Carmen Crespo, eurodiputada y defensora radical del lobby de la agroindustria, al ataque contra el ecologismo

Ecologistas en Acción responde ahora a las palabras de Crespo para aclarar que su campaña, El Verdadero Precio de los Alimentos, "no está criminalizando al sector agrario"

07 de Mayo de 2025
Actualizado a las 12:47h
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La eurodiputada del Partido Popular Carmen Crespo. | Foto: Parlamento Europeo
La eurodiputada del Partido Popular Carmen Crespo. | Foto: Parlamento Europeo 

Ecologistas en Acción, junto a otras entidades de la sociedad civil, estuvieron el pasado 29 y 30 de abril en Bruselas para denunciar los impactos negativos de la agroindustria y exigir un cambio en la política agraria europea. Este hecho ha desencadenado lo que la organización define como "unas declaraciones infundadas y generadoras de confusión de Carmen Crespo, eurodiputada y exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, en las cuales acusaba a Ecologistas en Acción de criminalizar el sector agrícola andaluz y murciano".

La organización ecologista responde ahora a las palabras de Crespo para aclarar que su campaña, El Verdadero Precio de los Alimentos, no está criminalizando al sector agrario: “El sector agrario no es la agroindustria, y dentro de este agronegocio hay algunos operadores, aún muy pocos, que hacen las cosas bien”. Asimismo, considera "urgente" señalar los "efectos nocivos de la  agroindustria actual sobre el medioambiente y las personas". Además, denuncia que debido al modelo orientado a la explotación, los mercados y grandes cadenas de minoristas en el norte de Europa son también corresponsables de estos efectos.

Los ecologistas acusan "a la agroindustria que incumple la ley en Murcia, Almería, Granada, Málaga y Huelva y otros lugares, que promueve modelos de explotación de recursos y personas, dejando un rastro de todo tipo residuos contaminantes: plaguicidas, plásticos que acaban en el suelo, aire y agua como micro y nanoplásticos, con sobreexplotación de recursos indispensables para la vida como el agua y ocupación masiva del territorio destruyendo hábitat de elevado interés ecológico como los humedales". También afirman que los pequeños y medianos agricultores y agricultoras también son víctimas de la agricultura industrial "que les complica su actividad hasta tener que abandonarla, dejando así paso libre a las grandes empresas y a los fondos de inversión".

Las consecuencias de la agroindustria para la sociedad

Las consecuencias son bien conocidas por toda la sociedad: pérdida de hábitat de gran interés y de biodiversidad, sobre todo de insectos, indispensables en agricultura; eutrofización y colapso de ecosistemas acuáticos por la acumulación de fosfatos y nitratos procedentes de los fertilizantes, ejemplificado claramente en los episodios de mortandad de peces en el Mar Menor, en Murcia; miles de vertederos ilegales que, en Almería, alimentan el Mediterráneo de microplásticos arrastrados a través de las ramblas de forma alarmante desde hace 45 años; pantanos vacíos en una tierra sedienta y acuíferos sobreexplotados con radiactividad que provocan restricciones de agua de boca y dependencia de desaladoras con gran consumo energético y, que con el apagón, dejaron sin agua a varios municipios del poniente almeriense; o el colapso de Doñana, provocado en gran medida por la sobreexplotación agrícola de los acuíferos que nutren el humedal.

Casi 3.000 millones de beneficios y temporeros acogidos en infraviviendas

Con unos beneficios próximos a los 3.000 millones de euros en la campaña 2023/24 de agricultura bajo plástico en Almería, y aumentando la superficie dedicada a agricultura intensiva cada año, continúan sin resolverse problemas estructurales como la insuficiencia de sistemas de gestión de residuos agroindustriales, la puesta a punto de la depuración del agua, o las viviendas dignas para temporeros/as.

Mientras, según Ecologistas en Acción, "el control, la vigilancia y las sanciones de las Administraciones es escasa e insuficiente, afectando de forma especialmente grave al incumplimiento de los derechos humanos y laborales de personas migrantes trabajadoras del sector, vulnerados sistemáticamente", como muestran el informe Frontera Sur 2025 y el video La voz del invernadero, presentado por la organización en el Parlamento Europeo.

Afirman que, en sus declaraciones, Carmen Crespo ha destacado el cumplimiento de la normativa europea en el modelo agrícola en Andalucía y Murcia. "La eurodiputada está  obviando muchas cuestiones más que evidentes y demostradas sobre el incumplimiento de la normativa por un elevado porcentaje de productores/as. Quizás la eurodiputada aún no haya tenido tiempo de leer a fondo el informe presentado al Parlamento sobre el que funda sus declaraciones",‘La huerta, en oferta. La contaminación por nitratos y el papel del comercio alimentario alemán’, basado en resultados de un meticuloso estudio de informes propios de Ecologistas en Acción  y de otras instituciones como APDHA, CSIC o universidades como la de Jaén, Málaga y Almería, sobre hechos reales, basados en análisis de un elevado número de muestras recogidas in situ por especialistas de Ecologistas en Acción y  elaborados por laboratorios de renombre nacional y europeo; los cientos de vertederos ilegales señalados por personas registradas en la web de Ecologistas en Accion  (Stop Vertidos Ilegales) donde hay más de 500 puntos de vertidos plásticos de la agroindustria sobre la naturaleza, que han quedado registrados con la ubicación o la sentencia de incumplimiento de Estado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2024, en la que se evidencia que la Región de Murcia no ha adoptado las medidas adicionales o acciones reforzadas necesarias en relación con la contaminación por nitratos, entre otras cuestiones.

Por último, recalca Ecologistas en Acción: "Sólo respondemos a nuestro objetivo de denunciar injusticias sociales y ambientales, haciendo un ingente trabajo de voluntariado, con gran esfuerzo personal y colectivo, con pocos medios y recursos —salvo los que otorga la ciudadanía— según la legalidad vigente. Le pese a quien le pese, a gobiernos y Administraciones, señalamos y denunciamos ilegalidades y  proponemos soluciones y alternativas  más respetuosas con las personas y con el medioambiente”.

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