El macabro contador de crímenes por terrorismo machista ha comenzado a correr este 2018 con el caso de Jénnifer, de 46 años y origen venezolano residente en la localidad tinerfeña de Los Realejos desde hace casi dos décadas. Un crimen ‘de libro’ de justicia patriarcal, donde se cumplen uno por uno todos y cada uno de los fallos concatenados de una justicia patriarcal que minimiza el riesgo potencial que sufren muchas mujeres maltratadas que acaban siendo finalmente asesinadas por sus parejas o ex parejas después de una deficiente protección personal tras una asistencia jurídica más que mejorable.
Se abre el debate sobre la necesidad de impulsar órdenes de protección a víctimas aunque no las soliciten
Este es el panorama desolador que no se cansan de denunciar expertos en violencia de género consultados por Diario16. Tanto abogados especializados en violencia machista y familia como juristas coinciden en que una errónea interpretación jurídica del riesgo que sufren estas víctimas de violencia machista, unido al estado emocional extremo en que se encuentran estas mujeres que posibilita la retirada de las denuncias, desemboca todo ello en muchos casos en un nuevo crimen machista que se podría haber evitado si la justicia hubiera puesto de antemano todos los medios a su alcance más allá de una interpretación de la ley tan ortodoxa como laxa.
Los últimos balances trimestrales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género constatan esta realidad. El correspondiente al segundo trimestre del pasado 2017 subraya que casi una de cada tres sentencias dictadas sobre violencia de género es absolutoria para los presuntos maltratadores, y todo ello pese a que se ha incrementado tres puntos el porcentaje de sentencias condenatorias, hasta llegar al 67,2% del total de denuncias interpuestas por las víctimas.
Pese al incremento paulatino en los últimos meses de las órdenes de protección adoptadas respecto al total de solicitadas, aún se siguen rechazando casi una de cada tres solicitudes. Prácticamente una de cada tres maltratadas –exactamente el 32,10% de las mujeres que reclaman ser protegidas por el Estado de sus presuntos maltratadores– se quedan sin este respaldo fundamental para estas mujeres por decisión judicial. Es lo que le ha ocurrido a Jénnifer. Sólo 11 días después de que el pasado 8 de enero denunciara a su marido, del que estaba en trámites para el divorcio, éste la asesinó de varias puñaladas. La mujer maltratada le comunicó al juez que no necesitaba protección ni tampoco que dictara una orden de alejamiento sobre su víctima, por lo que el magistrado calificó de “bajo” el riesgo potencial de Jénnifer de sufrir una agresión.
Lo que no llegó a valorar el juez mediante las herramientas forenses pertinentes fue el estado emocional en el que llegaba esta mujer a los juzgados, un vector fundamental para calibrar hasta qué punto una víctima necesita o no protección más allá de sus propias declaraciones ante el juez, ya que en muchos casos acceden a denunciar pero después se echan atrás por miedo a muchas circunstancias, entre ellas el no tener la certeza de que van a ser protegidas con efectividad por los recursos del Estado.
El balance del Poder Judicial quiere resaltar que se siguen incrementado el número de solicitudes de órdenes de protección respecto al mismo trimestre de 2016, una cantidad que no se traduce en paralelo con idéntico incremento de solicitudes aceptadas ya que en este sentido el incremento ha sido solo del 4,2% de solicitudes de protección aceptadas por los órganos judiciales.
El Observatorio informa que se habían solicitado un total de 11.776 órdenes de protección en los diferentes órganos judiciales durante el segundo trimestre del año. De ellas, una amplísima mayoría, 10.242 órdenes de protección (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas), fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 1.534 lo fueron en los juzgados de guardia.
