Un gobierno de coherencia y de justicia social

Antonio Machado decía que «Hay dos clases de hombres: los que viven hablando de las virtudes y los que se limitan a tenerlas». Este pensamiento es también aplicable a los políticos y a los gobiernos. Están aquellos que se pasan el día vanagloriándose de lo que otros dentro de su ámbito ideológico han logrado y los que hablan menos y se dedican a ejecutar desde el poder lo que su ideología le marca. Eso es coherencia y un gobierno sólo puede ser denominado como tal cuando la actividad del Consejo de Ministros y su composición se adecúa a lo que el pueblo espera de quien gobierna.

Cuando en la Moncloa ha estado un Ejecutivo conservador, el pueblo sabe a qué atenerse porque ellos sí que son coherentes con su ideología. No defraudan ni a sus votantes ni, por supuesto, a las élites por las que luchan como Amadís de Gaula en sus combates contra Galaor, Lisuarte y Esplandián. Sin embargo, los gobiernos de la izquierda se han caracterizado, principalmente, por una decepción popular que no tiene más causa que el alejamiento de los cimientos ideológicos de la izquierda en favor de un falso progresismo que no era más que la pátina que ocultaba el entreguismo a la clase dominante. Mientras que la derecha siempre es coherente, la izquierda ha defraudado al pueblo por, precisamente, su incoherencia.

El texto en el que se plasmaron las bases del acuerdo para la conformación de un gobierno de coalición entre las dos formaciones de la izquierda española tiene una cimentación muy coherente con lo que el pueblo espera del progresismo de sus gobernantes.

Sin embargo, no se trata sólo de las medidas que se puedan llevar a efecto sino que es muy importante las personas que se elijan para implementar un programa de gobierno claramente orientado a las necesidades reales del pueblo, no a las que quieran marcar desde los grandes y opacos centros de poder que son, por desgracia para la ciudadanía, los que llevan marcando la realpolitik desde la caída del Muro de Berlín, es decir, aplicar a la acción del gobierno de turno (ya fuera conservador o socialdemócrata) el pragmatismo emanado de las cuentas de resultados sin importar en absoluto lo que el pueblo necesitaba de verdad.

El mejor ejemplo de esto lo tenemos en el gobierno de Manuel Valls en Francia, periodo en el que se aprobó una reforma laboral más dura que la de Mariano Rajoy o deportó a inmigrantes rumanos de la etnia gitana. Valls se presentaba como socialista y, sin embargo, estaba aplicando políticas más propias de un neoliberal. La razón: el pragmatismo. El pueblo francés decidió entonces dar la espalda al Partido Socialista y buscar soluciones en la propaganda populista de Marie Le Pen.

Por eso es fundamental que el gobierno que salga del preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sea coherente con las líneas marcadas por lo que el pueblo espera de este nuevo Ejecutivo, con las esperanzas depositadas en él. Los hombres y mujeres de España no podrán aguantar ya más decepciones de los equipos progresistas. La tuvieron con Felipe González y con José Luis Rodríguez Zapatero. Un nuevo error de coherencia significará la muerte definitiva de la izquierda en España y la entrega en bandeja de plata del país a la extrema derecha y, sobre todo, a las élites.

No sería muy coherente que, con una línea programática como la firmada el pasado martes por los dos líderes progresistas, se entregara la responsabilidad de carteras tan importantes como Economía, Justicia, Cultura o Exteriores a personas que no han demostrado con sus actos un compromiso con la implementación de medidas justas, apropiadas y coherentes con el servicio al pueblo que se espera de la coherencia entre la ideología y la acción gubernativa.

Es fundamental que, en la formación de gobierno, de un partido u otro, se confíen esas responsabilidades a personas de las que se sabe que serán coherentes con sus ideas o con lo pactado. Sólo desde un Ejecutivo que base su actividad en la implementación de las leyes basadas en el objetivo de la consecución de la justicia social, es decir, un gobierno progresista coherente, porque será la única manera de, en primer lugar, devolver al pueblo todo lo que las élites han ganado con la crisis económica que tanto daño ha hecho a la ciudadanía; en segundo término, la justicia social es la base para lograr la libertad y el único modo de frenar el auge del populismo ultra. Por tanto, la coherencia exigida a este nuevo Ejecutivo tiene como base, no sólo sustentar el gobierno del pueblo sino la defensa de la propia democracia ante quienes quieren destruirla, ya sea desde los partidos o desde los despachos utilizando a las formaciones políticas. Este gobierno dispone de herramientas y recursos suficientes para, precisamente, demostrar al mundo que se puede gobernar para el pueblo sin caer en la demagogia o en la búsqueda de utopías.

La justicia social no es antitética con la razón de Estado, salvo que ésta se haya creado, precisamente, para olvidarse de la ciudadanía para priorizar los intereses de las élites. Por eso, en esta nueva etapa que se abre con el gobierno de coalición, no se espera otra cosa que el cambio de roles y que las medidas que se adopten tengan un fin primigenio: gobernar por y para el pueblo.

Pongamos un ejemplo. Mientras que los representantes públicos de las élites comenzaron a presionar a través de diferentes medios de comunicación que la única solución para lograr la estabilidad política que necesita el país era una Gran Coalición entre el PSOE y el PP, un presidente de una multinacional española afirmó a Diario16 que su empresa no estaba en contra de las medidas que se pudieran adoptar para lograr una dinamización económica desde abajo, es decir, que sea la gente la que, con mayores recursos salariales, genere riqueza.

Las élites tienen miedo a que este nuevo gobierno sea coherente y que se nombre a las personas adecuadas para ponderar la unión real entre los conceptos teóricos y los hechos. ¿Por qué ese miedo cuando esos poderes, en realidad, también se van a beneficiar?