Con motivo de la votación del Real Decreto-ley 4/2025, aprobado por el gobierno en abril, sobre medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial, Greenpeace ha reclamado a los grupos políticos una apuesta estratégica por una transición ecológica en clave social y regional.
Greenpeace considera que las guerras comerciales iniciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, van en contra de una agenda multilateral de cooperación, e impiden avanzar en los compromisos para una economía más justa y sostenible en línea con los objetivos del Acuerdo de París y de la Agenda 2030. En este sentido, y respecto a la batería de medidas de protección propuestas por el Gobierno español frente al impacto de los aranceles del Gobierno Trump, la organización ecologista demanda que las ayudas sean justas y se priorice la accesibilidad de las pymes y pequeños productores frente a la agroindustria. Asimismo, reclama mayor exigencia ambiental y que las grandes empresas no reciban un “cheque en blanco” de dinero público para seguir contaminando. En este sentido, y sobre el déficit comercial de España con Estados Unidos de 10.013 millones de euros (2024), debido fundamentalmente a las importaciones de combustibles fósiles, y en especial del gas fósil licuado, la organización reclama medidas extraordinarias que reduzcan la dependencia energética del gas.
“La mejor respuesta al trumpismo es avanzar con determinación en una transición ecológica más democrática que transforme la economía y distribuya sus beneficios entre una ciudadanía castigada por la sucesión de crisis. Si queremos más autonomía estratégica, es el momento de reforzar la resiliencia climática y ambiental, consolidar una economía verde y justa con anclaje local y regional en sectores de bienestar y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Así, nos prepararemos para hacer frente a futuras pandemias, danas o sequías, cerraremos el paso al negacionismo liberal que se nutre de la desigualdad y la inestabilidad y dejaremos de alimentar regímenes autoritarios” señala Carlos García Paret, coordinador de Incidencia Política de Greenpeace.
En un estudio reciente, la organización ecologista muestra que el 86 % de las subvenciones públicas destinadas al transporte, el sector primario y la energía en los hogares impactan negativamente en el medio ambiente y no aportan garantías de mayor equidad. Para Greenpeace el nuevo paquete no contiene exigencias suficientes para evitar que esto ocurra y que los recursos públicos acaben en los bolsillos de las corporaciones fósiles y de la agroindustria para continuar con sus actividades destructivas.
Acuerdo Mercosur y el PP de las centrales nucleares
Por otro lado, critica el respaldo del Gobierno a la política comercial de la Comisión Europea de apoyar tratados como Mercosur, que suponen una amenaza para la Amazonia y para el medio rural en España. En este sentido cabe destacar que hoy activistas de Greenpeace se han encaramado a la sede del Banco Santander en una acción para protestar por la implicación de este banco en la deforestación de la Amazonía. Vía inversiones y comercio, dicen que son conocidas las diversas maneras en que las empresas españolas participan de este ecocidio, algo que empeorará con la ratificación del Acuerdo de Mercosur.
Asimismo, la organización ecologista cuestiona el intento interesado del Partido Popular de desviar la atención abriendo el debate de la extensión de la vida útil de las centrales nucleares. En el contexto del apagón, Greenpeace señala la urgencia de tener un sistema eléctrico renovable para combatir el cambio climático y la necesidad de tomar medidas para adaptar y mejorar el sistema eléctrico, de tal forma que se pueda pasar página del viejo sistema basado en combustibles fósiles y nuclear. Las renovables son la única garantía de un futuro seguro, limpio y próspero.