Ecologistas en Acción considera que el modelo de desarrollo económico y social en España es, en la actualidad, "un modelo absolutamente insostenible que depreda y degrada el territorio y sus ecosistemas, generando una enorme desigualdad, un reparto injusto de la riqueza y una excesiva dependencia del exterior".
La organización ecologista señala que, frente a los ingresos millonarios de las empresas asociadas al sector turístico, quienes trabajan en él soportan salarios de miseria, jornadas interminables y una carga de trabajo desproporcionada. La apuesta por aumentar de manera ilimitada el número de visitantes se traduce en una mercantilización de los espacios públicos y una urbanización incesante del territorio con macroproyectos para el alojamiento que se aprueban de manera continuada y que turistifican y deterioran tanto zonas costeras como del interior rural.
“La presión a la que se ve sometida tanto la población como el territorio ha generado un malestar generalizado y creciente entre la ciudadanía que sufre a diario las consecuencias de la inacción de las instituciones públicas, que no ponen freno a una situación que ha sobrepasado todos los límites y que tensiona cada vez más la vida de nuestra gente”, denuncian.
Ecologistas en Acción recuerda que lleva años reclamando medidas para conservar los espacios naturales protegidos y acotar el turismo masivo que desplaza a las personas, como las ecotasas, una moratoria turística y vacacional, la urgente regulación y limitación drástica de los alquileres turísticos,y la adquisición de viviendas por parte de personas no residentes en el territorio.
Por ello, con la presentación de este decálogo que señala los 10 impactos sociales y ambientales más graves que causa la turistificación en España, quieren urgir a las distintas administraciones la imposición de límites a la sobreexplotación turística. Unos límites sociales y ambientales que deberían ser consensuados con la ciudadanía de cada territorio.
En el decálogo, Ecologistas en Acción alerta que, desde la aprobación de la Ley de Costas de 1988, la superficie de costa urbanizada se ha duplicado y ha pasado de 240.000 a 530.000 hectáreas, llegando a una urbanización del 40,9% en las provincias costeras más turistificadas. Así, un 36,5% de la línea de playa está urbanizada en España, y más de un tercio de los ecosistemas colindantes han sido destruidos por el actual modelo de producción y consumo.
Señalan también que el 44% de las masas de agua subterránea está ya sobreexplotada y/o contaminadas y que la cantidad de turistas que recibe España, 85.056.528 millones en 2023 (INE), repercute en el incremento del consumo de agua que tanto las personas como las infraestructuras asociadas a la actividad turística generan.
La actividad turística global conlleva una huella de carbono que supera los 4.500 millones de toneladas métricas (2013), que supone cuatro veces más de lo previsto y genera un 8% de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera, responsables directos del cambio climático. Gran parte de estas emisiones provienen de la aviación que ha alcanzado 283 millones de pasajeros en 2023. A pesar de ello, AENA pretende ampliar siete aeropuertos españoles y aumentar la capacidad de arribada turística. Además, los puertos españoles han batido en 2023 una cifra histórica al registrar más de 12 millones de cruceristas. Los cruceros, publicitados como una opción de movilidad sostenible, cada vez son más frecuentes, pese a ser considerados la forma de transporte más contaminante que existe en la actualidad.
La organización ecologista destaca asimismo que, pese a los continuos récords de llegadas de turistas, la ocupación de hoteles y los ingresos millonarios de estos, la realidad de la población es otra: salarios de miseria, pobreza, desempleo y encarecimiento de la vida. La estadística de sueldos de 2021 del INE desvela que en el sector de la hostelería apenas sobrepasa el Salario Mínimo Inteprofesional (SMI). España es una de las regiones de Europa con peores salarios, donde más se ha encarecido la cesta de la compra y la vivienda y donde un 20,2% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
En el decálogo de la insostenibilidad turística está muy presente la afección al derecho a la vivienda, ya que la proliferación de viviendas vacacionales en todos los rincones ha turistificado pueblos y barrios residenciales en los que habitaba la población residente. Este hecho, unido a la falta de regulación y previsión por parte de las instituciones, ha generado una problemática social que no hace sino agravarse: la falta de vivienda asequible. La utilización de estas para alquileres temporales asociados al turismo provocan una enorme escasez de vivienda destinada al uso residencial y de larga temporada, por lo que la población residente está viendo mermado un derecho constitucional como es el acceso a la vivienda.