Cientos de vecinos de Vigo han vuelto a salir a la calle tras el llamamiento de las asociaciones de las parroquias de San Miguel de Oia y Coruxo, así como de las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace, para exigir "la recuperación de la isla de Toralla como espacio público". Algunos manifestantes llegaron a la isla a pie cruzando el puente de acceso desde Praia do Vao y otros en barco desde el muelle de Canido.
Al llegar a la orilla de la isla de Toralla, los manifestantes desplegaron una pancarta de veinte metros que decía "Únete a la reconquista de Toralla", una invitación a los vigueses a reclamar la isla para la ciudad. A continuación, portavoces de las asociaciones vecinales leyeron un manifiesto y colocaron una bandera de Vigo para simbolizar la reconquista.
"Pedimos al alcalde que se posicione claramente a favor de la recuperación de la Isla de Toralla para los vigueses y que emprenda las acciones legales para poder acceder al interior de la isla, además del acceso a la costa", declaró el portavoz ecologista mientras plantaba la bandera de Vigo en la arena de Toralla.
Objeto de especulación
Con una superficie de poco más de 10 hectáreas, la isla de Toralla ha sido objeto de una absoluta especulación urbanística desde la década de 1960, basada en intereses comerciales privados. Un claro ejemplo de la cultura del pelotazo. En esa época, comenzó el desarrollo de la isla. Se construyó el puente y, al principio, se colocó una valla y un guardia que solo permitía el paso a propietarios o personas autorizadas. El desarrollo del islote continuó, destacando un edificio de 21 plantas y 70 metros de altura que se puede ver desde cualquier punto de la ría.
La Ley de Costas 22/1988, de 26 de julio, establece límites que nunca se han cumplido. Posteriormente, la modificación llegaría con la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, que sigue sin cumplirse y la isla de Toralla permanece restringida al acceso público.
Una barrera y un guardia al final del puente impiden hoy el acceso de vehículos y peatones al interior de la isla de Toralla. La decisión proviene de los privilegiados propietarios de los treinta chalets que existen en la isla, que no superan los 170 residentes, y de la indiferencia de las autoridades. Una prohibición sin fundamento legal. Además, las ampliaciones realizadas por algunos de sus habitantes en sus terrenos y propiedades, que ocupan parte del borde costero, impiden el paso de personas.
Por lo tanto, residentes y ambientalistas se quejan de que "no se cumple la servidumbre de tránsito en la isla Toralla. Tampoco se cumple la servidumbre de acceso al mar establecida en varios puntos de la costa para garantizar el libre acceso público al mar".
La legislación vigente establece que cualquier persona puede acceder a la orilla del mar a pie. Sin embargo, la realidad es que los visitantes sólo pueden acceder a las arenas situadas a ambos lados del puente. La normativa incluye restricciones a las propiedades colindantes con el dominio público marítimo-terrestre para garantizar el libre tránsito de ciudadanos y vehículos de vigilancia y rescate. Además de la zona que pertenece al dominio público, la legislación indica que "los terrenos inmediatamente adyacentes a la orilla del mar que no forman parte del dominio público también se ven afectados por una serie de servidumbres".
Vecinos y ambientalistas consideran una buena noticia el anuncio del Ministerio de que ya se está estudiando una acción para restaurar el acceso al litoral insular. Sin embargo, recuerdan que en 2008, la concejala Elena Espinosa, entonces consejera de Medio Ambiente, intentó sin éxito crear un sendero peatonal alrededor de la isla. Por ello, piden a Caballero que no se rinda y que reanude la reconquista de Toralla desde el Ayuntamiento de Vigo.
Organizaciones vecinales y ambientales señalan que el Tribunal ha emitido varios pronunciamientos sobre el cierre de la Isla de Toralla. En octubre de 1997, el Tribunal Supremo rechazó el recurso interpuesto por residentes particulares de la isla que solicitaban el uso y disfrute exclusivo del puente y sus playas. La sentencia dejó claro que, con base en la Ley de Costas, los propietarios debían ceder seis metros de terreno al dominio público a partir de la pleamar máxima registrada. Se trata, según ecologistas y vecinos, de un problema de larga data de incumplimiento legal en relación con el dominio público marítimo-terrestre que debe erradicarse. Si bien es un espacio público, en la práctica se utiliza ilegalmente como reserva privada.