Casi 40 organizaciones exigen al Gobierno y a los bancos dejar de financiar los combustibles fósiles, la deforestación y el militarismo

El Santander o el BBVA en el foco de la misiva de las organizaciones por su impacto en el medioambiente, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, y el apoyo a empresas que contribuyen a la ocupación ilegal de Palestina

11 de Junio de 2025
Actualizado a las 14:59h
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La misiva de las casi 40 organizaciones llega cuando está previsto que del 30 de junio al 3 de julio, Sevilla acoja la Conferencia de Naciones Unidas de Financiación Internacional para el Desarrollo.
La misiva de las casi 40 organizaciones llega cuando está previsto que del 30 de junio al 3 de julio, Sevilla acoja la Conferencia de Naciones Unidas de Financiación Internacional para el Desarrollo.

Entre el 30 de junio y el 3 de julio, Sevilla acogerá la Conferencia de Naciones Unidas de Financiación Internacional para el Desarrollo, que se celebra una vez cada diez años. En este contexto, más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran Alianza por la Solidaridad–ActionAid, Ecologistas en Acción, End Fossil Finance, Juventud por el Clima y Observatori del Deute en la Globalització (ODG), han enviado una misiva a diferentes organismos del Gobierno de España para que se ponga fin a la financiación y las subvenciones fósiles y no agravar más la crisis climática. Entre estos organismos se encuentran el Banco de España, la CNMV, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y el Gabinete de la Presidencia de Pedro Sanchez.

La misiva va acompañada de ejemplos de los impactos que las inversiones de bancos españoles, como el Banco Santander o el BBVA, están causando en el medioambiente, acelerando la crisis climática; la pérdida de biodiversidad, la deforestación; y el militarismo, financiando la industria armamentística y apoyando empresas que contribuyen a la ocupación ilegal por Israel de los Territorios Palestinos o a las acciones que desarrolla en Gaza y que están siendo investigadas como crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio en tribunales internacionales, en base a convenios sobre derechos humanos ratificados todos ellos por el Estado español.

El Banco Santander destaca por ser el banco español que más está financiando el sector del GNL y el tercero a nivel mundial. Por ejemplo, participa en la destrucción de la biodiversidad poniendo en riesgo a las ballenas del golfo de México con el proyecto Saguaro de exportación de GNL. Por otro lado, está entre los 20 bancos a nivel mundial que más financian tanto la deforestación de las selvas tropicales como las emisiones mundiales de metano, relacionado con la ganadería. Además, es el primero en el ranking de bancos del estado español que financian la industria militar. Así lo pone de relieve el informe ‘Banking on Climate Chaos’, que sitúa a BBVA en la posición 39 de un total de 60 bancos a nivel mundial que más han financiado la crisis climática. Además, el BBVA figura entre los bancos que proporcionan recursos financieros a empresas vinculadas a la deforestación en la Amazonia. BBVA ha financiado a empresas armamentísticas como Boeing, General Dynamics, Leonardo, Oshkosh Corp o Rheinmetall que suministran armas a Israel que están siendo utilizadas en Gaza.

Entre las reclamaciones que las organizaciones han transmitido al Gobierno se encuentra cumplir con los compromisos internacionales que ha suscrito, como el Acuerdo de París, el BOGA (Beyond oil and gas alliance) y el COFFIS (Coalition on Phasing Out Fossil Fuel Incentives Including Subsidies). Y en ese sentido que aumenten la regulación del sector bancario, promuevan la desinversión en combustibles fósiles y se eliminen los subsidios fósiles, tanto directos como indirectos.

La misiva finaliza subrayando la necesidad de actuar en otros sectores de forma urgente: “Consideramos indispensable subrayar la urgente necesidad de crear normativas que implementen el control público y social efectivo sobre las actividades empresariales en la totalidad de la cadena de valor. Como también que incorporen la responsabilización administrativa, civil y penal de las empresas transnacionales, incluyendo el sector financiero, bancario y armamentístico, en el caso de recibir denuncias por la violación de los derechos humanos”.

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