Las demandas estratégicas contra la participación pública conocidas como SLAPP, en su terminología inglesa, son una forma de acoso, generalmente a través de procedimientos judiciales, con las que las grandes corporaciones y los poderes públicos tratan de acallar a periodistas, medios de comunicación, denunciantes de irregularidades y defensoras de los derechos humanos, así como a organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, artistas, investigadores y académicos para disuadirles de ejercer su derecho de opinión.
Aunque se conocen desde los años 70, fue a finales de la década de los 80 cuando una profesora y un profesor norteamericanos comenzaron a utilizar este término. En el momento actual se han convertido en un fenómeno preocupante tanto por el elevado número de SLAPP identificadas como por las consecuencias de todo tipo que tienen sobre las personas que las sufren.
Según el último informe de la Coalición contra las SLAPP en Europa (CASE) y la Fundación Daphne Caruana Galizia, se han documentado 820 demandas SLAPP en Europa hasta agosto de 2023, con 161 nuevas demandas presentadas en 2022, un aumento significativo con respecto a los 135 casos presentados en 2021.
Se constata, por lo tanto, que el uso de las SLAPP se ha convertido en una verdadera amenaza contra la libertad de expresión, derecho humano recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y protegido en nuestra Constitución.
Esta preocupación ha llevado a la Unión Europea a adoptar la Directiva 2024/1069, conocida como directiva antislapp -que busca proteger a las personas físicas y jurídicas que se impliquen en la vida pública frente a acciones judiciales interpuestas contra ellas para disuadirlas– y que debe ser traspuesta a los Estados miembros antes de marzo de 2026. Aunque la directiva todavía no puede ser invocada ante los tribunales europeos, al menos sí puede (y debe) servir de guía a los aplicadores del derecho.
Greenpeace, por ejemplo, denuncia estar viviendo en sus propias carnes que intenten silenciar su voz. En estos momentos, la organización se enfrenta a graves demandas estratégicas que tratan de llevarla a la bancarrota y que amenazan seriamente su derecho a la protesta.
La demanda de 300 millones de dólares de Energy Transfer
En 2016, Greenpeace USA apoyó las protestas lideradas por la tribu Sioux en Standing Rock, Dakota del Norte, en su lucha en contra de la instalación de un oleoducto por parte de la empresa petrolera Energy Transfer (ET) que cruzaba su territorio histórico. Decenas de miles de personas, incluidos miembros de más de 300 naciones tribales, viajaron para proteger el agua y mostrar solidaridad con Standing Rock. En octubre de 2016, representantes de Naciones Unidas visitaron Standing Rock y expresaron su preocupación por la amenaza que el caso supone contra la soberanía indígena. Más de 500 organizaciones participaron en esta gran movilización, fruto de la cual se logró que el Gobierno norteamericano, presidido en ese momento por Barak Obama, detuviera la construcción.
Tras la llegada al poder de Donald Trump, una de sus primeras decisiones fue dictar una orden ejecutiva para que continuara la construcción del oleoducto que finalmente se terminó en 2017. Casualmente el propietario de ET era uno de los donantes de la campaña del entonces presidente.
En 2017, Energy Transfer presentó una demanda contraGreenpeace USA y Greenpeace Internacional, entre otros, acusando a la organización de prácticas criminales, demanda que fue desestimada por el tribunal competente. Insatisfecha con el fallo, ET presentó una nueva demanda ante el Tribunal del condado de Dakota del Norte reiterando sus argumentos y exigiendo el pago de daños por valor de 300 millones de euros. "Esta demanda, claramente abusiva y que pretende silenciar a la organización, será estudiada por el tribunal en febrero de 2025", explica la organización ecologista.
A su vez, Greenpeace Internacional ha notificado a ET su intención de presentar una contrademanda si no retira la suya en EEUU. Y es aquí donde entra en juego la nueva regulación europea de las SLAPP.
La Directiva ofrece a las víctimas de demandas de SLAPP con sede en la UE un mecanismo para defenderse. En particular, el capítulo V de la Directiva protege a las organizaciones con sede comunitaria frente a las SLAPP procedentes de fuera de la UE y les da derecho a una indemnización. Esto significa que ET se enfrenta a una demanda de indemnización en Europa a menos que retire sus reclamaciones contra Greenpeace Internacional en Dakota del Norte y acepte su responsabilidad.
"Las macrogranjas no nos van a callar"
También Greenpeace España afirma estar sufriendo estas demandas abusivas que pretenden acallar a la organización. "En 2021 y 2022 fuimos denunciados por la empresa Valle de Odieta, con sede en Navarra, en un intento de silenciar la campaña de Greenpeace en contra de la macrogranja que la compañía pretende instalar en Noviercas (Soria). Actualmente, la construcción está paralizada, pero nuestros compañeros, compañeras y activistas se enfrentaron a una querella criminal, y a día de hoy estamos a la espera de la celebración de un juicio por un presunto delito de daños", señala.
Greenpeace lleva más de 9 años participando en la campaña contra la derogación de las leyes mordazas que sancionan de forma desproporcionada el ejercicio del derecho a la protesta en un intento de acallar a las organizaciones. "Conocemos el número de SLAPP que se han interpuesto, pero nunca sabremos cuántas personas han dejado de ejercer su derecho a la protesta por miedo a verse afectados por estas demandas", lamenta la organización. Pero recuerda que "desde hace más de 40 años, Greenpeace España actúa en defensa de las personas y del planeta. Y así tenemos la intención de continuar a pesar de los intentos de las grandes corporaciones y del poder público por silenciarnos".