a las actuaciones de un organismo que consideran dominado por la izquierda con especial énfasis a su presidente, Conde-Pumpido.
La derecha política ha decidido sumarse a esta estrategia y Núñez Feijóo ha arremetido contra la mayoría progresista del TC olvidándose de que fue designada mediante un acuerdo en función de lo que señala la normativa. Dos de los últimos magistrados los eligió el anterior Consejo General del Poder Judicial, conservador, a pesar de llevar caducado cinco años, y los otros dos el gobierno. El resto de jueces son nombrados por tres quintos de los miembros del Congreso y del Senado. Su mandato dura nueve años. Casi todos llevan algo más de tres salvo el conservador Ricardo Enríquez que, con diez años, ya ha sobrepasado su tiempo de mandato. Este magistrado del Supremo fue elegido por el Senado y su sustitución corresponde a la cámara alta. El problema es que, con la bipolarización existente, a nadie debe de extrañar que su sustituto fuese vetado.
Aun en la hipótesis de que se aceptase un nuevo nombramiento, éste sería de tendencia conservadora, como es Ricardo Enríquez, por lo que no se modificaría la actual correlación de fuerzas. Para que los actuales jueces progresistas cesen de sus cargos tienen que pasar al menos tres años. Y para entonces es muy probable que se hayan celebrado nuevas elecciones parlamentarias sin saber, a ciencia cierta, cual será la nueva composición de las cámaras. Y eso es lo que escuece en Génova. Que no hay posibilidad de cambiar una institución que se encuentra fuera de su control y forma una categoría propia con reconocimiento diferenciado en la carta magna. Esa es la razón de semejante ataque tan virulento que no tiene precedentes en los 45 años de funcionamiento del sistema.