En Bruselas han saltado las alarmas porque, si todo va como está previsto en las elecciones de este domingo en España, el Partido Popular deberá negociar un gobierno de coalición con Vox y este partido ultraderechista lleva propuestas, en su programa en materia judicial, que van mucho más allá que las que están aplicando los llamados “socios díscolos”, Polonia y Hungría. Vox quiere “garantizar la primacía del derecho nacional para que España no pueda permitir que golpistas, terroristas o delincuentes perseguidos en nuestro territorio se paseen por países europeos que se niegan a detenerlos y entregarlos”. En otras palabras, Vox cuestiona todo el ordenamiento europeo en lo que a las extradiciones y euroórdenes se refiere.
Según el partido de Abascal, que pretende entrar en el Gobierno y asumir una serie de competencias, la normativa europea en materia judicial no es compatible con su ideario. Las euroórdenes de busca y captura son inservibles y pone como ejemplo la situación de los independentistas catalanes que circulan con entera libertad porque el derecho comunitario no reconoce los delitos de los que les acusa el Tribunal Supremo. Entre otras, esa fue la razón por la que el gobierno de Pedro Sánchez modificó el articulado del Código Penal que se refiere a la malversación de caudales y a la sedición, delito suprimido para adaptar la ley española a la normativa de la UE con el propósito de actualizar las euroórdenes de busca y captura contra todos aquellos que huyen de la justicia de este país. Vox propone recuperar la antigua regulación, el delito de sedición y las anteriores penas en materia de malversación lo que, en caso de llevarse a cabo, supondrá la apertura de un expediente sancionador de la Comisión Europea, tal y como ha sucedido con Polonia y Hungría, que puede llegar a suponer una multa y a la congelación de los fondos de recuperación y resiliencia que todavía deben recibirse.
El programa de Vox en materia judicial no tiene desperdicio. En siete páginas, el partido de Abascal se carga las competencias que en materia de justicia han recibido varias comunidades autónomas. Propone un sistema de gestión procesal único, para “garantizar la interoperatividad entre juzgados”. La fiebre centralizadora de la ultraderecha no acaba ahí. Propone la creación de la “sala sexta del Tribunal Supremo” que se haría cargo de las competencias del Tribunal Constitucional que desaparecería. Sería “un único alto tribunal”, en principio creado para agilizar la tarea judicial ya que se modificarían las leyes orgánicas de tal manera que se pudiese resolver en un plazo de tres meses como máximo las cuestiones de inconstitucionalidad.
Lo que no dice Vox es que esta modificación obliga a cambiar la propia Constitución debido al sistema de elegibilidad de los miembros de la corte de garantías. Estos deben ser designados por el Gobierno, el Congreso, el Senado y el Poder Judicial según se señala en la Carta Magna. Si se toma en consideración la propuesta de Vox, los miembros de esa llamada “sala sexta del TS” se designarían por el Consejo General del Poder Judicial entre cuyas competencias figuran la de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo. Es decir, que se tendría que llevar a cabo una profunda revolución en el ámbito judicial difícil de llevar a cabo debido a la atomización prevista en el parlamento surgido de las urnas en las elecciones del próximo domingo.
Vox pretende erradicar los juzgados de violencia sobre la mujer, suprimir la ley de Memoria Democrática con lo que eliminaría, de paso, la fiscalía recientemente creada para tal efecto, cuya titular es Dolores Delgado una de las personas más odiadas por los ultraconservadores. A cambio quiere promover una ley “de memoria, dignidad y justicia por las víctimas del terrorismo” y la supresión de los delitos de odio y discriminación.
El hecho de que Vox incorpore “la mejora de las retribuciones de los funcionarios de la administración de justicia” hace sospechar a más de uno que detrás de las movilizaciones de primeros de años protagonizadas por los letrados de la administración de justicia, los LEAJ, tenía un claro componente político a pesar de que los representantes de este colectivo insistieron en la independencia de sus movilizaciones respecto de los partidos políticos. Parece que las últimas propuestas de la derecha conservadora y la ultraderecha hacen pensar lo contrario: que fue una huelga política.
Como también existe un alto componente político en la reforma que Vox propone para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Similar a la del PP, el partido de Abascal quiere que “los vocales sean elegidos directamente por los jueces”. Aunque no profundizan en el sistema de elección se sabe que la Asociación Profesional de la Magistratura ha mantenido contactos con los dirigentes ultraderechistas para que dicho sistema sea compatible con las “cuotas de representatividad” de cada una de las asociaciones existentes de tal manera que la APM monopolizaría la práctica totalidad del nuevo CGPJ cuyas funciones, además, quieren fortalecer. Por cierto, y, para terminar, Vox no quiere ni oír hablar de que sean los fiscales los encargados de la instrucción de las causas penales, una de las propuestas progresistas para desatascar los juzgados.
Muchas de estas iniciativas requieren de un cambio profundo en la Constitución. Una reforma que debe ser presentada por dos grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, y aprobada por una mayoría de tres quintos, según el artículo 167 de la Carta Magna. Según los sondeos de opinión, ni Vox ni el PP juntos tendrían mayoría suficiente como para sacar adelante estas iniciativas por lo que quedarían en papel mojado.
Todas no. Algunas, como la “desobediencia” a las normas comunitarias, no requieren de este tipo de procedimientos y eso preocupa por las consecuencias que tendría de cara al papel de este país en la Unión Europea.
