Ante el inicio de la plantación de fresas en la nueva campaña agrícola, WWF ha salido a denunciar que, en estos momentos, en Doñana se siguen regando 1180,2 hectáreas fuera de la superficie agrícola regable (SAR), delimitada por el Plan Especial de la Corona Forestal. De ellas, casi el 80 % son cultivos de frutos rojos ilegales.
Por ello, la organización ha pedido "de manera inmediata el cierre cautelar de todos los pozos y fincas ilegales y la aplicación del Plan de la Corona Forestal en su redacción actual, tal y como está acordado para el cumplimiento de la sentencia de la Comisión Europea y las recomendaciones de la Unesco".
Esa superficie regada sin autorización supondría un volumen estimado de, al menos, 6 millones de metros cúbicos (6 hm³) de agua extraída ilegalmente del acuífero, el equivalente a 2400 piscinas olímpicas. Además de una producción de, aproximadamente, 30.000 toneladas de fresas y frutos rojos cultivados ilegalmente que podrían comercializarse en los mercados europeos a partir de diciembre si no lo impiden la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Junta de Andalucía.
Según WWF, "Hemos detectado estas ilegalidades en el uso del suelo y agua a través de imágenes satelitales y ortofotografías aéreas. Una información a la que también puede tener acceso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) con la nueva herramienta que puso en marcha en septiembre. Esta “proporciona teledetección en tiempo real, con actualización cada 5 días, el tratamiento automático de las imágenes en muy poco tiempo, aproximadamente 2 minutos, y el análisis de la información para la toma de decisiones vinculadas a la estricta inspección de los bombeos y la clausura de captaciones”.
Al igual que WWF, las administraciones también disponen de nuevas tecnologías, satélites, drones y otras herramientas para conocer en tiempo real las ilegalidades que se están cometiendo en este momento. "El acuífero de Doñana está sobreexplotado con un índice de explotación del 109%, tal y como hemos demostrado a partir de datos oficiales, por lo que no podemos esperar un año más a que acaben las campañas agrícolas para actuar. Pueden y deben impedir que el agua se siga extrayendo ilegalmente y que la situación se agrave aún más".
La organización exige a la Junta de Andalucía -en el ámbito de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras (TOP)- y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "una actuación inmediata y a gran escala, aplicando medidas cautelares como el cierre de pozos y el precinto de hectáreas ilegales".
Consideran que con estas medidas "se lograría impedir que se sustraiga ilegalmente agua del sobreexplotado acuífero de Doñana, que cuatro años después de declararse en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, continúa en declive y sigue sin contar con un Programa de actuación, legalmente obligatorio e imprescindible ante su falta de recuperación alguna".
Y por otro lado piden que "se impida que las fresas cultivadas ilegalmente lleguen a los estantes de los mercados nacionales y europeos a partir de diciembre".
Asimismo, señalan que otro de los objetivos es "acabar con las ilegalidades en el uso del suelo y el agua, acelerar la recuperación del acuífero y acabar con la grave competencia desleal a los productores legales está en las manos de la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".
Por ello exigen la adopción de medidas cautelares inmediatamente durante esta nueva campaña agrícola, como el "cierre cautelar de pozos y precinto de hectáreas ilegales. Eso es vital para que los incentivos que se contienen en el Marco Socioeconómico para Doñana del Gobierno central tengan utilidad".