El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha notificado a Greenpeace una providencia en la que sigue reclamando, ocho años después de la sentencia, que el Consistorio de Carboneras acate la sentencia nº 2000/2016 que, además, fue ratificada por el Tribunal Supremo. La jueza de la causa demanda al alcalde que informe cada diez días sobre las actuaciones para desclasificar el espacio donde se asienta el hotel ilegal. De no hacerlo se procedería a la imposición de multas coercitivas y se trasladaría a la Fiscalía para exigir responsabilidad penal.
"El desacato a la justicia por parte del alcalde de Carboneras es inaudito. Desde Greenpeace consideramos que se debería abrir un procedimiento penal por un delito de desobediencia", ha declarado Inés Díez, abogada de la organización.
El pasado mes de febrero, la organización pidió amparo a Estrasburgo tras la última sentencia del Tribunal Supremo, que otorga competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras (Almería). Era la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitía una demanda presentada por Greenpeace España
El hotel ilegal, de 21 plantas, situado en zona protegida del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y a sólo 14 metros del mar, acumula 50 pronunciamientos judiciales en las últimas dos décadas