La disposición final décima del proyecto de ley de Eficiencia Procesal aprobado por el Congreso y que ahora deberá ser sometido a debate en el Senado, del que ya hemos hablado aquí mismo, contempla la posibilidad de que jueces y magistrados suplentes y sustitutos puedan acceder a la magistratura sin necesidad de optar por los actuales sistemas de acceso: la oposición libre y el llamado “cuarto turno” para juristas de reconocido prestigio. Y, lógicamente, la derecha judicial y las asociaciones que la representan, la APM, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, han puesto el grito en el cielo. La presidenta de la mayoritaria APM, María Jesús del Barco, ya ha dejado claro que no van a consentir el acceso a la carrera judicial “por la puerta de atrás”. Las asociaciones conservadoras consideran “ilegal” esa posibilidad. Pero lo cierto es que en España hay 1.008 jueces y magistrados sustitutos que constituyen el 16 por ciento del total de este país, 5.630 según los últimos datos disponibles.
La situación de los jueces sustitutos es preocupante. Desde hace años vienen haciendo la labor de reemplazar a los titulares de los juzgados que, o bien por excedencia o baja por enfermedad, tienen que abandonar provisionalmente su puesto de trabajo. El problema es que cuando regresan a la plaza de la que son propietarios el “sustituto” no tiene derecho a nada. Ni siquiera a cobrar la prestación por desempleo. Se queda a la espera de nuevo destino si es que sale alguna plaza vacante. El juez sustituto se ve sometido al mismo régimen de incompatibilidades que sus compañeros de carrera por lo que no pueden ejercer otra labor profesional, incluso cuando no están en activo. Y eso lleva a muchos a abandonar pasando a trabajar en los despachos privados que los acogen con las manos abiertas conscientes de su preparación y experiencia.
Y mientras tanto, el sistema actual de acceso a la carrera judicial sólo contempla dos posibilidades: la oposición de cuyas dificultades ya hemos hablado aquí mismo. Hacen falta medios para estudiar un temario que se tarda en dominar al menos dos años en los cuales hay que tener medios económicos para poder vivir, además de tener que pagar un profesor o centro académico para optar a las plazas en las mejores condiciones. La otra posibilidad de acceso es el llamado “cuarto turno”, un verdadero coladero. Ese sí que es un sistema de entrar en la judicatura “por la puerta de atrás”. Utilizado por la derecha judicial es un método bastante cuestionable teniendo en cuenta que “el reconocido prestigio” para poder ser designados es un término excesivamente ambiguo.
Hace, ya, un tiempo que los partidos progresistas vienen pidiendo un cambio del sistema de acceso a la carrera judicial no sólo en lo que se refiere a la estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial encargada de la formación, sino también de la selección de los aspirantes. Los expertos próximos a las tesis de la izquierda señalan que la situación actual de la administración de justicia, muy cuestionada por la ciudadanía, con decisiones que a veces rozan la prevaricación pero que nunca se sancionan por el corporativismo existente en el colectivo, tiene que experimentar una radical transformación si se quiere modernizar la justicia en este país.
De hecho, es algo que Bruselas ya ha advertido al gobierno. Hay que dotar de más medios humanos a los juzgados. En la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia se advierte que “hay un problema grave en el que la UE acucia a España”. Y ese no es otro que la escasez de jueces, una paradoja si se tiene en cuenta que hay cientos de sustitutos que llevan años ejerciendo “con un nivel de incompatibilidad semejante a la judicatura titular, lo que les precariza enormemente”, según señala el portavoz de la asociación, Edmundo Rodríguez. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha sentenciado que la judicatura interina debe tener un estatuto y tratamiento semejante a la titular. Esa jurisprudencia ya se ha aplicado en países como Italia con los llamados “jueces honoríficos”.
Informes elaborados por expertos cuantifican en algo más de 2.000 el número de magistrados necesarios en este país para acabar con el colapso existente en la justicia. La nueva ley de eficiencia procesal tardará un par de años en poderse aplicar con plenitud. Hay que tener en cuenta que, una vez aprobada por el parlamento, (se cuenta con el seguro rechazo del Senado y su devolución al Congreso donde se aprobará definitivamente) las comunidades autónomas con competencias en materia judicial deberán proceder a su aplicación. Cada partido judicial (431 en todo el territorio) pasará a concentrar los 3.800 juzgados en funcionamiento. Los nuevos tribunales deberán dividirse en dos secciones, la de primera instancia y la civil, y, aparte, quedarán las magistraturas de Lo Social. Además, habrá que dotar de titulares a otras entidades a nivel jurisdiccional como los llamados medios alternativos de solución de controversias, MASC, en los ámbitos civil y mercantil.
La UE ha condicionado la entrega de una parte de los fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la puesta en marcha de este plan de eficiencia procesal. Por lo tanto, no hay tiempo y hay que buscar una alternativa para dotar de medios humanos a todas estas nuevas instancias, incluidas las oficinas judiciales. De ahí que el ministerio de Justicia se haya fijado en el colectivo de los jueces interinos. Es una alternativa que cuenta con el rechazo de la derecha judicial.
Sus portavoces argumentan que ese sistema “compromete la meritocracia y la profesionalidad de la justicia”. Y, por supuesto se utiliza la vieja cantinela de que el gobierno pretende, con esta medida, “invadir el poder judicial” y acabar con “la separación de poderes”. Lo que realmente quieren es mantener su viejo privilegio de limitar la judicatura a los estamentos sociales que ellos controlan. Tienen pánico a una democratización de la carrera judicial.