La memoria histórica sigue marcando la agenda política española. El Gobierno ha decidido reconocer que el régimen franquista incautó al Partido Nacionalista Vasco (PNV) un inmueble en la prestigiosa avenida Marceau de París, actual sede del Instituto Cervantes. Este reconocimiento, amparado por la Ley de Memoria Democrática, implica que el Estado pagará al PNV un alquiler de mercado para seguir utilizando el edificio hasta al menos 2030.
La sede, un palacete de 1.309 metros cuadrados valorado en unos 15 millones de euros, fue adquirida en 1937 por Marino de Gamboa, militante del PNV, con fondos recaudados en México. Sin embargo, tras la ocupación nazi de París en 1940, la Gestapo entregó el inmueble a la embajada franquista. El PNV reclamó la propiedad durante años, sin éxito, hasta que el actual Ejecutivo encargó una investigación que concluyó que la incautación fue ilegal.
El Gobierno ha incluido la restitución del inmueble en un real decreto publicado el 24 de diciembre, que también contempla una compensación por otros dos edificios en Francia. A partir de enero de 2025, el Instituto Cervantes pagará al PNV un alquiler por el uso de la sede, una medida que ha desatado fuertes críticas, especialmente desde el Partido Popular (PP).
El PP ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "vender el Estado" para garantizar su permanencia en el poder, calificando la decisión de "cesión inadmisible". Borja Sémper, portavoz nacional del PP, afirmó que el Gobierno ha convertido al PNV en "casero del Estado español". A través de redes sociales, el PP ha denunciado que esta medida es un pago político disfrazado de reparación histórica.
El PNV, por su parte, ha defendido la legitimidad de la devolución, recordando que esta restitución fue un compromiso del expresidente Mariano Rajoy. Desde Euskadi, el partido ha criticado la hipocresía del PP y ha señalado que el reconocimiento de este derecho histórico forma parte de la reparación de las injusticias del franquismo.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, amplía el alcance de la Ley de 1998 de restitución de bienes incautados a partidos políticos, extendiéndolo a bienes confiscados en el extranjero. Esta disposición adicional ha sido clave para la devolución del inmueble al PNV. Sin embargo, el proceso ha generado debate sobre los límites de la memoria histórica y el coste económico de estas medidas.
Las críticas no se limitan a la oposición política. Sectores sociales cuestionan si el pago de un alquiler millonario a un partido político es la mejor forma de reparar las injusticias del pasado. Otros, en cambio, defienden que el reconocimiento y la reparación son fundamentales para consolidar la democracia y saldar deudas históricas.
Este caso también reabre el debate sobre el expolio sufrido por otras organizaciones durante el franquismo. Sindicatos como UGT y organizaciones culturales siguen reclamando la devolución de bienes incautados, muchos de los cuales aún permanecen en manos del Estado o de instituciones privadas.
Un precedente que marca el futuro de la memoria democrática
La restitución de este inmueble al PNV podría sentar un precedente para futuras reclamaciones. Numerosos partidos políticos, sindicatos y familias particulares aún esperan la devolución de propiedades confiscadas durante la dictadura. Este acto de reparación abre la puerta a más solicitudes de restitución, lo que podría suponer un importante impacto económico para el Estado.
Las universidades y museos españoles también se encuentran bajo la lupa. Diversas investigaciones han señalado que instituciones públicas albergan obras de arte y bienes culturales incautados a particulares durante la Guerra Civil y el franquismo. La devolución de estos bienes plantea complejas cuestiones legales y éticas que el Gobierno deberá abordar con cautela.
El coste económico de la reparación histórica
El pago de un alquiler de mercado al PNV ha sido estimado en alrededor de un millón de euros anuales. Este gasto ha suscitado críticas sobre la gestión de los recursos públicos. Los detractores argumentan que ese dinero podría destinarse a políticas sociales o inversiones en educación y sanidad. Sin embargo, los defensores sostienen que la reparación de injusticias históricas es esencial para fortalecer la democracia.
Además, el Gobierno también ha anunciado compensaciones por la pérdida de otros inmuebles en Francia, lo que incrementa el coste total de esta medida. La gestión financiera de estos procesos será clave para evitar tensiones adicionales en el ámbito político y social.
Memoria histórica y reconciliación democrática
La restitución de bienes expoliados durante la dictadura es una cuestión de justicia histórica, pero también de reconciliación democrática. La Ley de Memoria Democrática busca saldar cuentas pendientes con el pasado y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse. Sin embargo, el proceso de reparación debe ser gestionado con transparencia y responsabilidad.
La sociedad española sigue dividida en torno a cómo abordar el legado de la dictadura. Mientras algunos consideran que estas medidas son necesarias para cerrar heridas, otros creen que reabren conflictos superados. La clave está en encontrar un equilibrio que permita honrar la memoria de las víctimas sin generar nuevas fracturas sociales.
La devolución de la sede del Instituto Cervantes en París al PNV es un paso significativo en el camino hacia la reparación de las injusticias del franquismo. Sin embargo, también pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el Estado al gestionar la memoria histórica. El debate sobre el coste económico, las implicaciones políticas y el alcance de las reparaciones continuará marcando la agenda pública.
La memoria democrática no solo implica reconocer el pasado, sino también decidir cómo actuar en el presente para construir un futuro más justo e inclusivo. Este proceso requiere valentía política, responsabilidad financiera y, sobre todo, el compromiso de toda la sociedad para consolidar los valores democráticos.