Un simple análisis de las compras más emblemáticas efectuadas en los últimos dos años señala que se ha llegado a pagar 50.000 euros por hectárea en el caso de la adquisición por el Ministerio de la Finca Los Mimbrales, frente a los 10.000 que costó la operación de compra de Veta La Palma hasta los casi 6.000 euros de la última adquisición de Tierras Bajas.
Para Ecologistas en Acción se precisa incorporar a este proceso de recuperación del patrimonio público en Doñana dos cuestiones: la primera, deslindar lo público, "no nos podemos permitir como sociedad malgastar el dinero en adquirir espacios que ya son públicos", reivindica la organización. Y la segunda: priorizar las zonas de compra para que su efecto socio ambiental sea el más beneficioso posible.
En cuanto al primer objetivo, la Junta de Andalucía y al Ministerio para la Transición Ecológica, "deben encargar a sus respectivos gabinetes jurídicos un informe de delimitación y consecuente deslinde del dominio público para su incorporación inmediata a la gestión pública de esos espacios, dejando a criterio de los actuales usuarios de esos terrenos las posibles reclamaciones que estimen", señalan desde la organización.
Respecto al segundo objetivo, piden "mirar también por lo público midiendo mucho dónde se pone el dinero. Hay dos actuaciones avaladas por un Real Decreto que permiten la expropiación de los terrenos afectados, se trata de la recuperación del Caño Guadiamar y de la funcionalidad del Brazo de la Torre. Para conseguir esto último habría que trabajar en recuperar el dominio público del Brazo, sumar la adquisición de las fincas de Veta de Alí y Cantaritas y sobre todo, conectar el Brazo de la Torre con el Río, para lo que sólo se precisa de voluntad de cumplir la legalidad".
Para el Guadiamar, Ecologistas en Acción, reclama "una vez despejada la duda de hasta dónde llega el dominio público de la zona transformada, adquirir fincas como Hato Blanco, poniendo sobre la mesa las sanciones pendientes de cobro que abarataría bastante la operación dado que son millonarias las multas pendientes de cobro. Otras fincas de interés serían todas aquellas al sur de la Cigüeña que permitan la renaturalización de los espacios que complementan la funcionalidad del Caño, conformando lagunas y lucios perdidos por la transformación agrícola fallida en la zona".
Por último, para salvar Doñana, anotan, es fundamental recuperar "la obligación del estado de proteger al medio ambiente y a las personas, cumpliendo con la ley – volvemos a recordar que hay una Ley Doñana que ni el propio Estado cumple ni hace cumplir- con sentencias como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España por las extracciones de agua en el espacio protegido, motivadas por la agricultura y el turismo en la macrourbanización de Matalascañas. Y haciendo que las fiscalías actúen bajo los principios fundamentales de un estado que se dice llamar de derecho.
Hace una semana la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que actúe contra los 250 agricultores de Huelva, Sevilla y Cádiz que esquilman el acuífero de Doñana desde hace décadas.
