Sólo el 10% del total de la población española —4,86 millones de personas— habita las despobladas autonomías del interior de la Península, que equivalen al 70% del territorio de nuestro país. Estos datos implican que en esas áreas apenas viven 13 personas por kilómetro cuadrado —según datos del Gobierno de España—. “Una gran parte de ese 84% del territorio de España considerado rural está inmerso en un círculo vicioso en donde la pérdida de población lleva aparejada la pérdida de servicios básicos lo que, a su vez, implica la pérdida de más población”, ha lamentado Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, en la presentación del Libro Blanco de esta plataforma en defensa del medio rural, durante un acto en el Congreso de los Diputados.
Este evento titulado “Forjando el futuro rural de Europa”, presidido por el presidente de SOS Rural, Adolfo García Albadalejo, e inaugurado por la portavoz de la Representación de la Comisión Europea en España, María Canal Fontcuberta, por el presidente de la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, Joseba Agirretxea, y por el exdirector general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) y actual presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas, ha permitido profundizar en los retos y soluciones planteados por SOS Rural.
De este modo, a pesar de que la población española ha pasado de 41,1 millones de habitantes a más de 48,6 millones en lo que llevamos de siglo —según el Instituto Nacional de Estadística (INE)—, tres de cada cuatro municipios están perdiendo habitantes en la última década. Así, la población del 42% de los municipios de España —1,2 millones de personas— apenas suponen el 2,36% del total de todo el país o, lo que es lo mismo, cuatro de cada 10 municipios están en serio riesgo de quedarse sin habitantes en el corto plazo, según datos del Banco de España.
Falta de perspectivas
Esta crisis de despoblación, de naturaleza estructural, tiene su origen en la falta de perspectivas económicas y rentabilidad en las explotaciones primarias, que empujan a muchos jóvenes a abandonar el medio rural en busca de más y mejores oportunidades. “La migración rural-urbana acentúa el aislamiento y la marginación de quienes desean permanecer en sus lugares de origen, provoca el envejecimiento de la población rural, la falta de mano de obra, de servicios, de infraestructuras y, en definitiva, una brecha en el desarrollo entre las áreas urbanas y rurales”, resalta Corbalán.
Uno de los principales escollos al que debe enfrentarse el sector primario español es la competencia desleal de terceros países, que no cumplen con los estándares medioambientales, laborales y de calidad. Así, casi siete de cada diez frutas u hortalizas frescas importadas por España, entre enero y octubre de 2024, proceden de países de fuera de la UE. De hecho, en el conjunto de la UE entraron 16 millones de toneladas de frutas y verduras procedentes de terceros países en 2023, más del doble de lo exportado por la UE fuera de sus fronteras, que se situó en 7,7 millones de toneladas.
“La competencia desleal pone en riesgo el medio de vida de miles de familias rurales que, como sucede por ejemplo en el Campo de Cartagena, se han visto obligadas a reducir a la mitad la superficie de sus cultivos en la última década, lo que además pone en riesgo nuestra soberanía y seguridad alimentaria”, explica Corbalán. Ante esta situación, la plataforma SOS Rural ha anunciado el "impulso de una normativa en la UE que clarifique la situación y que implante el principio de reciprocidad, mediante un nuevo Reglamento Europeo, que limite la actual discrecionalidad a la hora de tomar decisiones comerciales en la UE".
Proteger las tierras de cultivo
La instalación de paneles solares en suelos cultivables está transformando el paisaje agrícola en áreas industriales, con los efectos nefastos que eso conlleva para el medio ambiente y para la actividad agraria. “Mientras países como Italia vetan por decreto la instalación de placas en tierras de cultivo, el incremento en España supera el 150% en menos de una década y sigue en aumento”, dice Corbalán.
Ante esta realidad, SOS Rural ha reclamado una ley marco —nacional y europea— para la protección de las tierras agrícolas, que prime el uso del terreno para la producción de alimentos frente a su uso para actividades ajenas a la producción primaria. Con el objetivo de abordar esta problemática en profundidad, la presentación del Libro Blanco de SOS Rural ha servido de marco para el debate “Energía o alimentos: el dilema del suelo”, en el que han participado expertos en la materia y representantes políticos.
Las tierras agrícolas y los bosques cubren más del 90% de la superficie europea, contexto en el que el sector primario desempeña un papel fundamental en la consecución de los objetivos territoriales y medioambientales. "Sin embargo, el continuo goteo de normativas medioambientales inconexas con la realidad productiva pone también en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones. ¿Quién cuidará del campo cuando no existan los agricultores?”, se pregunta la portavoz de SOS Rural.
