Thomas Paine y su idea económica para reducir la pobreza. ¿Qué relación tiene con la Renta Básica Universal?

Los procesos de transformación e innovación tecnológica que requieren cada vez menos trabajadores; los ciclos económicos permanentes que traen consigo recesión y depresión; o la propagación de un virus inesperado de consecuencias socio-económicas trágicas que están aún por calcular; han logrado convertirse en el prefacio de importantes reformulaciones en materia de teoría económica, y quizá ahora, sea el momento de desempolvar las ideas de aquellos ilustres pensadores que intentaron resolver los mismos problemas que hoy atañen a la sociedad, como el injustificable hecho de que una parte de la población mundial permanece todavía por debajo del umbral de la pobreza, y cuya situación tras la pandemia, se verá agudizada debido al considerable descenso del poder adquisitivo de las unidades familiares, y la recesión proyectada del – 5,2 % , según las estimaciones económicas anunciadas por el Banco Mundial.

Pensamiento de Thomas Paine y similares propuestas a lo largo de la historia

A finales del siglo XVIII, un hombre impulsó una política económica cuya pretensión era garantizar una mínima cobertura asistencial a aquellos estratos sociales menos beneficiados del progreso económico. Su nombre era Thomas Paine, y la dio a conocer mediante un panfleto político titulado: “Justicia Agraria”, escrito en el invierno de 17951 .

Thomas Paine, nació en el condado de Norfolk – Inglaterra en 1737. Fue un político reformista, y considerado como uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Su texto: ​“Justicia Agraria​” (Agrarian Justice), no gozó de igual trascendencia en comparación con sus otros dos ensayos políticos: “Sentido Común” y “Los derechos del hombre”, sin embargo, ha sido sumamente influyente en la eterna lucha contra la pobreza y desigualdad de renta.

Su postura política e ideológica, era la de un republicano de fuertes convicciones, además de ser un liberal radical, tenía una profunda conciencia contra la injusticia. Pertenecía al grupo de los estudiosos sociales que atesoraban una visión optimista de la especie humana, al igual que el filósofo suizo Jacques Rousseau, autor de la obra “El Contrato Social”, o Charles Fourier, vinculado al socialismo utópico, y uno de los padres del cooperativismo.

La idea revolucionaria que Paine introduce en “Justicia Agraria”, ambicionaba por un lado, contribuir a una mayor equidad entre las distintas clases sociales de la época, y por otro, atribuir al Estado el papel de articulador de políticas económicas encaminadas a acabar con la pobreza estructural y la miseria humana. De algún modo, deseaba corregir esa asimetría antinatural existente entre opulencia y mendicidad, causada entre otros factores, por la introducción del sistema de propiedad de tierras en Inglaterra. Paine escribió: ​“La civilización, por lo tanto, o lo que así se ha llamado, ha funcionado de dos maneras: hacer que una parte de la sociedad sean más ricos, y los otros más miserables de lo que hubieran sido en el terreno de cualquiera de ellos en un estado natural. ​(…) Al tomar el asunto sobre esta base, el primer principio de la civilización debería haber sido, y debería seguir siendo, que la condición de cada persona nacida en el mundo, después de que un estado de civilización comienza, no debe de ser peor que si hubiera nacido antes de ese período”.

Thomas Paine consideraba que la tierra pertenecía a cada persona nacida en ella, y en el supuesto caso de que alguien quede privado de éste derecho, defendía que se le asigne una compensación económica por su pérdida. En ésta línea, su coetáneo Thomas Jefferson también defendía algo similar en su teoría de la propiedad y justicia distributiva intergeneracional2. Jefferson pensaba, que la tierra era una propiedad natural común y pertenecía en usufructo a los vivos, por consiguiente, la propiedad absoluta significaba su derecho a usar la tierra solamente durante su propia vida, y no más allá. A pesar de que Jefferson asumió la imposibilidad de asignar un trozo de tierra a cada individuo3 , si estaba de acuerdo con la aplicación de medidas redistributivas para mitigar la desigualdad, como por ejemplo: subdividiendo la propiedad entre todos los hijos, hermanos, hermanas, etc., ya que consideraba peligrosa la concentración de la tierra en pocas manos; así como gravar con impuestos a las proporciones mayores de propiedad a medida que crecen.

Adentrándose un poco más en la primera parte del siglo XX, también resultó interesante la idea redistributiva con fuerte carga religiosa de Huey Pierce Long4 en el año de 1934, aunque quizá más radical que

la del mismo Paine. Tras la conmoción ocurrida con la Gran Depresión, el gobernador de Luisiana y senador de los EE.UU Huey Long, impulsó un programa denominado “Compartir nuestra riqueza, cada hombre un rey”, que consistía en proporcionar un nivel de vida decente a cada ciudadano, mediante la distribución de la riqueza entre todos ellos.

Long proponía limitar la fortuna personal de los más ricos del país a 50 millones de dólares cada una (600 millones aproximadamente en la actualidad)5, mediante un código fiscal federal reestructurado y progresivo. El objetivo era compartir los ingresos resultantes con todas las familias estadounidenses. Además, en su discurso emitido por la radio nacional el 23 de febrero de 1934, también incluiría una pensión de jubilación, limitar las horas de trabajo a 5 horas, o asignar un mes de vacaciones anuales a los trabajadores, no obstante, todas estas propuestas de Long nunca llegaron a debatirse debido a su polémica y temprana muerte. Cuando estaba en la cima de su popularidad, fue asesinado en 1935 por Carl Austin Weiss, un médico antagonista de las políticas de Long, aunque su hijo Carl W. Jr. siempre defendió la inocencia de su padre6.

Un fondo nacional contra la pobreza extrema de renta

Volviendo a la idea de Thomas Paine, a diferencia de Huey P. Long y Thomas Jefferson, en “Justicia Agraria” lo que se proponía era crear una política económica basada en un fondo nacional de ingresos, mediante el cual, el Estado asignaría a cada persona que cumpliera 21 años una cantidad monetaria de 15 libras esterlinas durante un máximo de 30 años; y 10 libras esterlinas anuales de carácter vitalicio a partir de los 50 años de edad.

La forma de financiación que impelió Paine, consistía en implementar un gravamen a las sucesiones o herencias que afectaría a los más ricos de aquella época, así se conseguiría recaudar el dinero suficiente para poner en marcha su novedosa idea. Paine escribió: ​“El cultivo es por lo menos una de las mayores mejoras naturales jamás hechas por la invención humana. Ha dado a la tierra un valor de diez veces más. Pero el monopolio de la tierra que comenzó con ella ha producido el mayor mal. Ha despojado a más de la mitad de los habitantes de cada nación de su herencia natural, sin proveer como debería haberse hecho una indemnización por esa pérdida, y por lo tanto ha creado una especie de pobreza y miseria que no existía antes”.

Es importante señalar que Paine consideró, según sus propios cálculos, 30 años de renta pública basándose en el promedio de esperanza de vida que una persona podría tener desde que alcanza la edad de madurez (21 años). Así mismo, consideraba ésta transferencia económica destinada a toda la población de Inglaterra, como justicia social, no caridad: ​“No es caridad sino un derecho, no munificencia sino justicia, lo que defiendo. (…) El contraste de la riqueza y la miseria se encuentran continuamente ofendiendo al ojo, es como si los cuerpos muertos y vivos estuvieran encadenados. Aunque me importan tan poco las riquezas como a cualquier hombre, soy amigo de las riquezas porque son capaces de hacer el bien”.

Es posible que los cálculos realizados por Paine pequen de simplistas y aproximados, además de no haber considerado otras variables capaces de influir en el comportamiento eficiente de la economía, sin embargo, no se debe olvidar el contexto adverso en el que fue escrito. Acontecía la primera fase de la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, la burguesía tenía un papel predominante al ser dueña de los medios de producción, el Capitalismo emergía, y el sistema político establecido en Gran Bretaña, era una monarquía liberal no absolutista con escasa preocupación por los niveles de vida de sus ciudadanos.

La relevancia histórica que se le atribuye a la propuesta ​utópica ​de Paine, fue la coyuntura desfavorable en la que se intentó llevar a cabo, y sobre todo, por las leyes que se promulgaban contra los pobres por aquel entonces. La ley Negra de Waltham de 1723 (Black Act), conocida también como el “código sangriento”, fue un buen ejemplo, ya que era una lista donde se enumeraban más de 200 delitos castigados con la pena de muerte, muchos de los cuales eran delitos comunes (dañar huertos, cortar árboles, robar caballos u ovejas, salir de noche con la cara ennegrecida, falsificación, etc.), demostrándose así, el modo en que la ley puede ser puesta al servicio de los intereses de la clase dominante.

Se desconocen con exactitud las causas que llevaron a que el plan de Paine no prosperara. Años más tarde, sobre la década de 1820, se menciona una propuesta inspirada en “Justicia Agraria” que fue sometida a debate en la cámara de representantes. Se trataba de una proyecto más radical a cargo de Thomas Spence (1750-1814), pero su discusión no finalizó con el éxito esperado, y acabó siendo olvidada en los libros de historia 7.

“Justicia Agraria” de Thomas Paine, intentó convertirse en una política económica novedosa y revolucionaria para su tiempo, que pudo haber provocado el efecto de reducir la pobreza y la desigualdad de renta entre la mayoría de miembros de la sociedad británica. El simple hecho de asignar una cantidad monetaria a cada individuo incondicionalmente, a través de un fondo común financiado por impuestos a la herencia, no buscaba solucionarle la vida al ciudadano pobre, sino como mencionaba el mismo Paine, lo que se pretendía era eliminar todos los tipos de pobreza extrema que afectaba en su mayoría a determinados grupos olvidados de la sociedad: ​“El plan aquí propuesto alcanzará a todo el mundo. Inmediatamente aliviará y quitará de la vista a tres clases de miseria: los ciegos, los cojos y los pobres ancianos; y proporcionará a la generación naciente los medios para evitar que se empobrezca; y lo hará sin trastornar ni interferir con ninguna medida nacional”.

Disociando el empleo y el trabajo en el siglo XXI

En la actualidad, aunque hayan pasado más de dos siglos de la lucha contra la pobreza de ingresos que empezó Paine en 1795, todavía la sociedad moderna no ha podido encontrar la medida económica adecuada para erradicarla definitivamente.

Es indudable el salto cuantitativo de los avances tecnológicos en sectores estratégicos como: la robótica, la automatización industrial, la Inteligencia Artificial, o la optimización de sistemas productivos; pero al mismo tiempo, han provocado la paradoja de que cada vez más se prescinda de la fuerza de trabajo (mano de obra), dando lugar a un nuevo paradigma que está transformando la forma de entender y asociar el empleo y el trabajo.

En economía, se entiende como empleo, al valor que genera una persona cuando realiza una actividad productiva, y que a su vez, contribuye a favor del empleador a cambio de una compensación económica llamada salario. Sin embargo, el trabajo se define como las horas que dedican las personas a producir bienes y servicios, y aquí es cuando radica su diferencia con el empleo, en éste apartado se incluyen también los trabajos físicos o intelectuales que no reciben una remuneración monetaria pero son necesarios en una sociedad, como por ejemplo: el trabajo de los cuidados a personas y animales, el trabajo doméstico, o el trabajo en organizaciones no gubernamentales (ONG). Por tanto, si se asume que estos trabajos que se realizan de forma individual o colectiva, aportan un valor añadido a una sociedad, según la teoría subjetiva del valor de Jevons, Walras y Menger8, ¿No tendría que aparecer de alguna manera reflejado en el Producto Interno Bruto (PIB)?, o estaba en lo cierto el periodista económico David Pilling9, autor del libro “El delirio del crecimiento”, cuando afirmaba que el PIB no es un indicador de crecimiento que beneficie a la mayoría de la gente, sino que mide tan solo la cantidad de bienes y servicios finales que produce un país, no la calidad de la economía, y por eso tampoco puede medir el bienestar de una nación.

Entonces si la tesis de Pilling es correcta, ¿No sería más justo visibilizar aquellos trabajos excluidos del PIB a través de una remuneración económica pública?, ¿Qué precio tiene en la lógica de mercado contribuir al crecimiento de la cohesión y bienestar social?

De “Justicia Agraria” a la “Renta Básica”

La discusión de la idea teórica de implementar una Renta Básica Universal, Ingreso Básico o un Impuesto Negativo sobre la Renta manteniendo el Estado del Bienestar, ha ido repitiéndose en círculos académicos y políticos de varios países del mundo en la última década, transitando a convertirse en una política económica que se encuentra más cerca de poderse llevar a cabo en la actualidad, de lo que pudo haber estado “Justicia Agraria” de Thomas Paine a finales del siglo XVIII.

Distintos economistas de diversas corrientes ideológicas, se han inspirado en la Renta Básica o han propuesto ideas similares con el fin de reducir la pobreza y desigualdad de renta, como por ejemplo: el economista francés Thomas Piketty, autor del libro “El capital en el siglo XXI” y cuya investigación consiguió demostrar empíricamente que la desigualdad no disminuye a medida que progresa el desarrollo económico, propone un impuesto del 90% sobre el patrimonio (no ingresos) de los más ricos del mundo, con el objetivo de financiar una asignación monetaria de 120.000 euros para todas las personas que alcancen los 25 años de edad, ya que considera a su juicio, que el objetivo principal es la de hacer circular la propiedad y permitir que todas las personas puedan acceder a ella, generando más empresas, o estimulando proyectos personales exitosos. La concentración de la riqueza en pocas manos, no contribuye al interés general, ni tampoco aporta nada al crecimiento económico.

También los premios nobel de economía 2019 Esther Duflo (la segunda mujer de la historia en lograrlo) junto a Abhijit Banerjee, en su libro “Buena economía para tiempos difíciles”, recomiendan que los países pobres desarrollen una Renta Ultrabásica Universal (RUBU), que consiste en una transferencia monetaria regular que se corresponda con lo necesario para la supervivencia básica de una familia (sin ignorar la estabilidad macroeconómica), y la cual se financiará con la ayuda de las naciones ricas, proporcionando un alivio de deuda y recursos adicionales a los países en desarrollo. Ésta tesis ha sido reforzada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), organismo perteneciente a las Naciones Unidas, en un nuevo informe publicado por su secretaria ejecutiva Alicia Bárcena, instando a que los gobiernos garanticen dichas transferencias monetarias como una medida de contención para el consumo de los hogares, ya que de ésta manera se reducirían los graves impactos de la actual pandemia a través de la reactivación de la economía. También se señala su carácter permanente, y su posible contribución en el futuro para avanzar a la materialización de un ingreso básico universal.

Por último, el influyente profesor de economía de la Universidad de Londres, Guy Standing y co-fundador de la Red Global de la Renta Básica (Basic Income Earth Network, BIEN) va más allá, y propone directamente una asignación monetaria pública incondicional a todo ciudadano por el simple hecho de existir (como un derecho e independientemente de sus ingresos), con el objeto de garantizarle una seguridad material mínima para la subsistencia, y con ello eliminar técnicamente la pobreza y la pobreza extrema de renta, que no es poco.

A pesar de los experimentos que se han podido desarrollar a pequeña escala hasta el momento, como es el caso de Finlandia (primer país en aprobar una Renta Básica Universal – RBU entre los años 2017-2019, y cuyas conclusiones finales serán analizadas con detenimiento en posteriores artículos), lo cierto es que todavía no se ha logrado confirmar su total efectividad, debido muchas veces, a las condiciones iniciales conservadoras de las que han partido, como por ejemplo: ¿El número total de la muestra estadística, consigue ser lo suficientemente representativa?, ¿Si el tiempo de duración está limitado, en qué medida afectaría a la toma de decisiones de los receptores de la renta?, ¿Está ligada a requisitos de condicionalidad como la búsqueda activa de empleo?, ¿Los grupos poblacionales elegidos son siempre desempleados?.

Tal vez ahora que ha comenzado el proceso de desconfinamiento post-pandemia,​ y los gobiernos plantean medidas innovadoras encaminadas hacia la reconstrucción económica, es un buen momento para recuperar la idea iniciada por Thomas Paine y darle una continuidad transformándola en una Renta Básica Universal, porque cualquier representante político de las naciones del mundo, debería aspirar a alcanzar una sociedad un poco más justa en ingresos per cápita como objetivo fundamental, y no se puede alcanzar dicha justicia distributiva, cuando una parte de su población se perpetúa por debajo del umbral de la pobreza, y las clases medias, se alejan cada vez más de aquella ​libertad real acuñada por el profesor Philippe Van Parijs en su libro “Ingreso Básico”, la cual no sólo consiste como un mero derecho, sino como la auténtica capacidad del individuo en hacer lo que uno desee. No hay que olvidar, que no se puede pretender ser libre, cuando existe la prioridad de satisfacer necesidades básicas, ya que cualquier decisión que se desee tomar, parte de origen condicionada.

8 Todo es cuestión de someterlo a un debate parlamentario serio, donde los argumentos estén sujetos más a la base científica que ideológica; encontrar puntos convergentes en la aplicación de políticas económicas complementarias y de emprendimiento en el caso de posibles efectos relacionados con el descenso de la productividad; analizar rigurosamente los costes-beneficios con un deseable seguimiento de su efectividad; estudiar vías de financiamiento que beneficien a las mayorías, con sus respectivos consensos políticos; y tal vez sólo así, se logre impulsar finalmente esas dos fuerzas motrices transformadoras de sociedades democráticas conocidas como: el conocimiento y la voluntad política.