El primer litigio climático de la historia de España da un paso más en su recorrido judicial. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado el pasado mes de junio por las organizaciones demandantes (Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo) en el procedimiento contra el Estado español por inacción ante el cambio climático. Esto implica que el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre si la falta de ambición en materia de cambio climático afecta a los derechos fundamentales. Todo esto en un momento en el que España acaba de sentir el cambio climático en toda su crudeza con la DANA en el sureste del país.
KlimaSeniorinnen, las precursoras
En palabras de Inés Díez, responsable del Área Jurídica de Greenpeace: «Esta decisión marca un hito en este proceso histórico. Por primera vez en España, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre cómo el cambio climático afecta a los derechos fundamentales. Recordemos que, en abril de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hizo historia al condenar a Suiza por no proteger a su población de los impactos del cambio climático, tras la demanda presentada por las KlimaSeniorinnen, un colectivo de más de 2000 mujeres mayores de 65 años. En línea con esta sentencia, esperamos por parte de nuestro alto Tribunal el reconocimiento de que el cambio climático afecta a los derechos humanos, fundamentalmente al derecho a la vida, al derecho a la salud y al derecho a la libertad de las personas. La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están gravemente amenazadas si no se actúa con urgencia y contundencia frente al cambio climático. Este otoño lo hemos sentido con más fuerza y crueldad que nunca en nuestro país. Por eso, con este litigio estamos luchando por el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente en el que puedan desarrollar una vida digna».
El caso de España
La actual situación de emergencia climática que atraviesa el mundo, con temperaturas anormalmente elevadas e incendios cada vez más intensos, evidencia la necesidad de actuar con urgencia y ambición. 2023 se situó 1,45 °C por encima de la temperatura de la era preindustrial, y los últimos 12 meses han sido los más calurosos al menos desde mediados de siglo, superando en 1,63 °C el valor promedio del período preindustrial (1850-1900). Aproximadamente entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático y entre 2010 y 2020 la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables. En los países de ingresos bajo y medio se producen 37.000 millones de dólares de pérdidas por estrés térmico y 16.000 millones por inundaciones, siendo los hogares encabezados por mujeres los más afectados.
Las organizaciones denuncian que España continúa muy lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden, de acuerdo con su capacidad y su responsabilidad histórica en la emisión de CO2 a la atmósfera. El objetivo a alcanzar en 2030 debería ser del 55% de reducción de emisiones, en lugar del 32% propuesto en el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), tomando como base las emisiones de 1990. Sólo esa drástica reducción, dicen las organizaciones, puede contribuir a limitar el calentamiento global a 1,5º y evitar así los peores efectos del cambio climático, tal y como advierte la comunidad científica y se expone en el reciente Informe “Claves para convertir España en líder mundial de acción climática”.