En un fallo histórico que podría impactar a miles de consumidores españoles, el Tribunal Supremo ha reafirmado su posición respecto al plazo de prescripción para la reclamación de gastos hipotecarios indebidos, alineándose con la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia 857/2024, emitida el 14 de junio por el Pleno de la Sala Primera, marca un hito en la jurisprudencia española sobre este tema.
El caso en cuestión, registrado bajo el número CAS 1799/2020, se centró en determinar cuándo comienza a correr el plazo para que los consumidores reclamen la restitución de los gastos hipotecarios que fueron cobrados indebidamente por las entidades prestamistas. Según la sentencia del Tribunal Supremo, a menos que el banco demuestre que el consumidor tenía conocimiento previo de la abusividad de la cláusula en cuestión, el plazo de prescripción comienza a contar desde la fecha en que la sentencia que declara la nulidad de dicha cláusula se vuelve firme.
En el recurso examinado, el tribunal concluyó que el banco demandado no pudo demostrar que los consumidores hubieran sido informados previamente sobre la naturaleza abusiva de los gastos hipotecarios. Por lo tanto, la acción de restitución no estaba prescrita al momento de interponer la demanda.
Esta decisión representa un triunfo significativo para los consumidores afectados, quienes podrán ahora reclamar la restitución de estos gastos sin temor a que sus acciones sean consideradas tardías debido a plazos prescriptivos disputados. Además, consolida la protección del consumidor en el ámbito de las cláusulas abusivas en contratos hipotecarios, al establecer un marco claro para la determinación de los plazos de prescripción.
El impacto de esta sentencia no se limita al ámbito legal, sino que también podría tener repercusiones económicas y sociales importantes, ya que miles de afectados podrían ahora buscar la restitución de cantidades significativas de dinero que pagaron indebidamente en concepto de gastos hipotecarios.
La decisión del Tribunal Supremo, respaldada por la jurisprudencia europea, marca un precedente crucial en la protección de los derechos de los consumidores españoles en materia hipotecaria, reafirmando la importancia de la transparencia y la equidad en las relaciones contractuales entre entidades financieras y particulares.